El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en este período.

derechos-humanos

1. Autonomía municipal1
¿Tiene el Congreso de una entidad federativa facultad para legislar sobre los permisos para circular sin placas y sin tarjeta de circulación? ¿Acaso no es esto facultad municipal?

El Secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, a través de un oficio enviado a un presidente municipal, le indició que no tenía facultad para emitir estos permisos, si no existía previamente un convenio con dicha Secretaría, de acuerdo con la ley expedida por el Congreso del estado.

Ante esto, el municipio afectado, reclamaba que esta facultad le pertenecía y obligarlo a la firma de un convenio de esta naturaleza afectaba su autonomía.

La Corte resolvería que esta facultad efectivamente le corresponde a los municipios, pero ello no implicaba eximir de una facultad igualmente a la legislatura local, para emitir leyes generales, cuyo objetivo fuese otorgar uniformidad a esta materia, tal como ocurría en este caso.

Igualmente, argumentaba el municipio, que la medida dañaba su autonomía presupuestal, a lo que la Corte resolvería que tampoco existía este daño, porque la norma en términos generales, determinaba cantidades que se pueden cobrar y no se le estaba vedando de la posibilidad de hacer el cobro de estos derechos, lo único que hacía la norma local, era otorgar la uniformidad señalada dentro del Estado.2

2. La necesidad de publicación de una reforma constitucional3
Una reforma constitucional local que fue publicada en la Gaceta Oficial del Congreso del estado, pero no lo fue en el Periódico Oficial del Estado, provocó el análisis de la trascendencia de esta última falta de publicación, en el proceso de aprobación e inicio de la vigencia de dicha reforma.

El punto central se traducía en que el artículo constitucional, donde específicamente se indicaba el proceso de reforma constitucional local, no hacía referencia alguna a la necesidad de publicación de una reforma ya aprobada por los órganos que en ella intervienen; en este caso, la legislatura local y los ayuntamientos. Por tal motivo, la pregunta a resolver era: ¿qué tan importante es la publicación en el Periódico Oficial del estado, si no se hace referencia a ella?

El proyecto original se apoyaba para invalidar la reforma analizada en el sistema de reforma constitucional federal que indica la necesidad de publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero fue abandonada esta línea.

Al final la Corte decidiría, que la reforma debía ser declarada inválida, porque si bien se cumplieron las fases de iniciativa, discusión, aprobación y sanción, no se cumplió con la publicación en el Periódico Oficial, aunque sí circuló en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del estado de Baja California, la cual si bien es un medio de difusión oficial, no resulta suficiente, pues su circulación no tiene el alcance necesario para dar certeza y seguridad jurídica a los gobernados y demás entes de gobierno, ya que su ámbito de aplicación, se reduce hacia el interior del citado Poder Legislativo estatal.4

3. División de Poderes. Indivisibilidad y monopolio en el ejercicio de la acción penal5
El asunto analizaba el impacto de instituir a nivel estatal, que la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales tuviera una naturaleza jurídica de órgano con autonomía técnica, de gestión, presupuesto propio y de nombramiento, pues en el caso, se facultaba al Congreso para realizarlo. En ese caso se convertía en una entidad aparte del Ministerio Público.

La pregunta central era: ¿cómo afecta la indivisibilidad y el monopolio del ministerio público en el ejercicio de la acción penal? Se decidiría que se rompía con ambos elementos, invalidando la esfera de competencias del ejecutivo local, al mermar la facultad persecutoria de los delitos, centrada en la procuraduría y con ello, por efecto, trastocaba la administración pública local.

4. Arraigo6
El asunto giraba en torno a la procedencia del arraigo con motivo de la posible existencia de delitos graves. La pregunta fundamental era: ¿es constitucional esta medida?

La ley respectiva consideraba que la autoridad judicial podría, a petición del ministerio público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado, cuando se tratase de delitos graves, bajo estas condiciones: siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

La figura se contrastó frente a lo que contemplaban los tratados internacionales, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y las recomendaciones de los organismos internacionales especializados, donde se había indicado que la privación de la libertad, debe darse dentro de determinados parámetros y con determinadas garantías, las que se consideraron no se cumplían en el presente caso.

Sin embargo, la existencia y autorización para la medida venía directamente desde la Constitución federal y, así, era ella misma quien planteaba una restricción. En ese sentido el asunto se resolvió sobre la pregunta de la constitucionalidad del arraigo dentro de estos parámetros, a lo que la Corte resolvió en sentido afirmativo.

5. Control de constitucionalidad y convencionalidad7
¿Quién y cuándo se puede realizar control difuso de constitucionalidad o convencionalidad concentrado y difuso?

