Contar la historia de Alfonso Martín del Campo Dodd no sólo implica hablar de 23 años que le fueron robados a un hombre por el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Su historia y su proceso, desde que tuvo contacto con las autoridades mexicanas, nos proporciona un testimonio paradigmático sobre los riesgos que corren los ciudadanos diariamente, al entrar en contacto con las instituciones encargadas de investigar los delitos en México. En este sentido, el doloroso caso Martín del Campo -quien publicó para este blog el testimonio de su caso- permite visibilizar lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Ernesto Méndez, denominó hace unas semanas -al presentar su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza- como una práctica generalizada, que se usa como castigo y como medio de investigación por las autoridades mexicanas.[1]

La persistencia sistematizada de la tortura como herramienta para resolver y dar carpetazo a las numerosas investigaciones penales que se llevan a cabo diariamente, alrededor de toda la República, invitan a realizar un estudio detenido de este caso. En este sentido, el caso de Alfonso nos ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en México, particularmente, en materia de tortura, en un momento turbio y de crisis, como el que atraviesa nuestro país.

tortura1El asunto es complejo, pues el expediente de investigación está plagado de inconsistencias que confunden fácilmente la razón por la que la única prueba que pudo ser utilizada para responsabilizar a Alfonso fue una declaración firmada por él, en la que confiesa la comisión de los hechos. Asimismo, un proceso de 23 años de duración implica la intervención de diferentes instancias judiciales, que han acumulado más de 10 tomos en el expediente. Por ello, emitir una opinión implica un acto de gran responsabilidad, sobre todo, cuando para conocer del caso a profundidad, se requiere un serio y profundo análisis de las pruebas.[2] Aunado a lo anterior, el caso se debe examinar, tomando en cuenta que durante la investigación que realizaron las autoridades ministeriales, gran parte de las evidencias que se habían acumulado, fueron incineradas, otras manipuladas y otras más, fundamentales para la investigación, no fueron tomadas en cuenta para el esclarecimiento de los hechos.[3]

En 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd, entonces estudiante universitario y de apenas 19 años de edad, fue acusado y sentenciado a 50 años de prisión por la comisión del delito de homicidio perpetrado en contra de su hermana y su cuñado. Alfonso fue torturado física y psicológicamente por agentes ministeriales durante varias horas -mediante golpes e insultos, entre otras formas de humillación- hasta arrancarle la confesión por la comisión del delito mencionado. La declaración fue firmada en circunstancias que violan los derechos humanos que tiene toda persona detenida durante un proceso de investigación penal. Es importante resaltar, además, que Alfonso fue condenado a 50 anos de cárcel, sin haber conocido, ni contado con el acompañamiento y asesoramiento de un abogado defensor.[4]

Dos años más tarde, los actos de tortura fueron comprobados cuando uno de los policías judiciales fue sancionado e inhabilitado, después de confesar al haber golpeado y asfixiado a Alfonso. Asimismo, en el 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, de conformidad con el Protocolo de Estambul, Alfonso había sido víctima de tortura y de graves violaciones a sus derechos durante el proceso penal.[5] A pesar de lo anterior, la acusación y la sentencia se mantuvieron y, como resultado, Alfonso permaneció privado de su libertad hasta ahora, acusado de un delito en el que no existe prueba alguna que lo responsabilice.

Durante todo este tiempo, Alfonso luchó incansablemente por su libertad y por el reconocimiento de su inocencia. Desde entonces han sido muchos los medios de defensa que se iniciaron, buscando una y otra vez, que la voz de Alfonso se hiciera escuchar, reclamando la tortura de la cual fue víctima. Se promovieron apelaciones y amparos. Además, diversos organismos internacionales confirmaron las violaciones y la tortura a las que fue sometido Alfonso, entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe decirse, que este fue el primer caso que México enfrentó en el sistema interamericano, concluyendo con un informe que recomienda su liberación.

El pasado 18 de marzo a las 22:30 horas Alfonso abandonó la prisión, como resultado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 631/2013; la historia de este último procedimiento se remonta al 2010. Quienes participamos en la defensa, pasamos los últimos cinco años insistiendo, entre otras cosas, que la serie de pruebas emitidas por órganos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos eran suficientes para acreditar la tortura y, por lo tanto, invalidar la sentencia. Por fin esta voz fue escuchada.

