En 2010, a unos días de elegirse al actual presidente de la Corte, el ministro José Ramón Cossío hizo pública una carta en la que se descartaba como contendiente a la presidencia de la Corte. Básicamente, Cossío arguyó su desinterés por este cargo por su carácter eminentemente administrativo. Esto, aunado a que no puede proyectar asuntos, aleja al presidente de la Corte de los temas jurisdiccionales y, por ende, limita su influencia en la tarea constructiva de la Corte en materia constitucional. La carta llamó mucho la atención (de hecho se comentó en este mismo espacio), pero resulta interesante que el tema no haya sido desarrollado con más profundidad. Partiendo de lo anterior, y en la víspera de la elección del nuevo presidente de la Corte, vale la pena retomar el debate: ¿acaso la presidencia de la Corte es un cargo administrativo que diluye la influencia de su detentador en las decisiones de fondo? Si esto es así, entonces, ¿para qué aspirar a este puesto?

En cuanto a la primera pregunta, adelanto mi respuesta: no, no es así.  Si bien la Presidencia se asocia directamente con varias facultades administrativas, una mirada más fina permite entrever que muchas de éstas tienen una incidencia muy significativa en temas jurisdiccionales. Para muestra dos botones.

scjn2Posiblemente el caso más relevante que ha decidido la Suprema Corte en los últimos años es el llamado caso “Consulta Radilla”. Recordemos los antecedentes de este asunto: hace algunos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano a una serie de medidas reparatorias. Entre otras, ordenó que el Estado diera cabida a un sistema de control de convencionalidad difuso, esto es, extender la facultad de revisión constitucional a los jueces locales, que hasta ese momento había estado en manos de los federales (control concentrado). Ahora bien, la CoIDH sólo prescribió que debía de modificarse la legislación interna. Es decir, nada decía sobre la participación de la Corte en este tema.  Sin embargo, fue ésta quien al final implementó este importantísimo cambio. ¿Qué pasó?

La dinámica fue la siguiente: la Secretaría de Gobernación[i] envío, mediante oficio, la respectiva sentencia de la CoIDH a la Suprema Corte para que esta última analizara si se generaba una obligación a cargo del Poder Judicial. Sin embargo, el presidente de la Corte, con base en la facultad que le otorga la fracción I del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrió el expediente de consulta a trámite 489/2010 que resultó en el proyecto de resolución varios 912/2010. Fue en esta sentencia donde, entre otras cosas, se modificó el sistema de control constitucional: pasamos de un control sólo concentrado a uno mixto que sumó al control difuso, tanto constitucional como convencional.[ii]

Si reconstruimos lo anterior, fue la decisión del presidente de la Corte (y sólo de él) de hacer de la notificación de la Secretaría de Gobernación, una consulta que modificó el horizonte constitucional mexicano. Si esto no es incidir en cuestiones jurisdiccionales, no sé qué sí lo sea.

El segundo ejemplo, parte no de un caso sino de un análisis normativo y sus implicaciones en la deliberación del pleno de la Corte. Pues no hay que olvidar que el presidente de la Corte tiene entre sus facultades dos de gran trascendencia: modera los debates entre los ministros y autoriza el listado de los asuntos que se discutirán en el pleno.[iii] Esto significa que el presidente de la Corte tiene una gran influencia sobre el objeto del discurso deliberativo (el listado) y sus modalidades (tiempos, orden de las intervenciones, llamados a recesos, formas de votación, etcétera). La trascendencia de lo primero es bastante potente. Si bien el listado de los asuntos lo integra la Secretaria General de Acuerdos[iv], una vez que es aprobado por el Comité de Reglamentos, Acuerdos y Programación de Asuntos,[v] el presidente puede no autorizarla. Por lo que su voz pesa más a la hora de decidir qué asuntos se suben a pleno y bajo qué orden. Si a esto le sumamos que el presidente, de suyo, tiene un liderazgo adscrito por su investidura, él puede ser el fiel de la balanza y determinar el alcance de la intervención jurisdiccionalde la Corte en ciertos asuntos en una coyuntura específica.

Además, al tener el pulso del debate y el control de los tiempos, bien puede ir guiando la discusión de tal suerte que pueda caldear ánimos o atemperar posiciones para, al final, llegar a una resolución que a él le parezca adecuada, idealmente, desde su función de estatus como presidente de la Corte. Lo anterior no es inusual en otras Cortes. Pensemos en el conocido caso del juez Warren que al llegar a la presidencia de la Corte estadounidense, en 1954, tuvo que resolver el asunto que puso fin a la segregación racial: Brown vs Board of Education. Warren sabía que la trascendencia de la decisión era de tal calibre, que exigía que fuese respalda de manera unánime como una “decisión de Corte”[vi]. De ahí que, poco a poco, fuese convenciendo a sus colegas que no estaban de acuerdo con la inconstitucionalidad de la segregación[vii]. Así, la presidencia de la Corte es una posición que ofrece una serie de instrumentos que permite construir acuerdos para proteger a la institución misma.

Entonces, ¿por qué aspirar a la presidencia de la Corte? Porque, contrario a lo que se piensa, el presidente sí tiene una gran injerencia, no sólo administrativa, sino en cuestiones de fondo en asuntos jurisdiccionales. Además, las facultades administrativas no son baladíes: ejerce más de 4 mil millones de pesos de presupuesto con los cuales puede modificar la estructura y funcionamiento de la Corte de acuerdo a sus prioridades e ideología. A través del Consejo de la Judicatura tiene influencia directa en la capacitación y nombramiento de los jueces federales; en uso de sus facultades puede darle a la Corte una mayor vocación internacional y académica; y, por si no fuese suficiente, es el representante de uno de los tres principales poderes del Estado mexicano: cada discurso y aparición pública construyen el significado simbólico de ese poder estatal. Sin duda, no es poca cosa.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho por la Universidad de Chile. Twitter: @MartinVivanco

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[i] Específicamente el entonces Director  de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

[ii] Ver, Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M, Rojas Zamudio, Laura Patricia, El Caso Radilla. Estudio y Documentos, Editorial Porrúa, México, 2013, pp 16-28.

[iii] Fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

[iv] Cuyo nombramiento es sometido por el Presidente al Pleno. Fracción XI del Artículo 34 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[v] Fracción II Artículo 67 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[vi] Este es el lenguaje que utilizó el Ministro Arturo Zaldivar para justificar su decisión de retirar su proyecto en el asunto que decidió, de forma un tanto ambigua, la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, crenado el “parámetro de regularidad constitucional”.  Ver Voto Aclaratorio y Concurrente, Contradicción de tesis 293/2011.

[vii] Para ahondar en este tema se recomienda: Klarman, J. Michael, Brown vs Board of Education and the Civil Rights Movement, Oxford University Press, 2007.

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