El día de hoy, concluye un periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia un tanto especial. En efecto, no sólo se trata del primer periodo de Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sino que también en este periodo se estrenó como ministro uno de los abogados más controvertidos en la historia reciente de nuestro tribunal constitucional: Eduardo Medina Mora. Sin olvidar las decisiones de los ministros en temas tan relevantes como matrimonio gay, arraigo, interés legítimo, bullying y un largo etcétera. En este contexto, ¿cuál sería el balance de este periodo de sesiones de la Suprema Corte?

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El último periodo de sesiones de la Corte deja un saldo negativo. El arranque fue, de plano, malo. La elección de Luis María Aguilar como Presidente no sólo evidenció una marcada división (¿ideológica?) entre los ministros, sino también la incapacidad para crear consensos en un órgano en el que, por su diseño, resultan indispensables. Además del cansancio de la ministra Sánchez Cordero, ¿qué logró la Corte con una votación de más de cuatro horas y veintinueve rondas de empate? Creo que no mucho.

A mitad de camino, la designación del ministro Medina Mora hizo patente –quizá como nunca– una de las paradojas de nuestra justicia constitucional. Aspiramos a construir un tribunal constitucional moderno, transparente e independiente. Pero, al mismo tiempo, nombramos a sus integrantes con un procedimiento que heredamos de nuestro pasado presidencialista, que inhibe el escrutinio público de los candidatos y que da un poder desmedido al Ejecutivo. Con las mismas reglas y los mismos actores, ¿podemos esperar algo diferente para las designaciones que vienen? Difícilmente.

El periodo cerró con una nota claramente positiva: la publicación de las jurisprudencias que obligan a los estados a reconocer el matrimonio igualitario. Se trata, sin embargo, de la consolidación de criterios previamente sostenidos –el primer precedente se resolvió hace más de un año– y que eventualmente podrían ser abandonados, pues las jurisprudencias recogen únicamente la posición de la Primera Sala. ¿Obtendrían los criterios una mayoría de votos en el Pleno? Probablemente, aunque quizá la respuesta dependa del perfil ideológico de quienes sustituyan a Sánchez Cordero y Silva Meza.

Tuvimos, en suma, un periodo que nos deja algunas decisiones para celebrar, pero también muchas razones para preocuparnos –y ocuparnos–.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


Dentro de la Suprema Corte persisten grandes retos en la consecución de un nuevo paradigma constitucional derivado de la reforma de derechos humanos de 2011.

Por un lado, el Pleno consolida jurisprudencia garante del matrimonio igualitario e invalida disposiciones normativas que inhiben la libertad de expresión mediante tipos penales ambiguos (por ejemplo, el halconeo). Como contraste, no desarrolla estándares sobre tortura sexual, género, etnicidad y combate a la impunidad, derivado de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo resueltos por la Corte Interamericana; y se limita el ámbito de protección de la libertad personal frente al arraigo en caso de delitos graves.

En términos generales, preocupa que los debates en el Pleno sobre temas relevantes se fragmenten, restando impacto a resoluciones que pueden ser favorables para el ejercicio de derechos humanos.

Se sigue evidenciando una escisión entre las dos Salas de la SCJN, siendo la Primera Sala coherente con la más amplia protección constitucional en cuestiones como el bullying, sustracción de menores, libertad de expresión, constitucionalidad de las detenciones, interés legítimo para OSC con el fin de defender derechos de terceros, entre otros. Mientras tanto, la Segunda Sala mantiene posturas conservadoras y formalistas.

El contexto actual plantea un reto importante para el actual ministro Presidente: cumplir de manera cabal los protocolos que se emitieron durante la administración pasada para todos los juzgadores y juzgadoras del país en temas como género, infancia, migración, pueblos indígenas, tortura, etc.

La Suprema Corte muestra que puede ser seriamente diezmado en su legitimidad con la designación de ministros con trayectoria cuestionable como Eduardo Medina Mora. Ello implica un gran reto para los poderes Ejecutivo y Legislativo quienes deben comprometerse en la construcción de un tribunal constitucional del cual se demanda gran protagonismo en las actuales condiciones adversas para la vigencia de los derechos humanos.

Leopoldo Maldonado. Coordinador del programa legal de ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica.


Ante la pregunta por la labor de la Suprema Corte de Justicia en el último periodo de sesiones, sobresalen cuatro decisiones que son ejemplos de cómo ha continuado con su misión de hacer efectivo el derecho a la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, al menos en lo que se refiere al género, la sexualidad y la familia.