El presente asunto tiene su origen en un juicio ordinario civil en el que se demandó el pago de diversas prestaciones, por concepto de responsabilidad civil y daño moral, por negligencia médica y falta de cuidados hospitalarios.

En el desarrollo de la trama procesal, específicamente el segundo juicio de amparo directo, también promovido por la parte actora, el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, a partir de una interpretación del artículo 1o constitucional y en ejercicio de un control de convencionalidad, de carácter difuso, declaró la inconvencionalidad del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Esta resolución es la materia de estudio.

El análisis se dividió en cuatro partes o preguntas, que en el centro tendrían el objetivo de hacer un ajuste al sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad, que la Corte había diseñado en el expediente varios conocido como caso “Radilla”.

Primera. Retroactividad en las normas constitucionales, con la pregunta: ¿puede afirmarse que hay aplicación retroactiva del artículo 1° constitucional, por la circunstancia de que el control que ordena su contenido, se realice al examinar resoluciones judiciales que decidieron sobre hechos acontecidos con anterioridad a la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación? La respuesta fue no.8 Se decidió que no existe impedimento alguno, para aplicar el artículo 1o constitucional, a hechos acontecidos —específicamente 2006— antes de su vigencia.

Se entendió que la Constitución federal es una unidad coherente y homogénea y en el caso no se crea9 una nueva situación con la reforma del artículo 1o constitucional, simplemente se hizo obligatorio un método de interpretación. Esta medida se determinó como una “regla general”, ya que pueden existir casos en que el propio Constituyente Permanente determine la no aplicación retroactiva.

Segunda. Facultad de los tribunales colegiados para ejercer de oficio un control de regularidad constitucional, bajo la pregunta ¿el Tribunal Colegiado de Circuito tiene facultad para ejercer de oficio un control de regularidad constitucional?

El problema se centró en definir qué es lo que se puede hacer en control concentrado y lo propio en control difuso. Para responder ello, en primer lugar el ponente —a manera de ejercicio analítico— iría eliminando hipótesis bajo las que puede darse esta relación entre control concentrado-difuso.

1ª. Órganos que realizan control difuso, no pueden realizar control concentrado.10

2ª. Órganos que pueden realizar control concentrado, pero no están conociendo de un medio de control concentrado, sí pueden realizar control difuso.11

3ª. Órganos que pueden realizar un control concentrado y están conociendo de un control concentrado, ¿pueden realizar control difuso? Aquí radicó el problema central del asunto.

El proyecto propuso lo siguiente: “Los órganos que están realizando control concentrado pueden realizar control difuso, siempre que se trate de las normas procesales con las cuales actúa,12 no con las normas sustantivas, que estén siendo discutidas en el propio proceso.”13

En conclusión, no pueden realizar control difuso de normas sustantivas.

Tercera. Ejercicio ex officio del control difuso. Pregunta: ¿el Tribunal Colegiado está facultado para ejercer dicho control ex officio? Respecto de normas cuya aplicación le corresponde, la respuesta fue sí.14

Cuarta. Necesidad de examinar el análisis efectuado por el Tribunal Colegiado sobre el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Interrogante ¿fue correcta la decisión del Tribunal Colegiado, al declarar la inconvencionalidad del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal?”

En primer lugar, como se dijo líneas arriba, al no tratarse de una norma procesal, no podía ejercerse el control difuso. Esto llevó a la Corte a decidir que “el Tribunal Colegiado podía resolver sobre la convencionalidad de la disposición legal —esto es el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal— a partir de un ejercicio concentrado y tomando en cuenta tres supuestos, bien porque: a) hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación; b) en éstos se advirtiera una causa de pedir en ese sentido o; c) haya sido el caso de suplir la queja deficiente.15

6. Restricción de la libertad16
En el Distrito Federal se permitía la figura de la “detención con control judicial”, cuyo objetivo era privar de la libertad a una persona, a solicitud del ministerio público, y entre otras circunstancias, dentro de las 48 horas del periodo de detención en la averiguación previa y por el tiempo de cinco días, prorrogables otros cinco.

La Corte entraría analizar si esta figura de privación o restricción de la libertad era constitucional.

Recordemos como se haría en la discusión del Pleno, que las restricciones de la libertad establecidas en la Constitución federal son: detención en caso de delito flagrante, detención en casos urgentes, arraigo, orden de aprehensión, auto de formal prisión, prisión preventiva y arresto administrativo.

Esta “detención con control judicial” estaba configurada de la siguiente manera: como una medida pre-procesal, que podría llegar incluso —al decir de los ministros— a poder autorizarse en casos de delitos no graves, contiene plazos propios, las autoridades que intervienen son específicas para esta medida, los requisitos para su tramitación y los estándares de acreditación, también están determinados para esta medida en particular. Todo ello, la convierte en una forma especial de privación de la libertad.

