El papel de la Suprema Corte, como el máximo protector de los derechos, cobra significativa relevancia a la luz de los múltiples problemas que hoy atañen a la sociedad mexicana. Es importante seguirle los pasos en vista de las recientes y próximas incorporaciones de nuevos miembros, que serán quienes decidan de hoy en adelante sobre nuestros derechos.

Este texto reflexiona las estrechas relaciones que guarda el quehacer de la Corte con la política,1 y particularmente con las políticas públicas. Estas relaciones responden a cuestiones referentes a qué se decide, quiénes son nuestros jueces y qué influye en sus decisiones.

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La gestión y toma de decisiones en cuanto a asuntos públicos por parte del Estado, se manifiesta de diversas formas, atendiendo al ámbito social de que se trate; así, tenemos la política sanitaria o de salud, la educativa, la económica, la criminal, etcétera. Al tener como último destinatario a las personas, las políticas públicas deben realizarse con estricto respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, lo cierto es que con frecuencia las políticas públicas no cumplen con este requisito, pues, en términos prácticos, el respeto y garantía de los derechos representan un obstáculo para su consecución. Es aquí donde la Corte entra en juego.

Las decisiones de los jueces constitucionales tienen inherentemente una incidencia política importante. Expondré en las siguientes líneas las distintas formas en que las decisiones de la Corte se relacionan con la política.

En primer lugar, de manera genérica, las decisiones judiciales tienen un impacto en la formulación, diseño y ejecución de las políticas públicas, lo que convierte a la Corte en un gestor de éstas. Esto ha sucedido porque existe una falta de voluntad de los actores políticos para garantizar los derechos fundamentales, los cuales no son tomados en cuenta en las etapas de las políticas públicas. Como consecuencia, nos encontramos en una situación de masiva y sistemática transgresión de derechos. Ante esta situación, la Corte es pieza decisiva para garantizar que las políticas públicas se ajusten a tales derechos;2 convirtiéndose así en un foro donde también se toman decisiones de política.

Una dimensión más directa respecto la relación de la Corte con la política se manifiesta cuando se encuentra ante un caso que enfrenta el reconocimiento de un derecho versus la consecución de una política pública. Para explicar mejor este punto, haré referencia a la sentencia AR 151/2011 concerniente al derecho de los sentenciados a compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, establecido en el artículo 18 constitucional.

En aquel caso, la autoridad administrativa (en ese momento encargada de la ejecución de las sanciones penales3), ordenó el traslado de reos de un centro penitenciario en Zacatecas a otro en Veracruz, bajo la “necesidad de despresurizar las cárceles”. La Corte determinó que el contenido del artículo 18 de la Constitución, respecto el lugar para purgar las penas, efectivamente constituye un derecho fundamental, por lo que no puede quedar al arbitrio de la autoridad.

La importancia en este caso radica en que cualquiera que fuese el sentido de la decisión, habría una afectación tanto en los derechos de una persona, como en la política pública. Me explico: el traslado de sentenciados atendía a una política pública que buscaba despresurizar las prisiones; la decisión de la Corte, en este sentido, impactó directamente en dicha política, pues la autoridad no podría desde entonces actuar arbitrariamente al trasladar a sentenciados de un centro penitenciario a otro, pues eso vulnera los derechos fundamentales.

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En estas disyuntivas, lamentablemente, las decisiones judiciales no son siempre favorables para los derechos. En el mismo caso, por ejemplo, en la primera instancia el Juez de Distrito resolvió que purgar la pena en un centro cercano al domicilio no es un derecho fundamental; dentro de los argumentos de su sentencia, señaló que no siempre debe atenderse a lo que más beneficie a la persona, sino que debe considerarse el mayor o menor perjuicio que puede causarse a la sociedad. También está, por ejemplo, la reciente resolución respecto a la constitucionalidad del arraigo para delitos graves, en donde la mayoría de los ministros consideró la restricción a la libertad como válida, aduciendo algunos en el debate, que se trata de una herramienta que facilita la investigación de los delitos. Y así, muchos casos más.

Estas disyuntivas entre derechos individuales y políticas públicas son disipadas mediante un ejercicio de ponderación realizado por los jueces; empero, las decisiones judiciales inherentemente atienden a elementos subjetivos y personales ligados con las preferencias propias (políticas e ideológicas) de los jueces.

Aquí, es pertinente aludir a otro aspecto de la relación entre la Corte y la política: la falta de independencia del poder judicial respecto a otros poderes, que influye en la manera en que los jueces deciden en uno u otro sentido. Es evidente que por la naturaleza de los casos que resuelve la Corte, salvo en casos realmente excepcionales, su actividad no se encuentra libre de presiones provenientes del ámbito extrajudicial (político y social). Sin embargo, la falta de independencia se da, sobre todo, respecto al Ejecutivo,4 lo cual puede considerarse evidente, pues es este poder el que elige en última instancia a los ministros que quiere en la Corte.

Lo anterior no quiere decir que la sumisión de los ministros al poder ejecutivo sea una práctica regular, ni mucho menos que todos ellos carezcan de independencia, pero también sería ingenuo pensar lo contrario (que todos los miembros Corte son imparciales e independientes).

Lo que es cierto es que las decisiones de la Corte siempre se ajustarán a las convicciones políticas, ideológicas o intereses de sus integrantes. Esto, a su vez, como lo ha dicho Gargarella, provee de un enorme incentivo a políticos “inescrupulosos”, que buscan aprovechar esta situación de que el derecho dependa tanto de quién es el que lo interpreta, para presionar a favor de decisiones que les resulten favorables. 5

En conclusión, la Corte guarda una estrecha relación con la política y puede incidir positivamente en la formulación, orientación o freno de políticas públicas, siempre para garantizar mayor respeto, garantía y protección de los derechos. Sin embargo, ello dependerá siempre de diversos factores y, sobre todo, de las posturas y convicciones de las personas que integren nuestro tribunal constitucional.

Karen Silva Mora.  Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y Coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE.  Twitter: @karensvm


1 Autores sostienen que la división de poderes en la actualidad ya no es tan clara. Aunque no es el tema en este texto, no se deja de lado el debate que existe sobre la falta de “legitimidad democrática” de la actuación jurisdiccional, particularmente de los tribunales constitucionales. Roberto Gargarella ha confrontado las posturas críticas al control constitucional que cuestionan la legitimidad de los tribunales constitucionales por su carácter “contra-mayoritario” y también realiza una compilación de las posibles soluciones ante tales críticas.

2 Ver Quinche, Manuel y Rivera, Juan, “El control judicial de las políticas públicas como instrumento de inclusión de los derechos humanos”, Vniversitas, no. 121, julio-diciembre 2010, pp. 113-138.

3 Recordemos que a partir de la reforma al sistema de justicia penal en 2008, la ejecución de las sentencias es competencia de la autoridad judicial.

4 Gargarella, Roberto (2011), La justicia frente al gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, Quito: Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición.

5 Gargarella, Roberto (2008), “Un papel renovado para la Corte Suprema: democracia e interpretación judicial de la Constitución”, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales constitucionales y democracia, México: SCJN.

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