La primera decisión, ampliamente comentada, fue la de emitir dos jurisprudencias que resuelven de manera definitiva la cuestión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.1 El contenido de las jurisprudencias no sorprende (desde el 2012, por no decir desde el 2010, se viene reiterando que es inconstitucional no reconocer estos matrimonios); lo que sí fue novedoso fue la decisión de hacerlo jurisprudenciasin que fueran necesarios más amparos para fijar la cuestión.2 No pone fin al problema del acceso al matrimonio para estas parejas, pero sin duda contribuye a ello.

La segunda decisión —la Contradicción de Tesis 73/2014– también fija una cuestión que se viene anunciando desde el 2009: es inconstitucional el divorcio con causales porque vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La tercera decisión fue el Amparo en Revisión 5543/2013, en el que se analizó el manejo de las autoridades del Estado de México de la muerte de una mujer (manejo, fue clara la Corte, que violó una multiplicidad de derechos humanos). Es un fallo crucial para la investigación de los feminicidios, particularmente los que son perpetrados por las parejas de las mujeres. Me atrevo a decir que este caso es equiparable al de Campo Algodonerode la Corte Interamericana, en términos del desarrollo que hace de los derechos humanos y los estándares que fija para la actuación de las autoridades en la materia.

Por último, cabe mencionar la decisión del ministro Presidente Luis María Aguilar de nombrar a la doctora Leticia Bonifaz como la cabeza de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.3 Con el nombramiento de Bonifaz –cuya labor en la defensa del derecho a la no discriminación es incuestionable e impresionante–, queda claro que el compromiso de la Corte en esta materia persistirá, más fuerte que nunca.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM, maestra en derecho por la Universidad de Yale. Profesora asociada del CIDE. Twitter: @samnbk


Este último periodo de sesiones de la Suprema Corte ofrece un escenario variopinto respecto sus resoluciones. Pues si bien apuntaló sentencias en una dirección adecuada en temas como matrimonio gay, interés legítimo y publicidad comercial engañosa, también ofreció decisiones no del todo atinadas en ámbitos como el arraigo y los derechos de los trabajadores. Esto no es del todo sorprendente: sin importar el rasero moral, político o técnico que se elija para evaluar las decisiones de una corte constitucional, es difícil que haya un balance enteramente satisfactorio.

Lo interesante, sin embargo, es que en el caso mexicano está tensión entre decisiones de avanzada y creativas frente a sentencias conservadoras y formalistas, es en buena medida reflejo de la manera como se dio la transición democrática en nuestro país y el impacto de ésta en nuestra Corte. En efecto, las enormes ventajas que ofrece una transición gradual hacia la democracia sin un quiebre o punto de inflexión social e institucional, ha tenido un costo muy puntual en la Suprema Corte: oscilar entre viejas prácticas de la impartición de justicia y esfuerzos por dar el salto para erigirse en una institución clave para la consolidación democrática. Este ha sido el ritmo que ha marcado el rumbo de la Corte, por lo menos, desde el año 2000.

En este sentido, este periodo de sesiones que recién concluye apunta a ser la antesala para definir finalmente, al menos durante los siguientes años, la balanza entre estos dos polos: pasado y futuro de la justicia constitucional. Y no sólo por el mensaje que implicó la designación de Medina-Mora como ministro de la Corte, sino sobre todo por la concepción del derecho que en diferentes escenarios, reformas y mensajes ha evidenciado la actual administración del presidente Peña Nieto: el derecho no como un instrumento para asir el poder, sino para formalizar excepciones, privilegios y discrecionalidades. En este contexto, en noviembre, se renuevan dos nuevos ministros, en una arena de juego institucional de tan sólo once jugadores. Quienes ingresen como ministros será clave para el futuro de la Suprema Corte, más en un contexto donde las diferentes maneras de entender la justicia constitucional al interior de la Corte se encuentran en un precario equilibrio. No hay que olvidar que si en una institución se observa con nitidez el error del pensamiento liberal, al diluir la relevancia de las personas frente a las instituciones, es precisamente en la justicia constitucional —nuestra Suprema Corte.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega


1 En la primera, se determinó que es inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer. En la segunda, entre otros puntos, se determinó que son discriminatorios los modelos legales que si bien reconocen a las parejas del mismo sexo, lo hacen a través de un régimen diferenciado al del matrimonio (como el que se implementó en Colima con los enlaces conyugales que ya también se declaró inconstitucional).

2 La Corte ya había resuelto diez amparos –además de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010– al respecto. Éstos fueron los amparos en revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012 y 152/2013 (relativos a la legislación de Oaxaca), el 263/2014 (de Sinaloa), los 615/2013, 735/2014 y 704/2014 (de Colima), el 122/2014 (de Baja California) y el 591/2014 (del Estado de México).

3 Esta es la Dirección que ha sido responsable de la emisión del Protocolo para juzgar con perspectiva de género y el Protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual e identidad de género, fundamentales para esta materia.