El viernes pasado, los ministros de la Suprema Corte eligieron a su colega Luis María Aguilar como su nuevo presidente para el período 2015-2018. Vale subrayar que esta designación reunió un cúmulo de circunstancias que resultó en un proceso enteramente inédito. En primer término, se presentaron seis candidatos al puesto, con una integración disminuida de 11 a 10 ministros, debido al recién fallecimiento del ministro Sergio Valls. Lo cual llevó a que los ministros se estancaran en más de 30 rondas de votaciones para lograr destrabar el empate entre los dos finalistas: Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar.

Aguilar MoralesAhora bien, en varios nichos de la opinión pública se ha leído esta designación de Aguilar Morales  como una derrota a la agenda fresca, moderna y liberal de la justicia constitucional. Ganó, se dice, la posición tradicional, formalista y conservadora. Esto hasta cierto punto es cierto. Si uno revisa los votos de Aguilar Morales en algunos de los principales casos que ha resuelto en los últimos años la Suprema Corte, no es posible ver a un ministro que sea punta de lanza en derechos humanos, ni en creatividad jurisdiccional –aunque en algunos casos no mediáticos pero jurídicamente relevantes sus votos han sido certeros-. Asimismo, el hecho de que sea un ministro proveniente del invernadero de la carrera judicial apunta a que en principio –aunque ha habido notorias excepciones- será reacio a impulsar cambios en aspectos no menos importantes que el sentido de su voto. Algunos ejemplos: el actual proceso de decisión de la Corte que dificulta la construcción de decisiones institucionales y abre demasiado espacio a los protagonismos individuales; asimismo, la estrategia de comunicación social debe abandonar la acartonada y anacrónica jerga judicial que aún domina en el poder judicial, para adoptar una narrativa que permita construir escenarios que persuasivamente coadyuven a los cambios que se necesitan en el sistema de justicia; por su parte, las sentencias deben dejar de ser ese documento abigarrado, redactado a partir de muletillas abogadiles, sin una clara estrategia para erigirse en un dardo argumentativo capaz de colocar sus mensaje a las audiencias que tiene una corte constitucional.

Sin embargo, el punto clave para transformar a la Suprema Corte no es la designación de su presidente -con lo cual no se niega el amplio abanico de facultades administrativas y jurisdiccionales que tiene a su alcance-, sino la integración misma de la Corte. Es decir, varios de los cambios que urge impulsar dentro de esta institución requieren de un compromiso mínimo del presidente de la Corte pero también del resto de ministros. ¿De qué otra manera puede un presidente de la Corte concretar las reformas que considere pertinentes ante la falta de apoyo de sus colegas? Más allá de su habilidad política, un presidente reformista ante unos colegas conservadores, pinta como un escenario harto complicado para oxigenar a nuestra corte constitucional. Un ejemplo concreto: el punto débil de la candidatura del ministro Franco a la presidencia de la Corte fue su reiterado compromiso con la austeridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Algo que causa escozor entre varios de sus colegas y que dificultó, junto con otros motivos, su llegada a la presidencia. Frente un escenario de este tipo, cómo se puede realmente resolver esta importantísima asignatura pendiente que tiene la Suprema Corte.

La presidencia de la Corte no es un cargo menor, tiene una buena batería de facultades que bien pueden darle otra cara a la impartición de justicia, sin olvidar un abultado presupuesto. Sin embargo, la batalla por una verdadera transformación de la Suprema Corte está en cada proceso de renovación de sus ministros. Este año, por lo menos, habrá tres vacantes. Y ahí es donde se decidirá el futuro, en el corto y mediano plazo, de la justicia constitucional en nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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