A casi tres años de concluida la elección de 2012, casi a mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto y con la elección intermedia en puerta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, por fin, el último eslabón de las impugnaciones realizadas al Proceso Electoral Federal de 2012, el llamado caso Monex.

El caso Monex, para aquellos que ya lo olvidaron, versaba –entre otras muchas otras cosas- en la indagatoria sobre el supuesto financiamiento ilícito y disposición de recursos a partir de las tarjetas Monex, cometidos por la Coalición “Compromiso por México” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.

cangrejoEn este recurso, presentado para controvertir la resolución CG31/2013 del Consejo General, casi todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) presentaron diversos agravios en distintos sentidos: supuesta violación al principio de votación en la sesión del Consejo General; incorrecta valoración del artículo 77 del COFIPE; valoración de los gastos realizados vía las tarjetas Monex como gasto de campaña y no como gasto ordinario; falta de exhaustividad en la investigación de la Unidad de Fiscalización en el origen y destino de los recursos y; en general, violación a los criterios de exhaustividad, imparcialidad por parte del entonces IFE.

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó la actuación del IFE –ahora INE- especialmente de la ahora extinta Unidad de Fiscalización, respecto de los agravios presentados, en particular en aquellos relativos a la investigación sobre el origen y destino del financiamiento y distribución de recursos vía las ahora infames tarjetas Monex para determinar si los trabajos realizados habían sido lo suficientemente exhaustivos y si los resultados arrojados eran o no veraces.

¿Qué dice la resolución?

Dada la extensión de la resolución y la cantidad de agravios que fueron desahogados en la misma me centraré sintéticamente, en razón de sus efectos, en tres: 1) la valoración de la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización de “la institución antes conocida como IFE”, especialmente en los agravios sobre la investigación relativa al origen y destino de los recursos que se repartieron vía las tarjetas Monex y al imperativo de realizar lo que doctrinariamente se conoce como “levantamiento de velo” -que en términos llanos significa permitir, como excepción, la investigación posterior y personal de los socios que componen una sociedad mercantil con el objeto de buscar fraudes a la ley; 2) a la resolución del agravio de financiamiento ilícito dada la prohibición de los artículos 77 y 78 del ahora extinto COFIPE de obtener financiamiento de empresas mercantiles y; 3) por último, a los agravios que fueron declarados fundados y que tendrán como efecto un ajuste en el cálculo de los gastos de campaña erogados por la coalición “Compromiso por México”.

  1. Falta de exhaustividad de la investigación sobre el origen y destino de los recursos relacionados con las tarjetas Monex. Los denunciantes reclamaban que, si bien la autoridad había realizado una investigación sobre la relación del PRI y las diversas empresas relacionadas con las tarjetas Monex (Inizzio, Efra, Tiguan, Atama), no había resuelto nada respecto a la triangulación de bienes entre estas empresas y Banca Monex, ni tampoco había arrojado luz sobre la licitud del dinero motivo de la transacción.  Al respecto, se aducía que el IFE no había hecho uso del levantamiento de velo y no había investigado exhaustivamente no sólo a las empresas en términos formales –que se encontraran formalmente constituidas y en regla- sino a los socios miembros de las mismas y, más aún, el origen del dinero que habían recabado y otorgado al PRI. En este rubro, el TEPJF desestimó los agravios al considerar que la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización respecto del origen y el destino del dinero, donde la misma aduce que comprobó a partir de solicitudes a la Comisión Bancaria vía facturas y cheques, así como la verificación de la licitud en la constitución de la empresas a cuyos nombres se encontraban emitidas las facturas, era lo suficientemente exhaustiva como para considerar satisfecho este requisito. Asimismo, consideró que, dada la solidez de la investigación realizada por la Unidad de Fiscalización, no existían indicios suficientes como para que la autoridad realizara el levantamiento de velo e indagara de forma más profunda a las empresas.
  1. Financiamiento ilícito. En este rubro se argumentaba que la autoridad electoral, el IFE, había realizado una mala interpretación del artículo 77 del COFIPE, donde se estipula(ba) la prohibición para los partidos políticos de recibir “aportaciones o donativos” por parte de, entre otros, empresas mercantiles. Los denunciantes consideraban que, aunque en términos formales se tratase de un “préstamo” entre el PRI y las diversas empresas con las que había contratado este servicio, en realidad esto constituía un fraude a la ley ya que, en los hechos, el PRI había obtenido financiamiento de una entidad prohibida.  El TEPJF declaró infundado el agravio haciendo una análisis técnico y una aplicación textual de la ley: dado que aportar y donar no significa lo mismo que prestar, y dado que el préstamo realizado entre el partido y las empresas se encontraba correctamente respaldado y había sido ya liquidado, éste no constituía ninguna infracción a la ley electoral entonces vigente.
  1. Agravios fundados. El TEPJF declaró como fundados únicamente dos agravios. El primero donde consideró que la autoridad electoral no fundó y motivó correctamente la adjudicación de $6´809,718.00 a los gastos ordinarios de campaña del PRI por lo que se ordena realizar una correcta fundamentación y motivación; y la segunda, donde se admite que los intereses y gastos adicionales generados por los préstamos solicitados por el PRI deberán considerarse también como gastos de campaña y ser computados dentro de los mismos.

