La resolución mediante la cual la Suprema Corte concedió amparo a diez policías tras concluir que al momento del operativo en el antro News Divine, en junio de 2008, donde murieron doce personas, dichos policías no se encontraban en el lugar y por ello no son responsables, parece una salida razonable por cuanto hace a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero deja aún sin respuesta las interrogantes principales sobre la tragedia.

En primera instancia, como lo que pretenden los padres de las víctimas –y la sociedad civil en su conjunto- no es que se encarcele necesariamente a esos diez procesados, sino que se esclarezcan los acontecimientos y se llegue al conocimiento de la verdad; la sentencia de la Corte obliga a mirar hacia otro lado para esperar -y exigir- la justicia que parece tardará algo en llegar.

news.divineEn efecto, si se atiende al hecho de que durante el operativo mencionado se cometieron diversos delitos y se constató que en el inmueble objeto del mismo, se cometían otros diversos por particulares y algunas autoridades del ámbito local y delegacional y, a partir de las pruebas aportadas, la Corte ya señaló que los responsables no son los policías señalados. ¿Quién o quiénes fueron entonces los culpables y a quién le corresponde investigarlo? ¿O es que con saber que esos diez servidores públicos no fueron los responsables, deberían acallarse todas las conciencias?

Para quien ha perdido un hijo en la tragedia del News Divine, la resolución de la Suprema Corte es apenas un eslabón más en la lucha por saber qué ocurrió realmente y obtener justicia. Ahora se sabe quiénes no fueron jurídicamente responsables por la masacre. Bien. Concedido. Lo siguiente entonces será determinar quiénes sí fueron responsables y deben, por ello, asumir las consecuencias de sus actos y decisiones.

Un primer aspecto para reflexionar pasa por advertir que posiblemente, con la legislación vigente y la interpretación que se ha dado a la misma doctrinal y judicialmente en materia de atención a víctimas, responsabilidad patrimonial del Estado y de derechos humanos, ahora los propios policías podrían (y quizás deberían) presionar a las autoridades competentes para que se les resarza el daño que se les ocasionó, y se determine jurídicamente quién o quiénes –y en qué medida- son responsables penalmente por los hechos sucedidos. Siete años de desgaste en reuniones con abogados desde el penal, sufriendo el señalamiento de la condena social y mediática, y acudiendo a audiencias y citatorios en tribunales para acreditar la inocencia no pueden y no deben pasar en vano. También de la honra y perjuicios psicológicos, sociales y laborales sufridos por esos servidores públicos debe responderse. En estos supuestos, un “lo sentimos mucho” sirve de muy poco.

En otro sentido, la resolución de la Corte también debería conducirnos a colegir que si lo que se pretende es construir paulatinamente un Estado de Derecho, deberían conocerse las razones –y las pruebas- que condujeron en su momento a la exoneración del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega; y debería asimismo informarse qué fue del proceso seguido contra el servidor público directamente responsable de orquestar el operativo en el News Divine, que era el jefe de la Región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y responsable del Programa Unipol en la Delegación Gustavo A. Madero cuando ocurrieron los hechos, Guillermo Zayas.

Ningún ciudadano maduro estaría hoy por juicios sumarios ni por linchamientos en los medios; pero sabiendo que de toda la baraja de posibles responsables, hay diez nombres menos, lo deseable es conocer hacia dónde apuntan las pruebas y los elementos existentes. Se insiste en que de la muerte de doce mexicanos alguien tuvo que ser el responsable, y el compromiso con la justicia no estará satisfecho sino hasta determinar quiénes y en qué medida deben responder por lo sucedido.

En segundo lugar, ahora que estamos en pleno proceso electoral, vale señalar que para decidir el sentido del voto, al electorado le interesa conocer no solamente las propuestas y plataformas difundidas por los partidos y cómo están funcionando actualmente las instituciones encargadas de la impartición de justicia, sino también conocer cómo funcionan las entidades ordenadas a la procuración de justicia.

¿Qué se sabe del proceso judicial y administrativo que debería haberse iniciado contra el encargado de protección civil en la demarcación, responsable de verificar que las entradas, salidas de emergencia, ventilación y mecanismos contra incendios y demás especificaciones en la materia en el antro referido, cumplieran con la normativa aplicable? ¿Se sabe algo al respecto? De no cubrir este flanco con razonable seriedad, se seguirá enviando el mensaje perverso de que en este país sólo se tapa el pozo una vez que el niño se ha ahogado.

¿Y de las investigaciones que deberían haberse abierto sobre las autoridades delegacionales correspondientes que, habiendo clausurado ya en tres ocasiones previas el News Divine, y de que había reabierto sus puertas hacía apenas cuatro meses, toleraron indebidamente que aquella tarde ingresaran 600 personas a un establecimiento cuyo cupo máximo ronda apenas el centenar? ¿Se sancionó a alguien? ¿Se presentó alguna denuncia acaso? ¿Se inició aunque sea algún procedimiento administrativo? ¿Y qué procedimientos se iniciaron contra las autoridades encargadas de verificar que no se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad en los establecimientos del Distrito Federal, situación que quedó patente la tarde del operativo?

De la misma manera, la sociedad también merece conocer con absoluta transparencia, a siete años de los acontecimientos, el estatus de los procedimientos seguidos contra los propietarios, directivos, gestores, gerentes y demás particulares cuyas labores muy probablemente comprendieron su participación en cohechos, concusiones, sobornos y demás ilícitos dirigidos a corromper a las autoridades locales y delegacionales, habida cuenta de que los servidores públicos no delinquen en solitario y porque sí. Precisan necesariamente de la participación de empresarios que desde su posición económica prefieren acelerar la atención de sus preocupaciones y facilitar su avance corrompiendo.

De las principales lecciones que pueden extraerse de experiencias como la del Lobohombo, la de la Guardería ABC o la del News Divine, es que la actuación de las autoridades no puede constreñirse a atender lo inmediato, lo urgente, lo apremiante. Mientras no se destinen recursos y esfuerzos para generar una cultura de la prevención, y mientras la colusión entre servidores públicos y particulares sigan siendo el pan nuestro de cada día, tragedias como la que nos ocupa seguirán ocurriendo cada cierto tiempo.

En conclusión, aunque la resolución de la Suprema Corte representa un primer paso importante para dilucidar qué sucedió la tarde de la tragedia, y para sentar un precedente dirigido a deslindar las responsabilidades cuyo concurso se tradujo en la pérdida de doce vidas humanas, en la lucha por la consecución de justicia, todavía falta lo más elemental. Ya sabemos quién no fue responsable. Falta determinar quién sí fue.

Antonio Musi VeynaAbogado. Ex Consejero Jurídico del CISEN. Ex Director General Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM. Twitter: @amusiv