Una joven asistente de enseñanza en una universidad norteamericana tiene una relación con otro joven. Éste viaja a estudiar a otro estado e intercambian fotos y videos en donde ella se muestra desnuda o se masturba. Tras el rompimiento, este material es subido a sitios de Internet junto con el nombre, correo electrónico y página de Facebook de ella. Un video con el título “Masturbación 201 por la profesora ***” es compartido y se hace del conocimiento de sus alumnos y empleadores. Al acudir con la policía, la joven recibe como respuesta el desdén: como ella transfirió voluntariamente esos contenidos, nada puede hacerse. Posteriormente, un fiscal retoma el caso manejándolo como ciber-acoso pero no puede conseguir una orden para inspeccionar la computadora del ex novio y nada pasa[1]. El daño es tal que ella se ve obligada a cambiar incluso su apellido.

El porno de venganza (o revenge porn, como se le conoce en inglés) ocurre cuando una persona sube o comparte en Internet imágenes o videos vinculados con la vida sexual de su ex pareja sin el consentimiento de ésta, documentos que en su momento obtuvieron con su anuencia gracias a la intimidad existente entre los involucrados.

Este fenómeno no tendría la misma repercusión de no ser por el creciente uso de los smartphones, celulares que facilitan la grabación y diseminación de material audiovisual íntimo. En México, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en diciembre de 2013, el 49% de los 51.2 millones de internautas en el país se conectaban ya a través de esta clase de dispositivos y es de esperarse que la cifra aumente. Asimismo, en una encuesta efectuada por la Alianza por la Seguridad en Internet en 2013 a 10 mil estudiantes, se encontró que el 36.7% admitió conocer a alguien que ha enviado imágenes de desnudo o semi-desnudo por Internet. El contexto, pues, está dado para que el porno de venganza se extienda[2].

pornovenganza2A esta práctica ha correspondido la respuesta estatal: a comienzos de 2015, al menos 15 estados de la Unión Americana han emitido disposiciones legislativas criminalizando esa conducta, mientras países como Israel, Filipinas o Japón han optado también por considerarla como un delito. Ante este contexto, vale preguntarse: ¿Está preparado el sistema jurídico mexicano para hacer frente a este problema? El hecho de que no exista una respuesta clara es evidencia de que no lo está. El Estado está obligado a “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” (artículo 1 constitucional); considerando además que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (artículo 5 del Pacto de San José), es claro que un recurso judicial efectivo y sencillo tendría que existir para que las víctimas del porno de venganza, en su mayoría mujeres[3], pudieran tratar de hacer menos gravosa su situación. Actualmente, una acción civil de reparación del daño de conformidad con los artículos 1915 y 1916 del Código Civil Federal[4] podría ser útil pues la conducta que hoy se analiza encuadraría en esos supuestos, a los que podría sumarse la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal[5]. Sin embargo, los costos asociados a todo procedimiento civil (gastos de abogados, peritos y hasta investigadores), así como la nula posibilidad de evitar o frenar de algún modo la propagación del material en la red no parecen ser suficientes. El daño mayor no se generaría de la conducta primera del responsable sino de la permanencia y diseminación del material en la red.

La debilidad de la vía civil es lo que ha llevado a ciertos países a criminalizar el porno de venganza. En el papel, una fiscalía tendría mayores recursos institucionales para formular una acusación, lo que quitaría esa carga a la víctima; otro aspecto positivo sería que, en un ambiente tan hostil hacia las mujeres como lo es el mexicano, imponer la máxima sanción que permite nuestro sistema jurídico representaría un reconocimiento de la gravedad con que se dimensiona el fenómeno, primer paso para combatirlo. Desafortunadamente, la práctica de nuestra justicia penal está lejos de reflejar lo previsto por las leyes.

Una propuesta innovadora, planteada en Estados Unidos por académicos como Derek Bambuer, consiste en enfrentar esta clase de conflictos haciendo uso del derecho de autor. Aunque habría que modificar el concepto clásico de autor (por ejemplo, una “selfie” podría quedar comprendida aquí pero no las fotos o video tomadas por la pareja), ello posibilitaría no solo el reclamo hacia quien abusó de la intimidad, sino también hacia sitios de Internet o cualquier otra persona que hospedara o difundiera las imágenes sin el consentimiento de su “autora”. Mediante esta herramienta se obligaría a ciertos sitios de Internet a bajar el contenido tras la petición de la afectada, bajo el entendido que de no hacerlo incurrirían en responsabilidad solidaria.

Otra nota distintiva que resulta indispensable analizar es el rol que juegan las plataformas interactivas de Internet que albergan este tipo de contenidos. En Estados Unidos, es amplia la inmunidad que gozan respecto del contenido que suben los usuarios en aras de proteger la libertad de expresión y el flujo de información, ideas y, por supuesto, el dinero. En nuestro país, la situación de esas plataformas no resulta tan clara. De acuerdo con el artículo 197 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, “los concesionarios y los autorizados deberán bloquear contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa, escrita o grabada del usuario o suscriptor o por cualquier otro medio electrónico”. ¿Podría entonces una víctima pedir que se bloquee un contenido o servicio que contenga porno venganza? ¿Cuál es la situación de plataformas como blogs o redes sociales que no operan con concesión ni autorización? La norma parece demasiado amplia, ¿cuáles son los requisitos que han de cubrirse para que opere o los candados que eviten el abuso de su ejercicio?

Como se puede apreciar, el panorama es complejo. Es imposible controlar el destino de una imagen una vez que se sube a la red y, por ello, una sola respuesta normativa no basta a fin de constituir un recurso jurídico medianamente efectivo en contra del porno venganza. Sin embargo, ello no implica que debamos quedarnos con los brazos cruzados: la peor alternativa es la indiferencia.

Erick López Serrano. Estudia la maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR

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[1] Danielle Keats Citron y Mary Anne Franks, Criminalizing revenge porn.

[2] Una referencia: el hoy extinto sitio IsAnyoneUp, dedicado a albergar esa clase de contenidos, recibía 30 millones de visitas mensuales en 2011, afirmando su propietario haber recibido 10 mil imágenes en los primeros 3 meses de operación. En México no es difícil encontrar material en diversos blogs sobre todo.

[3] De acuerdo a un estudio (página 353) llevado a cabo por la ONG Cyber Civil Rights Initiative, el 90% de las víctimas son precisamente mujeres.

[4] Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la  obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como

[5] Artículo 26.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen  de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una afectación al patrimonio moral.

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