El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en este período.

1. Consulta Popular. Eliminación de Diputados y Senadores plurinominales[1]

La Corte analizaría la constitucionalidad de la Consulta Popular, sobre la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

derechoshumanos1Tras estudiar los diversos temas que pueden generar impedimento para realizarla, el estudio se centró en definir, si se podía encuadrar dentro de la restricción por “materia electoral”. En ese sentido, se abocó a analizar ¿qué es material electoral?

Se definiría que si bien, la reducción de Diputados y Senadores de representación proporcional, constituye un tema de tipo orgánico del Poder Legislativo, igualmente advirtió un tema electoral, en tanto que se vería reducida la participación de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes y, por otro, se tocarían los efectos de la votación de la ciudadanía, en cuanto a la representatividad, al igual que tendría un impacto sobre la forma como operarían los principios de mayoría relativa y representación proporcional, como candado para evitar la sobre o sub-representación.

2. Deuda Pública Nacional[2]

Se analizó el mecanismo de aprobación de la Deuda Pública Nacional[3]. En resumen diría la Corte, este caso se trató de lo siguiente: Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, los argumentos eran: vulneración del artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Federal por otorgar al Poder Ejecutivo Federal una supuesta autorización a priori para la contratación de deuda, sin que dicha celebración sea aprobada posteriormente por el Congreso; a que autoriza la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por ese precepto; a que transgrede los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y legalidad del gasto de los recursos económicos públicos, previstos en el artículo 134 constitucional, y a que genera un despilfarro de estos recursos al autorizarse la contratación de deuda sin que exista la necesidad para ello.

Para resolver la controversia diría el ponente: ¿Es constitucional el artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014? ¿Qué es lo que debe autorizar el Congreso de la Unión en la ley de ingresos? ¿Le corresponde o no autorizar de manera general la contratación de deuda vía montos límite o se requiere una autorización específica para cada uno de los empréstitos? A lo anterior respondería la Corte.

La función de una norma general dentro del sistema financiero no puede ser la de autorizar actos concretos, entender de otra manera la función de la ley de ingresos, implicaría –considera el proyecto– tergiversar el sistema financiero constitucional y condicionar la autorización de cada uno de los actos administrativos, en una ley general, esto es, administrar a través de la ley, lo que no sólo rompe con la naturaleza propia de la ley, sino con el principio, de división de poderes.

Además no se estaba autorizando la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por la Constitución, ya que los fines de financiamiento, se encontraban explicitados de manera pormenorizada; a lo que se adicionaba que, funcionalmente, el ejercicio y gestión del gasto no se encuentran en la ley de ingresos, sino en las partidas del presupuesto de egresos.

De tal forma, que los montos generales de endeudamiento neto, interno y externo que se estaban autorizando, no sobrepasaban el monto presupuestado para inversión física, al igual que la aplicación y destino de este monto se encontraba desglosado, de manera pormenorizada, en los demás tomos del presupuesto y justificada en la estrategia programática del gasto.

Se consideró infundada la supuesta violación a los principios de gastos sobre los recursos públicos previstos en la Constitución, ya que no es sino hasta que el gasto ha sido ejercido, cuando pueden realizarse las evaluaciones correspondientes y determinar si su administración se realizó conforme a los principios referidos

Se reforzó lo establecido con anterioridad sobre los principios constitucionales, en el sentido de que deben ser evaluados con la administración del gasto y realizado por la entidad técnica.

Igualmente se estableció, la imposibilidad de exigir una motivación reforzada, y se señaló que en el caso sí existe una motivación suficiente, misma que se advierte en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce.

3. Hacienda Municipal y recursos que la integran[4]

En primera instancia se determinó que es facultad de los ayuntamientos elaborar su iniciativa de ley de ingresos y enviarla a los Congresos para su análisis y aprobación, lo cual, una vez logrado, el Ayuntamiento elabora su presupuesto de egresos.

En el caso concreto, el ayuntamiento elaboró su ley de ingresos y solicitó por el rubro de “participaciones federales”, ciento setenta y seis millones de pesos por concepto de “laudos laborales y administrativos”.

El Congreso al analizar la ley, determinó eliminar ese rubro, pues no podía ser considerado ingreso, al no tener una fuente del cual se pudiere obtener. Esta decisión podría estar afectando la autonomía municipal, pues el Congreso, bajo el criterio de vinculatoriedad debía respetar lo mandado por el ayuntamiento.

Sin embargo, señalaría la Corte, dicho criterio, tratándose de leyes de ingresos no es aplicable, porque no se trataba de un rubro sobre conceptos propios de los ayuntamientos, tales como: cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, derechos por servicios prestados por los municipios.

La ley de ingresos aprobada por el Congreso local, se consideró fundada y motivada.

Por otro lado, el Congreso no podía haber resuelto la solicitud de una partida extraordinaria, cuyo objetivo fuera hacer frente a las obligaciones del ayuntamiento, como deuda pública, ya que ello es sólo procedente para inversiones públicas productivas, lo cual no era el caso.

