Jeremy Waldron decía con cierta razón que los teóricos del derecho —y aquí podríamos incluir también a gran parte de los estudiosos del fenómeno jurídico­— se han volcado con cierta insistencia al análisis de la actuación de los jueces, los tribunales y el razonamiento judicial. Añadía que, de ese modo, quedan relegados otros aspectos importantes del Derecho como el valor de la legislación y de los órganos representativos en sociedades plurales como la nuestra.

narcisoMe temo que este diagnóstico sigue siendo cierto al día de hoy y que es aún más dramático en el caso de México. Usando palabras de Waldron[1], estamos “intoxicados de tribunales y cegados a casi todo lo demás por los encantos de la justicia constitucional”. En nuestro país, la irradiación del control difuso ha sido tan intensa, hasta el punto que ha causado una fiebre inusitada: la fiebre interamericana. Hemos contribuido a su propagación abogados, jueces y académicos arrastrados por el nuevo marketing jurídico de la convencionalidad, el principio pro persona, la interpretación conforme, etcétera.

El inconveniente, es que esa fiebre puede provocar acercamientos acríticos, parciales y precipitados a los problemas jurídicos que se nos presentan. Motiva a hacer uso descuidado de algunas herramientas conceptuales que todavía siguen causando amplios debates, incluso entre los expertos. Es, por ello, que los casos a resolver con motivo del control difuso deben someterse a un ejercicio continuo de observación, digamos, atemperado.

Es ya un lugar común señalar que el Derecho de la modernidad se ha modificado a la luz del paradigma (neo)constitucional sobre el que tantísimos autores han escrito desde hace bastante tiempo. Bajo esa lógica, acudimos en México al reconocimiento constitucional de derechos humanos contenidos en tratados y documentos internacionales, así como al establecimiento de un control judicial de esos derechos a cargo de todos los jueces del país.

Aún es prematuro hacer un balance del impacto generado en nuestra cultura jurídica a raíz de dicho cambio. Como todo fenómeno cultural, supondrá procesos de ajuste, adaptación y modificación de la práctica en la que están inmersos jueces, abogados y académicos. La estabilización requerirá de tiempo, debido a nuestra escasa experiencia en el tratamiento del paradigma constitucional. Será más dilatado alcanzar equilibrios en tanto se pronuncien malas decisiones haciendo uso de malas teorías; mientras estén ausentes herramientas analíticas claras provenientes de la doctrina; o bien, en tanto se siga haciendo un uso espurio de las existentes.

La preocupación que me interesa compartir en estas líneas tiene como base algunas reacciones por parte de la comunidad jurídica mexicana ante dicha transformación constitucional. En particular me parece inquietante el tono de las que tienden a favorecer una expansión —quizás desmedida e innecesaria— del nuevo modelo que nos rige. Entre esas reacciones, sale a relucir la que ha hecho de su agenda “fortalecer” el modelo mediante el ensanchamiento del control difuso. La propuesta parece consistir en extenderlo a toda costa como si no fuese ya lo suficientemente amplio; como si ese fuese el destino al que conduce indefectiblemente el compromiso con los derechos humanos y como si no existiesen otros elementos institucionales que componen una democracia constitucional.

Es necesario subrayar ante todo que adoptamos un modelo fortísimo de control constitucional (concentrado y difuso) y no puede asumirse como ruta natural el ampliar sin más los alcances del control ejercido por los nuevos “jueces interamericanos”; no sin someter nuestros diagnósticos a análisis comparativos. Por ejemplo, hay países plenamente democráticos con un clima más favorable a los derechos humanos en los cuales se adoptó únicamente un modelo concentrado de justicia constitucional, que se ha mantenido así a lo largo de los años. Y ya no digamos aquéllas democracias consolidadas que no poseen siquiera un esquema de control judicial de constitucionalidad y que, en la línea del pensamiento de Waldron, pueden considerarse plenamente respetuosas de los derechos. Entonces, más que exigir ciegamente ampliar el control en manos del juez, debemos reflexionar sobre las razones del diseño adoptado en otros países e intentar aprender de su historia constitucional antes de dar un paso hacia adelante o hacia atrás. Los derechos no exigen, necesariamente, más judicialismo.

Falta tiempo para que la práctica jurídica se estabilice y adapte al nuevo modelo. Sin embargo, hay algunos vicios de la idiosincrasia mexicana que pueden impedir el equilibrio. No contribuirá al reacomodo de nuestra cultura jurídica el bluff meramente oportunista: político, judicial o académico. Por cierto, la academia mexicana cumple un papel fundamental en proveer productos de calidad, asumiendo siempre un punto de vista crítico ante la forma como se desenvuelve la praxis judicial.

Tampoco ayuda lo que denomino narcisismo judicial, es decir, cierta forma de ejercicio excesivo, personalizado y protagónico de la función de juzgar. Se trata de una actitud jurisdiccional grandilocuente, autocomplaciente y acrítica que no se siente cómoda con el repliegue de la mesura y la sobriedad. El narcisismo judicial no representa una virtud, al contrario, envuelve rasgos de carácter que no debe poseer un buen juez. El narcisismo judicial es responsable en México de sentencias y jurisprudencias que nunca debieron someterse a discusión en los plenos ni, mucho menos, haberse emitido. El narcisismo también es responsable de sentencias coloreadas de “garantismo”[2].

De todos los fenómenos producto de la cultura jurídica mexicana, me parece que estos son algunos obstáculos para la estabilización y buen funcionamiento de la practica constitucional. Cabe por ello invitar a la mesura para contrarrestar vicios y premuras. Finalmente, tampoco hay que olvidar fortalecer la calidad de nuestros procesos democráticos, lo que echaba en falta precisamente Waldron; y, sobre todo, debemos definirnos no sólo como “derechohumanistas” (¿quién acaso no lo es?) sino, también, como buenos demócratas.

Leopoldo Gama. Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Twitter: @pologama

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[1] Waldron, Jeremy, Law and Disagreement, Clarendon Press, Oxford, 1999, P. 9.

[2] A veces se mezclan en sentencias, tal cual ensalada jurídica, teorías, autores y bibliografía como si se tratara de un concurso para sacar a pasear el último libro adquirido.

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