Es cierto que la decisión de la Corte no expresa, de manera explícita, que Alfonso “es inocente”. Sin embargo, esto es sólo un juego de palabras y, por consiguiente, no debemos dejar de exigir que cualquier persona que haya sido encarcelada, como resultado de una confesión obtenida bajo tortura, deba ser liberada de manera inmediata. De no ser así, permitimos que nuestro sistema de justicia continúe replicando la violencia, el abuso, la discrecionalidad y la ilegalidad que lo han llevado a tener resultados de un casi 99% de impunidad. De castigar y denunciar la libertad de Alfonso, alimentaríamos un sistema en el que los que se encuentran pagando largas y desproporcionales sentencias, son aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, en igualdad de armas, ante un aparato que obedece a estructuras de poder y arbitrariedad. Justificaríamos, de igual forma, a aquellas instituciones que predican la presunción de inocencia, pero que, en realidad, operan estricta y obedientemente bajo la presunción de culpabilidad. Bajo este esquema institucional, la carga de la prueba se sitúa como responsabilidad de los ciudadanos y de no tener éxito en demostrar nuestra inocencia, arriesgamos pasar 23 años de nuestras vidas en una cárcel, con la posibilidad de ser sometidos a golpes para firmar un documento en el que entregamos nuestra libertad al turbio sistema penitenciario.

Con esto afirmamos que Alfonso no es más culpable, que lo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros por la comisión de los delitos que le fueron imputados. El principio de presunción de inocencia establece que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, en este caso, como resultado de la decisión de la Corte, no se ha demostrado la culpabilidad de nadie. Además, quienes sostienen que se ha liberado a un criminal olvidan o desconocen –quizás porque no estudiaron el caso- que los propios juzgadores del Distrito Federal[6] que confirmaron la sentencia en 1993, reconocieron, textualmente, que la declaración auto inculpatoria de Alfonso era el único indicio de prueba relevante existente.

Así, en el contexto de violencia y corrupción que se vive en México, todos deberíamos celebrar la resolución de la Corte que, en el fondo, cumplió con la esencia de sus funciones al representar una garantía que busca proteger nuestra libertad. Muchas personas más se encuentran en la misma situación que Alfonso y, sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera ser el siguiente. Por ello, la sentencia de nuestro máximo tribunal es un avance en el respeto de los derechos humanos en México. Recordemos que una de las garantías mínimas en torno a la seguridad de las personas que viven en un Estado de Derecho, es la existencia de instituciones de persecución de delitos y de impartición de justicia capaces y eficientes, que actúen en un marco de protección a los derechos humanos.

En este sentido, es de gran relevancia anotar que las inconsistencias en el proceso también han violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes: las tres hijas del matrimonio, que al momento en que ocurrieron los hechos, tenían dos, cuatro y seis años de edad. A ellas, el Estado les ha asegurado que la persona responsable del asesinato de sus padres es su tío; ello, nuevamente, sin contar con pruebas plenas que confirmen esta imputación y que permitan alcanzar la verdad detrás de este caso y, como resultado, un verdadero ejercicio de justicia.

Finalmente, los límites y candados que establecen los derechos humanos al actuar de las instituciones del Estado, implican que las autoridades deban proteger el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, imputados y de la ciudadanía. Esto es, el saber con certeza y más allá de cualquier duda razonable, quién y cómo se cometió el delito e imponer la sanción correspondiente.

Jimena Suarez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Alex Alí Méndez Díaz. Licenciado en Derecho, Maestrante en Derecho por la UNAM, especialista en derechos humanos y amparo, actualmente es el abogado de Alfonso Martín del Campo Dood.

Marisol Escudero Martínez. Abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en derechos humanos.

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[1] El informe presentado el pasado 9 de marzo de 2015, fue elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y se puede consultar aquí.

[2] El engrose de la sentencia aun no está disponible; sin embargo, para un resumen completo del caso se recomienda consultar la resolución de la facultad de atracción 198/2013 mediante la cual por unanimidad de cinco votos, a petición del Ministro Arturo   Zaldivar Lelo de Larrea, la Primera Sala se avoca al conocimiento y resolución del caso. Este documento puede consultarse aquí.

[3] Durante las investigaciones, se encontró cabello humano en la habitación donde fueron asesinados la hermana y el cuñado de Alfonso. Las autoridades declararon que no pertenia a las victimas o al imputado, es decir, a Alfonso. Sin embargo, esta prueba no fue utilizada por las instancias judiciales para el estudio del caso.

[4] El defensor de oficio que le fue asignado a Martin del Campo era ingeniero en sistemas y no un abogado.

[5] CDHDF, recomendación número 13/2002.

[6]Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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