Finalmente, el dictamen en sentido negativo de ampliación de presupuesto, se consideró fundado y motivado, indicando que las partidas para solventar sus pasivos por las condenas en laudos, debían ser contempladas en el presupuesto de egresos.

4. Debido proceso. Justicia expedita y economía procesal[5]

¿Puede un Tribunal Colegiado estar integrado por un magistrado titular, un Secretario en funciones de magistrado por designación del Consejo, y un Secretario en funciones que suple a un magistrado por designación del propio Tribunal Colegiado?

Existen dos supuestos, bajo los cuales un secretario puede desempeñar las funciones de Magistrado: Primero, para cubrir ausencias temporales de los magistrados de Circuito. Segundo, para cubrir a los magistrados que han sido declarados legalmente impedidos, que falten accidentalmente, o que falten por más de un mes.

La designación por ausencia temporal, la hace el Consejo de la Judicatura Federal y la designación por impedimento, falta accidental o por más de un mes, lo hace el propio Tribunal Colegiado.

Se resolvería. En primer término, no es adecuada la solución jurídica de enviar los autos a un Tribunal Colegiado más próximo, pues dicha solución sólo está prevista para el caso de que dos magistrados estuviesen impedidos.

En ese sentido, se consideró que el legislador previó figuras alternas para cubrir excepcionalmente las ausencias e impedimentos de los magistrados, lo que llevó a la Corte a la afirmación de que nada impedía que en situaciones excepcionales, como la ausencia de un magistrado y el impedimento de otro, un Tribunal Colegiado pudiera válidamente estar integrado por dos secretarios en funciones; solución, además que, encuentra refuerzos en el mandato de justicia expedita y en el principio de economía procesal.

5. Debido proceso. Equilibrio procesal entre las partes, acceso a la justicia, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, principio de progresividad[6]

La pregunta a resolver era: ¿Cuál es la normatividad que rige la oportunidad para promover el juicio de amparo indirecto en contra de autos que afecten la libertad personal dentro del procedimiento, dictados y notificados a partir del tres de abril de dos mil trece, o sea con la entrada en vigor de la nueva ley de amparo?

La propuesta indicaba, que el plazo de quince días, señalado en la ley de amparo vigente, podría estar afectando, entre otros derechos humanos, el principio de progresividad. Pero en razón de que, la votación fue mayoritaria en contra de la propuesta, se puede presumir la validez de dicho término.

6. Taxatividad. Seguridad jurídica[7]

Se analizaba el siguiente texto de la ley general de salud: “Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.” El problema era que en la lista referida, se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos -obesidad, psicosis, antidepresivos, tratamiento contra migraña, sedantes, entre otros- cuya venta y suministro sí están permitidos.

Diría la Corte, sostener el artículo como constitucional, crearía inseguridad jurídica por no saber si la venta y suministro de estas sustancias está permitida, igual estaría afectando el derecho a la salud, porque su prohibición no consentiría los tratamientos indicados, al igual que sería contrario al principio de exacta aplicación de la ley.

7. Municipios, aportaciones federales[8]

El punto conflictivo fueron los montos finales asignados al municipio, devenidos de los fondos para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que se hace con el fin constitucionalmente legítimo de abordar el problema de la pobreza extrema de las distintas regiones del país.

En ese sentido, el municipio se inconformaba porque la cantidad entregada, la consideraba insuficiente para cubrir y satisfacer los derechos y garantías sociales, elevados a rango constitucional, que tienen encomendados.

La Corte resolvería que la configuración de las aportaciones federales, es una potestad de la Federación, en ejercicio de sus facultades de dirección de política pública de naturaleza redistributiva, y que los montos habían sido emitidos en cumplimiento de esta facultad.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998

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[1] Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular 4/2014. Sesionada el 3 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de 9 votos, p. 27.

[2] Acción de inconstitucionalidad 38/2013, sesionada el 4 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 37. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce y reforma al primer párrafo del artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. CPEUM: 134, 73 fracción VIII y 31 fracción IV.

[3] Una explicación la encontramos en “La Suprema Corte frente a la deuda pública nacional”, en este mismo espacio.

[4] Controversia Constitucional 19/2014. Sesionada el 4 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos, p. 55.

[5] *Contradicción de Tesis, 218/2014. Ponente Min. Sergio Valls Hernández, sesionada los días 11 y 13 de noviembre de 2014. Seis votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 7.

[6] Contradicción de tesis 248/2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el día 6 y 13 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos en contra de la propuesta, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 29.

[7] Acción de Inconstitucionalidad 2/2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo, sesionada los días 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. Ocho votos a favor de la propuesta, p. 6.

[8] Controversia Constitucional 28/2014, sesionada los días 1, 2 y 8 de diciembre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 6., CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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