Qué dice lo que no se dice. El Tribunal omiso.

Si damos por bueno que la forma también es fondo, esta sentencia dice mucho más de lo que se lee. Una sentencia técnica, de difícil comprensión y que destaca por la falta de argumentos. En la mayoría de los casos, la Sala Superior en lugar de realizar interpretaciones de los preceptos legales, de contrastar –como lo solicitaban los demandantes y como se espera de una autoridad jurisdiccional constitucional- los agravios de una parte con lo presentado como evidencia o, bien, de explotar sus facultades constitucionales y, dada la importancia del caso en cuestión y de la precisión técnica de las pruebas que se necesitaban para sustentar algunos de los agravios presentados bien podrían haber ameritado suplencia de la queja, de realizar investigaciones ulteriores, se limita a retomar los resultados de la investigación de la Unidad de Fiscalización –precisamente aquello que se está atacando jurídicamente- y a darlos por válidos.

La sentencia evidencia sobre todo omisiones. Las más graves, considero, son las referidas a la triangulación de recursos por parte de las empresas a través de las cuáles el PRI contrató los servicios de Banca Monex, la indolencia para investigar la licitud del dinero objeto del préstamo y, por último, la falta de argumentación para desechar la posibilidad de seguir investigando un caso fundamental y en el que, a partir del propio documento de la autoridad electoral, puede presumirse razonablemente que existen irregularidades y lagunas sin esclarecer.

Una nota evidencia la falta de ejercicio del Tribunal: en dos años no realizó ninguna diligencia respecto de este caso. Evidente contraste con autoridades electorales que, años atrás, con un marco legal mucho más acotado y con menos facultades, explotaron al máximo sus capacidades, su voluntad de coordinación  en los casos paradigmáticos de Pemexgate y Amigos de Fox para fallar estableciendo multas millonarias a los principales partidos políticos (PRI y PAN), uno de ellos, el partido en el poder[1].

Y, después de tanto y después de todo, ¿por qué debería importarnos?

Pasado más de un año, con nuevas reglas electorales y un rediseño institucional profundo, puede parecer –y la cobertura en prensa así lo indica- que la resolución del caso más importante de la elección de 2012 ya no tiene importancia. Sin embargo, este caso tiene una relevancia en el contexto actual.

En primer lugar, los criterios establecidos en materia de financiamiento, que como bien señala la propia resolución no se modificaron en ese rubro específico con la pasada reforma electoral, abren la puerta a que, por la vía de la figura del “préstamo” las empresas mercantiles financien campañas y candidatos. Gracias a esta resolución, la simulación en estos temas, siempre y cuando se haga con cuidado ya es legal.

En segundo lugar, aunque las reglas se hayan modificado, la Sala Superior y sus miembros no. La actuación y la solución de este caso, que si tuviese que calificarse no podría ser más que de formalista y rigorista, evidencia la ideología y la postura que tendrán los magistrados electorales para resolver los casos que se susciten en este proceso electoral de 2015. Poca interpretación, poco garantismo, mucha estricta aplicación de la letra de la ley.

Por último, esta resolución es la prueba más penosa de la deconstrucción institucional en materia electoral. Salvo honrosas excepciones, las autoridades electorales y quienes las componen parecen haber abandonado la brújula de los objetivos para los cuales fueron creadas: proteger los principios democráticos, dar certeza y legalidad a las elecciones y ser un árbitro imparcial. Como los cangrejos, vamos para atrás también esta asignatura no menor.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia

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[1] De haberse seguido con el criterio establecido en el caso Pemexgate, el PRI, al ser reincidente, hubiera sido acreedor a una multa por el doble del monto estipulado. Al respecto del caso Pemexgate y Amigos de Fox cfr. Córdova L. y C. Murayama. Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006.

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