En conclusión diría la Corte, es una restricción a la libertad personal que no está permitida en la Constitución17 donde no se establecen formas, no se establecen plazos, no se establecen situaciones, en cómo se puede llevar a cabo.

7. Geo-localización y trata de personas18
De acuerdo con una ley local sobre prevención, combate y sanción de la trata de personas, se autorizaba al ministerio público para solicitar la intervención de comunicaciones, información a las empresas telefónicas y autorizar al seguimiento de personas, al igual que establecía como un requisito para que los sentenciados accedan a los beneficios, la colocación de un dispositivo de localización.

La Corte resolvería que en ambos casos, el legislador local no podía legislar sobre ello, esto porque el Constituyente había facultado al Congreso de la Unión, para expedir una ley general en la materia, y era que ésta la que debía fijar las bases para el establecimiento de una política criminal integral, en la materia de trata de personas19.

Víctor Manuel Collí Ek.
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com


1 Controversia Constitucional 22/2012. Ponente Margarita Luna Ramos. Sesionada el 19 de marzo de 2015. Consultable aquí.

2 Sesión del 19 de marzo, p. 39, 9 votos a favor de la propuesta modificada.

3 Controversia Constitucional 81/2013. Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sesionada el día 24 de marzo de 2015. Consultable aquí.

4 Mayoría de 10 votos a favor de la propuesta modificada, p. 59.

5 Controversia Constitucional 124/2012. Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sesionada los días 26 de marzo y 6 de abril de 2015. Seis votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 26 de marzo, p. 51.  Consultable aquí.

6 Amparo directo en revisión 1250/2012. Sesionado los días 10 de marzo de 2014 (Pardo Rebolledo); 9, 13 y 14 de abril de 2015 (Gutiérrez Ortiz Mena). Seis votos, 14 de abril, p. 28. Interesante el voto del Gutiérrez Ortiz Mena que sujeta su aceptación de constitucionalidad a una interpretación conforme. Algunas reflexiones sobre este tema las encontramos en este mismo blog: Arraigo: El error de la Suprema Corte, La Suprema Corte y los costos de su decisión sobre el arraigo y Arraigo, derechos humanos y responsabilidad internacional. El caso se puede consultar aquí.

7 Amparo Directo en Revisión 1046/2012. Ponente José Ramón Cossío. Sesionado los días 6, 7 y 16 de abril de 2015. Consultable aquí.

8 Votación favorable, 6 de abril de 2015, p. 23

9 La intervención del Ministro Zaldívar es interesante al afirma que el control difuso no nace con la reforma de 2011, sino más bien es la primera vez que se vincula jurisdiccionalmente.

10 “Esto quiere decir: un juez de primera instancia, una sala de apelaciones, un tribunal laboral, una junta de conciliación, en fin, cualquiera de estos órganos no puede realizar un control concentrado y declarar en sus puntos resolutivos la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de un precepto legal” sesión del 6 de abril de 2015, p. 24

11 “los órganos que tenemos a nuestro cargo realizar control concentrado, básicamente los órganos del Poder Judicial de la Federación podemos realizar control concentrado, desde luego, control difuso sí, ¿cuándo podemos realizar control difuso? Cuando no estemos conociendo de un medio concentrado, tenemos un juez en un proceso penal, otro juez en un proceso civil, otro juez en un proceso administrativo” sesión del 6 de abril de 2015, p. 25

12 “¿Cuáles son estas normas procesales? Ya sabemos: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley de Amparo o la Ley Reglamentaria del Artículo 105 básicamente.” Sesión del 6 de abril de 2015, p. 26.

13 7 votos a favor. 7 de abril, p. 28.

14 7 votos a favor. 7 de abril, p. 41.

15 Sesión del 16 de abril de 2015, p. 30. 7 votos a favor de la propuesta modificada.

16 Acción de Inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada los días 16 y 20 de abril de 2015. Consultable aquí.

17 Unanimidad de 11 votos, sesión del 16 de abril de 2015, p. 60. Igualmente una segunda modalidad de la detención con control judicial fue analizada y declarada inconstitucional, por su falta de previsión constitucional, su atentado a la seguridad jurídica, falta de claridad, requisitos excesivos, debido proceso, presunción de inocencia, etc. Unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada, sesión del 20 de abril de 2015, p. 36.

18 Acción de inconstitucionalidad 10/2013. Ponente Juan Silva Meza. Sesionada los días 27 y 28 de abril de 2015. Unanimidad de votos en el sentido de validez, p. 23, sesión del 28 de abril de 2015. Consultable aquí.

19 Se retomarían varias afirmaciones en este sentido, devenida de resoluciones pasadas como la Acción de Inconstitucionalidad 21/2013 de julio de 2014.

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