Ha sido finalmente publicada en el Semanario Judicial de la Federación la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte a través de la cual se determina la inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre hombre y mujer.

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Es cierto que la Corte ya había anteriormente estimado la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que excluían la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajesen matrimonio. En un primer momento, se consideró que era posible realizar una interpretación conforme de esas disposiciones,1 pero en una segunda etapa se optó por estimar su inconstitucionalidad.2

No obstante, todos los pronunciamientos anteriores se ceñían a valorar la legislación cuya inconstitucionalidad se discutía. De ahí la importancia de la tesis antes referida, pues ahora es posible pregonar que cualquier disposición normativa, no importa cuál sea o si ha sido llevada ante tribunales, que excluya la posibilidad de que dos personas del mismo sexo accedan al matrimonio, es inconstitucional.

Recorrido este camino en tribunales federales, ¿qué sigue? Una primera respuesta indica que el siguiente paso es la declaratoria general de inconstitucionalidad. Este es un procedimiento que permite invalidar con efectos generales una norma cuya inconstitucionalidad hubiere sido sostenida por el Pleno o alguna de las Salas de la Suprema Corte al formarse jurisprudencia por reiteración3 –es decir, cinco sentencias en el mismo sentido-, que es el caso de la tesis 43/2015.

Sin embargo, este procedimiento presenta algunas dudas. La principal es su viabilidad. Y es que la jurisprudencia que fundamentaría la posible declaratoria es discutible porque determina la inconstitucionalidad de cualquier legislación local que prevea alguno de los dos puntos arriba mencionados en relación con el matrimonio; entonces, la declaratoria general de inconstitucionalidad tendría que ser para todas esas legislaciones que se los prevean. La cuestión es que, podría argumentarse que no es posible declarar la inconstitucionalidad de normas cuyos órganos emisores (los congresos y gobiernos locales) no han tenido la oportunidad de comparecer ante la Suprema Corte a intentar justificar esas disposiciones normativas.

La anterior podría significar razón suficiente para que integrantes de la Suprema Corte decidieran no votar a favor de la declaratoria general, y prefiriesen que se refiriera solamente a las legislaciones locales efectivamente enjuiciadas en amparo en revisión. También debe recordarse que, en caso de no obtenerse un mínimo de ocho votos a favor del proyecto de declaratoria general, el asunto se desestima y se archiva.>4

Así las cosas, surge la pregunta: entre tanto no se da la declaratoria general de inconstitucionalidad, o bien en caso de que no prospere, ¿qué sigue?

A tal pregunta se han ofrecido dos respuestas. La primera es que esta jurisprudencia, en términos de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país,5 pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la celebración del contrato de matrimonio, por lo que éstas aún podrían negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que ocasionaría que las personas afectadas aún tendrían que recurrir a los órganos de amparo para obtener protección judicial efectiva, y sólo hasta entonces pueden contraer matrimonio.

La segunda respuesta es que el artículo primero constitucional impone la obligación de maximizar la protección a los derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas también tendrían el deber, y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en la determinación de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala para interpretar de manera conforme, en su actuación concreta, aquellas disposiciones normativas que impiden que dos personas del mismo sexo se casen. Esta es la postura que pretendo desarrollar aquí.

El principal argumento que alguien podría lanzar en contra de lo escrito en el párrafo anterior es porque nuestra Constitución (art. 94, párr. 10) remite a la ley para fijar la obligatoriedad de la jurisprudencia, y es la Ley de Amparo la que menciona únicamente a ciertos órganos que realizan tareas judiciales como obligados a acatar la jurisprudencia.

En contraposición, se puede elaborar un argumento más sólido; el cual, sin duda alguna, debe partir de la siguiente premisa: todas las autoridades públicas del país, sin importar su naturaleza específica, su rango o su nivel, tienen a su cargo las obligaciones generales de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y de reparar las violaciones a los derechos. Y debe entenderse lo siguiente: estas obligaciones y deberes configuran la competencia constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio público que le corresponda.

Es posible fundamentar tal premisa en el artículo 1º, párrafo 3º, de la Constitución, y en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). A nivel interpretativo, la Suprema Corte, a partir de la reforma constitucional de 2011, consideró que todas las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a velar por los derechos de las personas, de ahí que «deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia».6 Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha explicitado, por su parte, que «el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados».7

A partir de un escenario normativo como el descrito, puede considerarse que, a pesar de no estar contempladas en la Ley de Amparo, las autoridades administrativas de cualquier entidad federativa, cuya intervención es necesaria en la celebración de contratos de matrimonio, no solamente tendrían la posibilidad, sino tendrían que reconocer como suya la obligación de garantizar la efectividad de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las parejas de personas del mismo sexo que ante ellas se presentasen, así como el deber de prevenir la vulneración de sus derechos.

El sostener simple y llanamente que esas autoridades no quedan obligadas por la jurisprudencia de la Primera Sala deja a su discrecionalidad el cumplimiento de los mandatos constitucionales. En contraste, se tiene que pregonar que es de su ámbito de competencia constitucional el deber de velar por la protección de los derechos de las personas.

Si esto es así, ¿qué es lo que estas autoridades administrativas están obligadas a hacer? Evidentemente, están constreñidas por su esfera competencial, por lo que no debe entenderse que pueden declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas (que eso ya lo hizo la Primera Sala), ni tampoco que pueden legislar, por poner dos ejemplos. Lo que sí deben hacer es interpretar las disposiciones civiles locales que regular la figura del matrimonio conforme los derechos y principios constitucionales y convencionales involucrados. Lo cual significaría que ya no les sería jurídicamente válido negarse a autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque las disposiciones no hayan sido aún reformadas.

Incluso, tiene que entenderse que tan es una obligación para las autoridades administrativas, que su incumplimiento podría actualizar causas de responsabilidad a cargo de estos órganos empeñados en aplicar disposiciones normativas inconstitucionales, pues al final de cuentas se trata de autoridades que obstaculizan la satisfacción de los derechos y la efectividad de las obligaciones constitucionales.

De este modo, se garantizaría la efectividad de los derechos de las parejas del mismo sexo a no ser discriminadas, y se haría dentro del ámbito de competencia de las autoridades administrativas.

La mejor protección de los derechos es un mandato constitucional de carácter preferente. Es decir, el planteamiento que aquí se hace es una mejor manera de proteger los derechos de las personas, frente aquel otro entendimiento que orilla a recurrir a la protección judicial, lo que acarrea injustificadamente enormes costos en tiempo, esfuerzos y dinero.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.


1 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 457/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de diciembre de 2012. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. §144.

2 Véase, por ejemplo, el amparo en revisión 152/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 2014. Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. §§206-207.

3 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; art. 232.

4 Acuerdo general 11/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad; punto séptimo, párrafo segundo. (4 de octubre de 2011).

5 Véase el art. 217 de la Ley de amparo, nota supra 3, en relación con el art. 94, párr. décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Expediente varios 912/2010, decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§27 y 33. [Énfasis añadido].

7 Caso Gelman vs. Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de 20 de marzo de 2013. §72.

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