La semana pasada inició el proceso sucesorio de la presidencia de la Suprema Corte y con ello la competencia por los votos. Seis aspirantes se registraron para la contienda y presentaron un plan de trabajo.[i] El cual ofrece las coordenadas de lo que cada uno de ellos haría si es que es electo, la concepción que tienen de la presidencia misma, así como los retos actuales del poder judicial. Veamos.

Del conjunto de los planes percibo un Poder Judicial con tres grandes retos. Por una parte, la implementación de la reforma de derechos humanos, del juicio de amparo y del nuevo sistema procesal penal. En segundo término, la forma en que se enfrentaran las controversias que susciten las llamadas “reformas estructurales” de los últimos tres años. Por último, el papel de los jueces en un entorno de conflictividad y desconfianza social que todavía no se logra comprender del todo. Estos tres síntomas recorren el cuerpo del actual poder judicial mexicano y corresponderá al nuevo presidente de la Corte diagnosticar de forma correcta cada uno de ellos para evitar que tornen en enfermedades letales.

Sobre la reforma de derechos humanos, amparo y procesal penal hay un claro sentido de desfase entre las exigencias de las reformas y la realidad. En especial, se nota una preocupación por la falta de jueces con las capacidades para implementarlas. Así, en todos los planes se prevé una agresiva política de capacitación a los miembros del poder judicial, ya sea a través del Instituto de la Judicatura Federal, las Casas de la Cultura Jurídica o mediante convenios con instituciones académicas. Todos los aspirantes coinciden en que el nuevo modelo de constitucionalidad mexicano requiere  que los actuales jueces aprendan una serie de habilidades y técnicas que no son moneda corriente en los planes de estudio de los institutos académicos del propio poder judicial, y tampoco en la mayoría de las universidades del país.

El plan de trabajo que mejor diagnostica este problema y da vías para solucionarlo es el del ministro Arturo Zaldívar, quien propone preparar a los jueces en tres vertientes: teoría de la argumentación, teoría de la interpretación y la teoría del precedente.  De la lectura de los distintos planes, a mí juicio, el reto viene en doble vía: encontrar la manera de que los nuevos jueces entren a la judicatura con las herramientas intelectuales necesarias, lo que implica un diálogo muy estrecho entre la Corte y las universidades; y que lo jueces en funciones (des)aprendan vetustas formas de operación jurídica y aprendan otras. Es un cambio de mentalidad tan profundo que implica concebir al Derecho de forma distinta. Una que implique, parafraseando a Prieto Sanchís, más principios que reglas, más ponderación que subsunción, más argumentación que memorización.

vote.judgeEl segundo reto, sobre las “reformas estructurales”, es mencionado expresamente en los proyectos de los ministros Aguilar, Zaldívar y Luna Ramos.  En cierto sentido implica retomar lo que se dijo en el párrafo precedente. Es decir, capacitar a los miembros del poder judicial para que conciban la trascendencia de los cambios y puedan resolverlos con solvencia. En este ámbito en específico se requiere de una nueva pedagogía judicial que deje atrás la visión fragmentaria del fenómeno jurídico. No hay tal cosa como lo “estrictamente jurídico”. El razonamiento jurídico abreva de otras disciplinas del conocimiento, tales como la ética, la epistemología, la lógica, la economía, la teoría política, la psicología, la política pública y un largo etcétera. De esta manera, las “reformas estructurales” como bien ha dicho el ministro Zaldivar en la revista Nexos, y lo reitera en su plan de trabajo, están repletas de disposiciones a interpretar. Será mediante la interpretación cuando éstas desplieguen sus verdaderos efectos normativos. Pero para hacerlo se necesitan habilidades y conocimientos distintos a los tradicionales. Ello se ve con claridad en el contenido de los planes de capacitación que propone el ministro Pardo quien habla de contemplar en estos el estudio del análisis económico del derecho y de políticas públicas[ii]. Así como en la propuesta de trabajo de la ministra Luna Ramos, aunque de manera menos contundente.[iii]

En todos los demás planes se subraya la importancia de la capacitación judicial. Pero, sin duda, la propuesta más integral y novedosa en este tema es la Zaldívar quien se adelanta a los tiempos y prevé que, si se quieren alcanzar los fines constitucionales de las reformas, como desarrollo económico y bienestar social, se debe desde ya empezar a operar bajo un sistema de precedentes que vaya dando coherencia y consistencia interpretativa al nuevo cuerpo constitucional. Así se logrará que las reformas respondan a una serie de principios hechos explícitos en las sentencias (Zaldívar propone las consideraciones de la sentencia sean obligatorias[iv]) lo que otorgará certeza y seguridad jurídica a los nuevos operadores económicos que pretendan instalarse en el país para desarrollarlo económica y socialmente.

