justicia.lentaEl artículo 17 de la Constitución contempla el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, el cual debe ser acatado de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, el cumplimiento de las sentencias de amparo que otorgan una protección constitucional a los particulares se considera una cuestión de orden público que debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional respectivo a partir de los elementos que obren en el expediente y de los aportados por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento. Por su parte, los incidentes de inejecución de sentencia tienen como materia analizar y determinar el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y la rebeldía con que actuaron las autoridades responsables en éste, con el fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución, respecto de la separación de sus puestos y su consignación.

Cuando una ejecutoria causa estado o se haya recibido el testimonio de la dictada en revisión, los órganos jurisdiccionales competentes (ya sean Juzgados de Distrito o Tribunales Unitario de Circuito si se trata de amparo indirecto, o Tribunales Colegiados de Circuito, si es de amparo directo), deberán notificarla sin demora a las autoridades responsables y a sus respectivos superiores jerárquicos inmediatos, a las cuales se les requerirá el cumplimiento dentro del plazo de tres días.[i] Ante el incumplimiento de éstas en el plazo fijado, los órganos jurisdiccionales encargados del trámite impondrán las multas procedentes y, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que persiste el incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y, en su caso, de sus superiores jerárquicos.[ii]

Cuando la Suprema Corte recibe los expedientes, debe dictar, a la brevedad posible, la resolución que corresponda y, en caso de que considere que el retraso en el cumplimiento es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo señalado para hacerlo, tomará en cuenta el proyecto de destitución del Tribunal Colegiado de Circuito, procederá a separar de su cargo a los titulares de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos, y a consignarlos ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, así como a los titulares que, habiendo ocupado el cargo de las autoridades responsables con anterioridad, hayan incumplido la ejecutoria.[iii]

Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales la Suprema Corte puede interrumpir el procedimiento de ejecución o devolver el asunto al órgano jurisdiccional de origen para que las autoridades responsables y sus respectivos superiores jerárquicos sean requeridos nuevamente para el cumplimiento de las sentencias de amparo, entre los que destacan:

a) Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria.[iv]

b) Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, podrá dar un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el cual podrá ampliarse a solicitud de la misma.[v]

c) Cuando exista un principio de ejecución, esto es, se demuestren los preparativos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo pero que no constituyen propiamente un cumplimiento.[vi]

d) Cuando cambien los titulares de las autoridades responsables y de sus respectivos superiores jerárquicos para que, una vez que hayan asumido su función o encargo, se les requiera el cumplimiento de la sentencia.[vii]

e) Cuando exista una autoridad sustituta para el cumplimiento, lo que implica que la autoridad que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna y la nueva autoridad que no fue parte con el carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento, tampoco puede considerarse responsable del incumplimiento, por lo que se le debe requerir.[viii]

Ahora bien, de conformidad con el Informe estadístico tabulado 2014 del Consejo de la Judicatura Federal que comprende del 16 de noviembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014, los Tribunales Colegiados de Circuito ingresaron 3,554 incidentes de inejecución y resolvieron 3,927 (debido a la existencia inicial), de la siguiente manera:

  • En 1,332 (33.9%) se declararon sin materia.
  • En 1,069 (27.2%) se ordenó reponer el procedimiento y devolver al órgano de origen.
  • En 686 (17.4%) se determinaron fundados.
  • En 363 (9.2%) se resolvieron infundados.
  • En 248 (6.3%) se desecharon.
  • En 157 (3.9%) se declararon incompetentes o improcedentes
  • En 70 (1.7%) se remitieron con dictamen a la Suprema Corte con base en el punto XVI del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • En 2 (0.05%) procedió el cumplimiento sustituto.

Asimismo, de acuerdo con el Informe anual de labores 2014 rendido por el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014, la Corte ingresó 753 incidentes de inejecución de sentencia y resolvió 1,062 (debido a la existencia inicial), de la siguiente forma:

  • En 955 (89.9%) se declararon sin materia.[ix]
  • En 65 (6.1%) se ordenaron devolver al órgano jurisdiccional de origen.
  • En 20 (1.9%) se declararon infundados.
  • En 12 (1.1%) causaron baja por el punto noveno del Acuerdo General 12/2009, esto es, en los casos excepcionales en los que se devuelve el expediente al Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito para que subsane alguna omisión en el procedimiento.
  • En 4 (0.4%) se ordenaron reponer del procedimiento.
  • En 3 (0.3%) se declararon fundados.
  • En 2 (0.2%) se determinaron improcedentes.
  • En 1 (0.1%) se declararon cumplidas las sentencias de amparo.

