El término ‘tecnología’ sirve para referirnos a todas aquellas invenciones que nos auxilian para incidir en nuestro entorno, generalmente con el ánimo de potenciar las habilidades de las personas o incrementar ciertos beneficios. Algunas de estas creaciones serán capaces de obligarnos a redimensionar lo humano (la biotecnología y la inteligencia artificial ante todo) y alguna otra como la geoingeniería parece representar una de nuestras últimas esperanzas para evitar la catástrofe climática a la que nos dirigimos con paso firme. Sin embargo, hay algunas herramientas de menor relumbrón cuyo impacto se va sintiendo de a poco pero que, de igual manera, generan fenómenos inusitados para el derecho.

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Una de esas tecnologías de menor calado pero de presencia común es la de los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV). Se trata de un sistema de captura de video destinado primordialmente a almacenar las imágenes para un uso específico, no para transmitirlas. Así, un CCTV puede ser utilizado en el hogar, en las empresas o en los espacios públicos, casi siempre por motivos de seguridad. Que un sistema o artefacto detone consecuencias en varias ramas del derecho dista mucho de ser novedoso; un automóvil, por ejemplo, provocará efectos en el derecho administrativo y puede hacerlo también en el civil, penal, mercantil o en la protección al consumidor. Lo que resulta distintivo es que la irrupción de ciertas invenciones provoca algunas consecuencias imprevistas por el marco jurídico que por lo tanto requieren de nuevos debates y enfoques. En el caso del CCTV, tres sentencias dictadas por los más altos tribunales europeos dan cuenta, de forma sencilla, de ciertas complicaciones, apenas la punta de un iceberg que trae consigo una necesaria reconfiguración regulatoria. Aquí los casos:

Caso 1. En Inglaterra, Dennis Peck fue captado por las cámaras de CCTV una noche mientras deambulaba por la calle con un cuchillo, al parecer con intenciones suicidas. La policía local se percató de ello y pudo asistirlo, evitando un desaguisado mayor. Un par de meses después, las autoridades utilizaron esas imágenes para promover ese sistema y mostrar su eficacia. Para su infortunio, omitieron cubrir debidamente el rostro de Peck, por lo que su intento suicida fue transmitido por televisión y en medios impresos. Tras siete años de litigio, el agraviado consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos1 reconociera que se había violado en su perjuicio el derecho al respeto a su vida privada, ordenando al Reino Unido a pagar daños al afectado. Así, las cámaras que contribuyeron a salvar su vida contribuyeron también a hacerla luego un poco más miserable. 

Caso 2.  En Alemania, los dueños de un supermercado percibieron ciertas irregularidades en  uno de sus departamentos por ciertos faltantes de dinero. Provisionalmente fue instalado un equipo de video-vigilancia en el departamento, con lo cual pudieron encontrar a la responsable, quien fue despedida. El tribunal laboral alemán avaló las medidas tomadas por el patrón al considerar que no había otro modo de determinar al responsable y que la vigilancia había sido justificada además de bien delimitada. La trabajadora recurrió la decisión alegando que se había menoscabado su privacidad, pero ni el Tribunal Constitucional alemán ni el Tribunal Europeo admitieron la demanda al estimar que no había motivo alguno que permitiera suponer que la ponderación hecha por la autoridad laboral hubiera representado una violación a ese derecho fundamental. El Tribunal Europeo, sin embargo, reconoció que el balance de derechos existente en ese caso concreto bien podría cambiar en el futuro dependiendo de las invasiones a la privacidad que “nueva y más sofisticada tecnología” podría hacer posible. Por ello, el uso general de CCTV en una empresa podría entrar en disputa con ese derecho, máxime cuando no existan restricciones o lineamientos claros en ese uso.

Caso 3. Finalmente, el checo Frantisek Rynes, cansado de haber sufrido en varias ocasiones la ruptura de las ventanas de su hogar, instaló un CCTV bajo el tejado de su vivienda. Gracias a la grabación los agresores fueron detectados, usándose posteriormente como prueba dentro del procedimiento penal. Uno de los acusados combatió la legalidad de esa grabación, determinando la agencia protectora de datos personales (el equivalente al hoy INAI en la República Checa) que, al no haberse obtenido el consentimiento de los titulares de esos datos, no habérseles informado sobre la finalidad de la grabación y no haber comunicado a dicha agencia su tratamiento de datos, Rynes había cometido varias infracciones a la ley. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1 interpretó (la sentencia en español puede leerse en este enlace) que, efectivamente, semejante sistema de video-vigilancia constituía un tratamiento de datos personales y por ello no está exento del régimen legal de protección de datos europeo3 al no tratarse solo de una actividad “exclusivamente personal o doméstica”. Si las infracciones cometidas por Rynes son suficientes para hacer de la grabación una prueba inválida dentro del procedimiento penal es algo que la justicia checa tiene que determinar de conformidad con su legislación interna, pero es probable que tal evidencia no sea tomada en cuenta debido a su ilícito origen.

Como puede apreciarse, los tres casos dan cuenta de conflictos en que diversos derechos colisionan con motivo de los efectos del uso de un sistema sencillo como el CCTV. A medida que nos involucramos con tecnología más sofisticada, los problemas pueden complicarse en grados importantes. Sin ir más lejos, en nuestros bolsillos traemos siempre con nosotros un aparato que no sólo nos comunica, sino que nos hace siempre localizables, permite a otras compañías conocernos mejor que nuestros seres cercanos, almacena relevante evidencia digital, nos hace vulnerables para la ciberdelincuencia, etc. Con un presente tan agreste y problemas legales “tradicionales” que no hemos podido resolver, un futuro que ya nos está dejando atrás anuncia retos de una exigencia mayúscula: lo que ocurre tras las pantallas resulta cada día más determinante y va modelando los aspectos más importantes de nuestras vidas mientras en general nuestro sistema jurídico, azorado, se mantiene a la deriva.

Erick López Serrano.
Estudia la maestría en Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR


1 Este Tribunal tiene su sede en Estrasburgo y fue creado en 1959 a fin de asegurar el respeto a la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950.

2 Este Tribunal conoce de conflictos vinculados con la aplicación de cuerpos normativos exclusivos de la Unión. En el caso concreto, actuó al ser consultado por el Tribunal Checo respecto a la interpretación que debía hacerse sobre una Directiva europea (que, a su vez, establece los lineamientos que las legislaciones nacionales deben seguir). Tras interpretar el sentido de la norma, el asunto vuelve a la corte local a fin de que, una vez dilucidado ese punto, pueda resolver el asunto.

3 El artículo 3 de la Directiva 95/46 que establece dentro de la Unión Europea los fundamentos del régimen de protección de datos personales establece que “Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales: […] efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”.