san.quintinEl caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, en paro laboral en exigencia de condiciones decentes de trabajo, no es nuevo y es representativo de la explotación que millones de trabajadores en el país padecen. Se trata de una situación que nace con la informalidad: no hay contrato; crece con ausencia de salario digno y prestaciones laborales, jornadas de trabajo irregulares, inseguridad e inestabilidad en el empleo; no muere, se transforma en pobreza y esclavitud, y se prolonga por generaciones. Ante la evidente falta de capacidad institucional del Estado para garantizar el derecho al trabajo, vale la pena reflexionar sobre las alternativas que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco jurídico interamericano, hay diversas referencias al derecho al trabajo que encontramos en instrumentos internacionales, como son: la Carta de la Organización de Estados Americanos[1], en la Declaración Americana de Derechos Humanos[2], en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] (CADH) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (Protocolo de San Salvador).  Ahí se asientan los fundamentos jurídicos que sostienen que todo el que trabaja tiene derechos laborales, independientemente de donde trabaje.

Estos instrumentos, motivan el actuar de la CIDH, institución que los aplica de manera directa a los casos de los cuales conoce. Entonces, sabiendo que existen estándares internacionales de derechos que se alejan de la realidad que se vive día a día en nuestros países y que hay quien vigile su cumplimiento, millones de personas alrededor del continente amenazan con acudir en estos casos a la CIDH. Así lo escuché ya en una entrevista que le realizaban a uno de los jornaleros, por lo que es importante aclarar que tratándose del derecho al trabajo, la CIDH se comporta de forma voluble.

Pero aun cuando el artículo 26 de la CADH se refiere al compromiso de los Estados a adoptar providencias que les permitan lograr progresivamente la plena efectividad del derecho al trabajo, la realidad es que la opción de hacer uso del sistema de peticiones individuales no existe para los trabajadores en cuanto a su derecho al trabajo. Es decir, aunque el Protocolo de San Salvador manifiesta expresamente la justiciabilidad del párrafo a) del artículo 8, lo cierto es que éste se refiere solamente a los derechos sindicales.

La única posibilidad, entonces, de presentar casos en materia laboral ante la CIDH, es cuando se refieren a derechos sindicales. Los jornaleros agrícolas, no tienen un contrato laboral. Lo cual, en estricto sentido, hace que no sean reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, no forman parte de un sindicato, ya que el sindicato vela por los derechos de los trabajadores, pero los jornaleros al ser trabajadores informales, no son reconocidos como tales. Si bien esta opción sería en principio inviable, esto no significa que se encuentren canceladas todas las opciones que ofrece la CIDH.

Otro de los mecanismos que se encuentran disponibles en la CIDH, es el de medidas cautelares[5], que serán otorgadas para prevenir daños irreparables a la persona, en situaciones de gravedad y urgencia. En un análisis realizado de las medidas cautelares otorgadas en 2012 y 2013[6], se desprendió que ninguna se refiere al derecho al trabajo y en años anteriores, la medidas cautelares relacionadas con este derecho, fueron otorgadas bajo la perspectiva de proteger a defensores de derechos humanos y no el derecho al trabajo en sí mismo.

Así tenemos la MC 21/11 otorgada a los miembros del Centro de Apoyo al Trabajador, por hostigamientos y amenazas, por fomentar la protección de los derechos laborales en México; la MC 56/07, que se otorgó en beneficio de los integrantes del Foro Laboral Obrero Campesino al haber sufrido hostigamientos en virtud de su trabajo de defensores de los derechos de los trabajadores migrantes en Monterrey México; y la MC 346/06, otorgada a la Asociación por una Sociedad más Justa, por el asesinato de su apoderado legal en casos de defensa de derechos laborales[7].

Dicho esto, también hay que señalar que no hay impedimentos jurídicos para la improcedencia de las medidas cautelares en materia laboral, siempre que se acredite la gravedad, urgencia y la existencia de daños irreparables. Sobra decir que las condiciones de vida indigna que se generan a partir de la vulneración al derecho al trabajo, afectan el derecho a la vida, el desarrollo personal y el proyecto de vida, lo cual tiene altas posibilidades de ser irreparable. La garantía del derecho al trabajo, impacta en la pobreza o la prosperidad de las personas y por lo tanto, en la vida que se vive.

Otra de los mecanismos a explorar son las audiencias temáticas que se realizan en la CIDH, mismas que son solicitadas por las organizaciones de la sociedad civil con el fin de exponer temáticas variadas y que son aprobadas o no por la CIDH. Debido a la vigencia y relevancia mediática que la situación de los jornaleros agrícolas ha adquirido, sería altamente probable que se concrete una audiencia sobre el tema en el próximo periodo de sesiones, en donde en un lado de la mesa se sienten los jornaleros y sus representantes, frente al gobierno mexicano, que estará sentado del otro lado de la mesa. Ahí los jornaleros expondrían sus agravios y el gobierno expondría los avances que se han logrado en el tema.

Un ejercicio similar ya se realizó mediante la mesa de diálogo en la que estuvieron presentes los senadores integrantes del grupo plural para vigilar los derechos humanos y laborales de los jornaleros, autoridades de Gobernación y representantes de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, en donde se acordó la revisión integral de las condiciones de trabajo[8]. La diferencia que existe con una audiencia ante la CIDH, es que los representantes de los jornaleros y las autoridades, dialogan frente a los comisionados de la CIDH que se sientan del otro lado de la mesa, de manera pública, lo cual da visibilidad a nivel regional.

Pero si visibilidad regional es lo que se busca, el Protocolo de San Salvador en su artículo destinado a los “Medios de Protección”[9] de los derechos, entre ellos el derecho al trabajo, faculta a la CIDH para realizar la publicación de informes. Entre ellos se ha publicado por ejemplo, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en garantía de los derechos económicos, sociales y culturales” (2011).  La diferencia de esta alternativa con las anteriormente expuestas, es que las temáticas de los informes no se deciden a solicitud de parte, es decir, no basta con solicitar que se publique un informe sobre un tema determinado.

Si esto fuera de interés para los jornaleros, habrá que plantearlo frente a la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, que se creó en noviembre de 2012 en el marco del 146 periodo ordinario de sesiones.

Interpretar si las alternativas que ofrece la CIDH son buenas, malas, suficientes o insuficientes, quedará en cada uno de nosotros. En mi opinión simplemente son las alternativas existentes, dentro de una Comisión Interamericana que se encuentra tan rebasada como las instituciones al interior de los países, pero en la que, a diferencia de estas últimas, sigue concentrada la única y última esperanza de millones de personas en el continente Americano.

Tania Espinosa Sánchez. Abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios Legales Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy.

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[1] Artículo 34

[2] Artículo 14

[3] Artículo 26

[4] Artículo 6, 7 y 8

[5] Artículo 25 del Reglamento de la CIDH

[6] Espinosa Sánchez, Tania. Medidas Cautelares para Trabajadores Informales. Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año XIII, núm. 24, julio – diciembre de 2014, pág. 172.

[7] Ibíd. págs.  172 y 173

[8] “Segob y senadores revisarán condiciones laborales de jornaleros en San Quintín” en MVS Noticias, 25 de abril de 2015, página consultada el 30 de abril de 2015, disponible aquí.

[9] Artículo 19.7 del Protocolo de San Salvador

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