El procedimiento de cumplimiento de las sentencias de amparo, primero ante los Tribunales Colegiados de Circuito y después ante la Suprema Corte, es ineficiente pues no satisface el derecho humano de acceso a la justicia al no cumplirse de manera pronta, completa e imparcial porque los particulares primero deben aguardar a obtener la resolución del juicio de amparo y, cuando ésta les resulta favorable, tienen que esperar al trámite de ejecución de sentencia. El cual, en la mayoría de las ocasiones, es dilatado por aspectos procesales que no atañen al carácter de interés público que tienen las sentencias de amparo, como son: precisiones de forma de los efectos del cumplimiento, la justificación del retraso del cumplimiento, la existencia de un principio de ejecución, el cambio de la titularidad de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos o la existencia de autoridades sustitutas del cumplimiento.

Estas circunstancias dan lugar a que los Magistrados y Ministros ordenen que los incidentes de inejecución sean declarados sin materia, devueltos al órgano jurisdiccional de origen, resueltos como infundados, dados de baja, repuestos en el procedimiento o determinados como improcedentes. Resulta preocupante que en los Tribunales Colegiados de Circuito, de 3,927 incidentes resueltos, solamente 756 fueron declarados fundados y remitidos a la Suprema Corte y que en ésta, de 1,062 asuntos resueltos, solamente en 3 se haya declarado que eran fundados y en únicamente 1 la sentencia de amparo había sido cumplida.[x]

En la práctica, la Corte actúa de forma condescendiente con las autoridades responsables al darles más tiempo del necesario para que realicen el cumplimiento, pues llega el caso en que, una vez que el proyecto de consignación se encuentra listo para sesionarse, se comunican de forma directa con las autoridades para que cumplan con la sentencia antes de que sea resuelto en la sesión respectiva. Con ello, las responsables esperan hasta el último momento para acatar la ejecutoria, lo que viola el derecho humano de acceso a la justicia. Incluso, con el fin de cumplir formalidades estadísticas de corte de fin de año, determinan desechar los incidentes de inejecución y reponer los procedimientos por cuestiones innecesarias.

El trámite de los incidentes de inejecución de sentencia ante los órganos jurisdiccionales debe ser estricto, expedito, completo e imparcial sin temor a la imposición de multas y sanciones a las autoridades. Esto para que los particulares no queden en estado de indefensión respecto del ejercicio de sus derechos cuando hayan obtenido una resolución a su favor, sin permitir dilaciones ni interrupciones irrelevantes que permitan un margen de discrecionalidad por parte de las responsables y sus respectivos superiores jerárquicos en el cumplimiento de las sentencias de amparo.

César Villanueva Esquivel. Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho UNAM.

__________________________

[i] Artículo 192 de la Ley de Amparo.

[ii] Artículo 193 de la Ley de Amparo.

[iii] Artículo 198 de la Ley de Amparo.

[iv] Idem.

[v] Idem.

[vi] Tesis de jurisprudencia P./J. 87/2010, “INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS ‘PRINCIPIO DE EJECUCIÓN’ Y ‘CUMPLIMIENTO PARCIAL’, PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, p. 6.

[vii] Tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2007, “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 80.

Tesis aislada 1a. LXXXII/2007, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE EL CAMBIO DE TITULAR DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE O DE QUIEN EJERZA FUNCIONES DE DIRECCIÓN SOBRE ÉSTA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUZGADO DE ORIGEN A FIN DE QUE ASUMIDO SU ENCARGO SE LES SOLICITE EL CUMPLIMIENTO RESPECTIVO, PARA QUE A SU VEZ LO REQUIERAN A SUS INFERIORES O SUBALTERNOS VINCULADOS A ESE ACATAMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 261.

[viii] Tesis 2a./J. 24/98, “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, abril de 1998, p. 210.

[ix] Entre las causas para declarar sin materia los incidentes de inejecución de sentencia, destacan: la acreditación del cumplimiento del núcleo esencial de la sentencia de amparo (sin que se pronuncie sobre el cumplimiento total); la advertencia de que alguna autoridad vinculada con el cumplimiento no fue requerida en el acuerdo donde se declaró que el fallo protector no había quedado cumplido (esto sucede, en ocasiones, por cambios en las competencias de las autoridades previstas en los reglamentos administrativos); la falta de notificación de las autoridades responsables de todos los efectos que deben cumplir en el requerimiento respectivo aun cuando éstos se pueden desprender de la ejecutoria de amparo; la realización de actos que entrañan un principio de ejecución; y la omisión de requerir al superior jerárquico correcto de la autoridad responsable.

[x] Del Informe Anual de labores 2014 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no se desprenden las razones por las cuáles los incidentes de inejecución resueltos fueron declarados “sin materia”.

Te recomendamos: