Hace unos días, se publicó Matrimonio igualitario y justicia constitucional en el diario El Universal, un artículo de José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte. En este texto el autor se refiere al reciente criterio jurisprudencial emitido por la Corte en el cual se declara la inconstitucionalidad de todos los códigos civiles de las entidades federativas que definan el matrimonio como una institución con fines de procreación o únicamente entre un hombre y una mujer. Al respecto de la publicación de este par de polémicas tesis jurisprudenciales en junio pasado, ya ha corrido tinta en diarios nacionales, locales y en bastantes blogs; no obstante, ninguno de esos textos se han escrito desde el tono y la argumentación del ministro Cossío; me refiero en concreto al argumento de la supremacía judicial en la interpretación constitucional y la defensa de los derechos constitucionales.

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En efecto, en días pasados se ha convocado a protestas en contra de este criterio de la Suprema Corte, particularmente la Marcha por los niños en Guadalajara, Jalisco, una segunda en San Luis Potosí, San Luis Potosí y, la última, en León, Guanajuato. Estas marchas son juzgadas por Cossío como un legítimo ejercicio de libertad de expresión y manifestación política. No obstante, el autor considera inútil que las marchas estén encaminadas a convencer a las legislaturas locales de no modificar sus códigos civiles para abrir la puerta al matrimonio igualitario. El problema, sin embargo, es que si no se modifican las legislaciones locales, las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio tendrán que iniciar un proceso constitucional que si bien es de fácil trámite tras la publicación de estos criterios obligatorios, no deja de ser un trámite injustificado que restringe el acceso de éstas a la justicia. No obstante, el argumento que considera endeble una posible réplica de las legislaturas locales a la jurisprudencia de la Corte a través de una reforma legal o simplemente que ignoren dicho criterio tiene ciertos bemoles. Por una parte, es necesario decir que la jurisprudencia de la Corte no tiene el efecto de obligar a que las legislaturas locales reformen sus códigos, el efecto que sí tiene esta decisión es —como ya se ha precisado en otros lugares— el de obligar a los jueces federales a apegarse al criterio de la Suprema Corte y que sean ellos quienes obliguen a los registros civiles a celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo previa negación por parte de éstos, en el entendido de que el acto administrativo se limita a aplicar la ley y los jueces de amparo pueden revocar ese acto si es que dicha aplicación legal o la misma norma jurídica atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos.1

En realidad, en el entramado de atribuciones actuales de la Suprema Corte sólo es posible derogar la legislación considerada irregular en una sentencia de acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o declaratoria general de inconstitucionalidad. De hecho, podemos hacer memoria y recordar que la batalla por el matrimonio igualitario ha tenido escenarios de confrontación previos al que aquí comentamos, por ejemplo la acción de inconstitucionalidad 02/2010 relativa a la reforma a la legislación civil del Distrito Federal; la declaratoria general de inconstitucionalidad 01/2013 que arremete contra la legislación local del estado de Oaxaca y que todavía hoy se encuentra en trámite y, por supuesto, la serie de amparos que han dado pie a las sentencias que hoy conforman la jurisprudencia que aquí comentamos.2

El matrimonio igualitario, como vemos, ha ganado algunos enfrentamientos en sede judicial y muy pocos en sede legislativa, y sin embargo hoy se afirma —no sólo en el artículo que comentamos— que la batalla se ha ganado. La idea que está detrás de esa afirmación es que no importa lo que los congresos tengan que decir en contra del matrimonio igualitario, no importa si no lo habían permitido y no importará si lo hacen ex post a la publicación de las tesis de la Corte. Sea cual sea su reacción, la palabra judicial será la que prevalezca. Pero esto no es del todo cierto. ¿Qué pasaría si las fuerzas políticas con agenda conservadora reforman el artículo cuarto de la Constitución federal y definen que la familia a la que tenemos derecho es aquella tradicional integrada por un hombre y una mujer? Es decir, ¿qué pasa si la prohibición parlamentaria pasa de la legislación a la Constitución?

El planteamiento no es hipotético, hace ya algunos años, Víctor Ferreres publicó un artículo en la revista Doxa en el cual expone las distintas formas en que las legislaturas pueden responder a las cortes constitucionales cuando sus decisiones no agradan a las primeras, una de estas formas es precisamente constitucionalizando la decisión, sobre todo en aquellos sistemas de justicia constitucional en donde las cortes supremas no pueden o no han asumido el control material de la reforma constitucional.3 Así, por ejemplo, en 1999, la Suprema Corte mexicana consideró que el arraigo domiciliario —que hasta entonces se encontraba únicamente en el Código federal de procedimientos penales— era inconstitucional. El Congreso y las legislaturas locales respondieron con una reforma constitucional en 2008 al sistema de justicia penal en el que pasaron el arraigo a rango constitucional. Hasta hoy, la Corte mexicana no ha podido sino acotar o ejercer interpretación conforme para diluir los peligros del arraigo, no obstante, no ha podido declararlo inconstitucional ya que la doctrina que prevalece en la Corte es la de la auto-restricción para el control material de la constitución. El planteamiento se antoja extremista, pero no es exagerado, menos aun cuando el matrimonio igualitario es un tema que polariza tanto a la sociedad mexicana.

Por otra parte, Cossío afirma que la batalla está ganada al menos por un tiempo mientras la integración de la Suprema Corte incluya perspectivas como las de los ministros de la primera sala que dieron un voto a la igualdad. Es buena noticia para la realización de la constitución de los derechos que el matrimonio igualitario esté ganado al menos por un tiempo, la mala es que haya tenido que ser desde la sede judicial y con los costos democráticos que los ciudadanos legítimamente aducen.

Los ciudadanos tenemos desacuerdos sobre los derechos de los que somos titulares, no todos concurrimos al mismo significado de las prerrogativas que enumera la Constitución mexicana. Las expresiones en contra del matrimonio igualitario son legítimas y en cierta forma sanas en una democracia plural. Es común, casi para cualquiera, que en sus círculos cercanos o no tan cercanos hayamos escuchado el clamor contra un grupo de jueces que deciden desde arriba. Las posturas en contra del matrimonio igualitario atentan contra un derecho que bien puede considerarse en la esfera de lo “no-decidible” (Ferrajoli dixit), empero quitarle voz a las legislaturas en un tema de discusión pública no suena a algo que suceda en democracia, al final del día, las legislaturas también deben proteger los derechos de esa esfera.

Mientras el matrimonio igualitario no encuentre lugar en sede parlamentaria se antoja difícil declarar el triunfo de esta batalla. La lucha por los derechos sigue y el próximo objetivo es que estos derechos consagrados en la Constitución se garanticen desde su primer obligado: el legislador democrático, la gente a la que le hemos dado la confianza de nuestro voto y que, nos guste o no, nos representa.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Asistente de investigación en el ITAM. Twitter: @JuLuisHM Agradezco a Julio Martínez Rivas sus útiles comentarios sobre este texto.


1 Véase por ejemplo el texto de Alex Alí Méndez, quien explica los diferentes efectos y reparaciones que los juzgadores de amparo han concedido en diferentes circuitos del país: http://bit.ly/1MbJeI6

2 La historia detallada de estas batallas judiciales en la Suprema Corte puede consultarse en este artículo de Julio Martínez Rivas: http://bit.ly/1IFvGlQ

3 Véase, por ejemplo Ragone, Sabrina, “El control material de las reformas constitucionales en perspectiva comparada”, Teoría y realidad constitucional, núm. 31, 2013, pp. 385-406.

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