¿De qué depende la protección de los derechos fundamentales? ¿Cuáles son las variables que influyen para que un Estado se comprometa a favor de los derechos humanos? Entre los diversos aspectos que se han considerado claves para impulsar una eficaz protección de los derechos humanos, se ha subrayado la presencia de un sólido litigio estratégico. La pregunta, entonces, consiste en: ¿qué es el litigio estratégico? El siguiente texto explica las principales características de éste y, de esta manera, El Juego de la Suprema Corte inicia una serie de colaboraciones sobre esta asignatura pendiente en nuestro país.

El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones de la sociedad civil, así como ciertos órganos del Estado –como Ministerios Públicos y Defensorías del Pueblo- para la protección de derechos humanos, a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección en la región durante los últimos treinta años.

Se ha señalado en concreto que esta herramienta puede servir para:

  1. Develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos.
  2. Promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos.
  3. Controvertir políticas públicas que contradicen estándares internacionales sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos humanos.
  4. Incluir en la agenda del poder judicial temas ausentes y exigirle a éste que abra arenas de discusión para nuevos temas relacionados con los derechos humanos.

En este contexto, me interesa en este espacio discutir, tan solo, dos cuestiones centrales del litigio estratégico en derechos humanos. En primer lugar, las diversas variables que operan al momento de la definición de los objetivos de la acción legal. Y, en segundo lugar, subrayar la incidencia que puede tener la relación entre los actores sociales –grupos, comunidades, víctimas- y el reclamo legal.

Las diversas variables que operan en la definición de los objetivos del litigio estratégico

Una de las cuestiones más importantes para definir si el litigio estratégico aumenta la eficacia de un reclamo para la protección de los derechos humanos, está vinculado a los objetivos que se proponga la acción. Sin embargo, estos objetivos no son uniformes y su definición está mediada por diversas variables.

Es posible advertir una primera variable, que está dada por los intereses de una organización legal (sociedad civil u estatal). Allí, la trayectoria de esa organización legal, su capacidad para enfrentar una discusión a través de la herramienta del litigio estratégico e incluso su reconocimiento legal, será central. De hecho, en algunos Estados de la región, esta variable puede ser considerada como una capacidad para promover acciones judiciales (ej. art. 43, inc. 2, de la Constitución Argentina que otorga a organizaciones de la sociedad civil y al Defensor del Pueblo legitimación para la presentación de acciones judiciales colectivas).

Una segunda variable puede estar dada a partir del proceso judicial o administrativo que se ha utilizado –o se pretende utilizar- para llevar adelante el litigio estratégico. En este supuesto, la existencia de vías procesales idóneas o, al menos, inexploradas para la protección de derechos humanos, puede ser una variable que incida en la definición de objetivos de la acción legal. La idea de abrir caminos de protección a través del uso de herramientas judiciales ha sido una fórmula utilizada en varios países de la región.

Una tercera variable que se puede pensar para la definición de los objetivos de la acción legal, consiste en centrar la obtención de los objetivos al momento de la ejecución de la sentencia. Es decir, de qué manera la conclusión del proceso judicial que se inicia, podrá dar respuesta a la situación que se intenta resolver. En esta variable es central enfocar los esfuerzos en el proceso de ejecución de sentencia, no importará por cierto la apertura de la vía judicial o la legitimación para llevar adelante un reclamo legal, sino las reglas de ejecución que la sentencia fije, el tipo de remedio judicial (inmediato, mediato, a largo plazo, etc.). En general, esta variable toma en cuenta los efectos de la decisión judicial, como por ejemplo la producción de una vacuna para enfrentar una enfermedad endémica, la modificación de prácticas carcelarias o el voto de personas privadas de libertad sin condena.

Una cuarta variable que podemos pensar, está dada por las relaciones que se generan entre las víctimas/organizaciones de la sociedad civil/abogados, con el poder judicial y el Estado (sobre todo poder ejecutivo y legislativo) a través de este tipo de acciones. Las comunicaciones que operan entre estos actores y sus roles dentro del proceso también pueden informar sobre el alcance de los objetivos propuestos en la acción. La visibilidad del reclamo, la incorporación en la agenda del debate democrático de ciertos temas, pueden ser elementos relevantes a la hora de pensar la eficacia de la acción legal iniciada.

Por último, se puede pensar en una quinta variable que analice las relaciones que se pueden generar entre los espacios nacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, la re-configuración de situaciones o argumentos que operan entre las discusiones domésticas y las discusiones con el sistema internacional. Por ejemplo, la conformación de una mesa de dialogo en un proceso de solución amistosa, en el marco de un caso que tramita ante el sistema interamericano o directamente la ejecución de una sentencia internacional en el ámbito interno de un Estado.

La fortaleza de los grupos y sus estrategias políticas. Su relación con los reclamos legales

A su vez, el análisis de experiencias concretas de litigio da cuenta de una íntima vinculación entre reclamos legales y procesos paralelos, como el fortalecimiento de actores sociales involucrados. En este sentido, la participación de las víctimas, grupos o comunidades en el diseño de propuestas concretas para la solución de situaciones de violación de derechos humanos, así como la articulación con otras estrategias de reclamo, -protesta pública, campañas de divulgación y presión- serán centrales para establecer la eficacia de una acción legal.

Desde esta perspectiva, el espacio judicial se presenta no sólo como un lugar de resguardo de derechos sino como un ámbito en el que es factible transmitir demandas al Estado, fiscalizar o impugnar sus decisiones y dialogar o confrontar con sus diferentes instancias y con los demás protagonistas del conflicto.

No es común que las organizaciones consideren al litigio como una herramienta más en el marco de un reclamo. En estos casos, la aproximación del litigio como herramienta que favorezca el reclamo de las organizaciones, debe relacionarse con la fortaleza de la organización/grupo/comunidad. El reclamo legal debe tener muy en cuenta las fortalezas y debilidades organizativas al momento de sugerir estrategias políticas y discutir las posibles alternativas en el ámbito judicial.

No obstante, el litigio, y esto es central discutirlo con los grupos a la hora de cualquier planificación de la estrategia legal, puede servir para:

–          Fortalecer su capacidad de acción

–          Abrir nuevas vías de participación

–          Hacer efectivas conquistas logradas en el plano político.

–          Control permanente sobre los órganos del Estado.

A su vez, los objetivos que subyacen a los planteos legales en materia de derechos humanos pueden necesitar estrategias que deban ser trazadas en conjunto con otros actores, distintos de los directamente afectados, pero centrales para fortalecer el reclamo o tornarlos más viable. Por eso, en una etapa inicial también se pueden analizar las articulaciones posibles con otros actores, estatales o no gubernamentales: por ejemplo, Defensorías del Pueblo, Universidades, Centro de Estudios, Clínicas Jurídicas, organizaciones de la sociedad civil.

Diego R. Morales. Director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)