El tercer reto, el del papel de los jueces en un entorno de nueva conflictividad y desconfianza, se aborda en todos los planes de trabajo. En suma, todas las medidas administrativas pretenden construir un poder judicial más cercano a la gente, con menos trámites, con sistemas más amables y sencillos. Todo lo anterior va orientado a mitigar esa desconfianza y a atacar de frente la impunidad y corrupción judicial. Acaso el proyecto más detallado en este sentido es el del ministro Aguilar, quien señala una serie de medidas administrativas muy concretas que van desde dotar de conectividad a los centros del Consejo de la Judicatura, hasta una serie de propuestas para propiciar la equidad de género y la atención de grupos vulnerables dentro del propio Poder Judicial. Además, de varias medidas administrativas para garantizar el acceso a la justicia, como una redistribución de las cargas de trabajo y medidas para paliar el rezago jurisdiccional. Por último detalla una serie de propuestas para mejorar la carrera judicial; en concreto, el tema de vigilar a los jueces y el sistema de responsabilidades, sin dejar de proponer medidas para mejorar la gestión administrativa del poder judicial. Pero repito, en todos los proyectos se abordan unas u otras de estas medidas –las políticas para promover la equidad de género son especialmente recurrentes. Así las cosas, las propuestas administrativas tienen una importancia capital, ya que un poder judicial transparente, con jueces honorables y mecanismos de respuesta rápida a las demandas ciudadanas, es el primer paso para que los ciudadanos confíen y acudan a los tribunales a dirimir sus pleitos y, de esta manera, empezar a resolver los nuevos problemas que emergen de la nueva conflictividad que estamos viviendo en el país.

Para finalizar, si tuviera que definir en unas pocas líneas el posible perfil de presidente y las coordenadas del plan de cada uno de los ministros, sería así:

Ministro Luis María Aguilar: el presidente consejero. Aguilar concentra sus baterías en el Consejo de la Judicatura.[v] Es decir, su concepción de la presidencia de la Corte ve en la problemática que tiene a su cargo dentro del Consejo como la principal a resolver.

Ministro Fernando Franco: el presidente legislador. El plan de trabajo de Franco muestra una innegable vena legislativa. Propone establecer un Comité Interinstitucional Mixto Extraordinario para impulsar las reformas legales necesarias que se requieran para actualizar el marco normativo del poder judicial.

Ministro Arturo Zaldivar: el presidente pedagogo. El plan de trabajo de Zaldívar destila una gran claridad conceptual y pedagógica. Parte de lo general a lo particular: de su visión del Poder Judicial en el siglo XXI y su concepción de los cambios suscitados en los últimos años –nueva constitucionalidad y el juez de la décima época- a propuestas claras, coherentes y concisas. Por mucho es el plan mejor escrito y más claro. El único riesgo que veo es que su presidencia puede detonar un activismo judicial que puede provocar un choque entre poderes.

Ministra Margarita Luna Ramos: la presidenta revisionista. En el plan de trabajo de Luna Ramos el verbo que más se repite es “revisar” en sus distintas conjugaciones.  Se entrevé que tiene una visión muy cauta de lo que hay que hacer: empezar a operar con lo existente, proponer algo (en especial en materia de evaluación de desempeño, transparencia y rendición de cuentas) y revisar todo.

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: el presidente administrador y garantista.  Gutiérrez construye su plan de trabajo a partir de un discurso sumamente garantista y centrado en los derechos humanos. Sin descuidar lo anterior, hace las propuestas más puntuales para mejorar la administración del Poder Judicial como la incorporación plena de Compranet, fortalecer la vinculación del Poder Judicial con la Unidad de Inteligencia Financiera y construir un Sistema Institucional de Desempeño de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ministro Jorge Pardo Rebolledo: El presidente institucional. Hay algunas propuestas de este ministro particularmente innovadoras, como dotar de un nuevo uso a las Casas de la Cultura Jurídica, transformar la Unidad para la implementación de las reformas penal, del juicio de amparo y derechos humanos del Consejo de la Judicatura Federal en un Comisión con actividad permanente, e incorporar las recomendaciones de la OCDE para fortalecer la política presupuestal del Poder Judicial. Pero de la lectura de su propuesta -especialmente del preámbulo- concluyo que su presidencia sería muy institucional, en cuanto a que se ceñirá a hacer las reformas necesarias, pero sin un afán de protagonismo o activismo de la Corte, lo cual puede ser valioso por lo ya comentado en el caso del ministro Zaldívar, que se encontraría en las antípodas de éste.

Martin Vivanco Lira.  Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho por la Universidad de Chile. Twitter: @MartinVivanco

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[i] Todos los planes de trabajo se pueden consultar aquí.

[ii] Plan de Trabajo del Ministro José M. Pardo Rebolledo, p. 12.

[iii] Plan de Trabajo de la Ministra Margarita Luna Ramos, p. 11.

[iv] Plan de Trabajo del Ministro Arturo Zaldivar, p. 23

[v] Plan de Trabajo. Ministro Luis María Aguilar, p. 5.

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