Una vez que regresen de su período vacacional, los ministros de la Suprema Corte reiniciarán sus labores en el mes de agosto con la discusión del caso matrimonio y adopción gay. En el centro del debate se encuentran aspectos constitucionales de enorme relevancia, pero también hay una pregunta fáctica clave: ¿sufren los niños algún daño por vivir y desarrollarse en el seno de una familia homosexual? En este contexto, el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. sometió a consideración de la SCJN una opinión técnica o amicus curiae que refleja el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales. A continuación se presenta un resumen de los principales argumentos de este documento*.

  1. En contra de lo afirmado por la PGR, el matrimonio es una institución dinámica que se ha adaptado y debe adaptarse a los cambios que se susciten en la sociedad. No existen razones de peso para establecer un modelo único de familia tal y como pretende la PGR en su acción de inconstitucionalidad. De aquí se infiere entonces que existen razones fundadas para que la institución matrimonial se amplíe a las personas del mismo sexo.
  2. Todos los individuos poseen el derecho a desarrollarse plenamente; a optar por el modo de vida que ellos consideran correcto (en la medida en que no se afecten los derechos de terceros) y a encontrar los modos mediante los cuales ese proyecto de vida se materializa en la práctica. De acuerdo con lo anterior, hemos defendido que el matrimonio constituye un medio para dar publicidad a las relaciones afectivas que libremente construyen los individuos y que es deber del Estado garantizarlo para todos los ciudadanos a efecto de reconocerles la igual dignidad que poseen.
  3. La reforma en el Código Civil del Distrito Federal remedia un sistema de apartheid sexual de facto, que solamente permite que algunos ciudadanos cuenten con todos los derechos y puedan casarse libremente.
  4. La Asamblea Legislativa tiene facultades para modificar la definición de matrimonio para incluir en ella a las personas del mismo sexo y dicha modificación al Código Civil es un ejercicio de federalismo que trata de dar una solución, democráticamente respaldada, hacia el reconocimiento de grupos sociales tradicionalmente discriminados.
  5. Bajo el principio de entera fe y crédito del artículo 121 de la Constitución y en consonancia al sistema federal, los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en el Distrito Federal deben tener pleno reconocimiento en el resto de las entidades federativas.
  6. Las normas establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, están encaminadas a dar protección a los diversos tipos de familia, pues está proscrito cualquier forma de discriminación que pretenda ejercerse sobre alguno de éstos. Las reformas no sólo no establecen distinciones que discriminen entre personas, sino que están encaminadas precisamente a terminar con la exclusión de la figura del matrimonio para personas del mismo sexo. Es por ello que, en todo caso, se debe ver con recelo aquellos argumentos, como los presentados por la PGR, que buscan restringir derechos y perpetuar discriminaciones legislativas.
  7. La censura que pretende establecerse en contra de las recientes modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal debería establecer de manera clara una justificación objetiva, razonable y proporcional que persiga un fin legítimo sin que se vulnere el derecho a la igualdad y la no discriminación, que no tiene.
  8. Apelar a circunstancias de hecho como que los niños adoptados puedan sufrir discriminación, corren riesgos psicológicos al ser criados dentro de familias homoparentales, etcétera, no es una razón para negar el  derecho a tener una familia. A partir de una premisa fáctica no puede darse el salto a una conclusión normativa sin caer en contradicción lógica. Por tanto no puede apelarse a una posible situación fáctica o contrafáctica dada como razón para negar la posibilidad de adoptar por parte de parejas homosexuales.
  9. El Estado mexicano está obligado a velar por el interés superior del niño en los términos del derecho interno e internacional de los Derechos Humanos, ello implica que el Estado tiene la obligación de reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, sobre los de los adultos.
  10. El Estado mexicano, en términos del derecho vigente, está obligado a respetar el principio de igualdad y no discriminación y, aunque puede establecer medidas que den un trato diferenciado a las personas siempre y cuando sean razonables y proporcionales con respecto a un fin legítimo, el hecho de considerar ex-ante la orientación sexual de una persona como no compatible con el interés superior del menor contradice plenamente la Constitución mexicana y los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por México.
  11. Existen estudios que demuestran que los menores de edad criados en familias homoparentales no sufren ningún daño y tienen un desarrollo normal. Se ha probado científicamente que es falso que las personas homosexuales estén enfermas, sean anormales o sufran de un trastorno mental y la creencia popular de que los homosexuales per se son incapaces de formar una familia, son inestables o abusan de los menores de edad. Dicha percepción está basada en estereotipos y prejuicios irracionales.
  12. Existen cerca de medio millón de familias homoparentales en México que sufren del rechazo social e invisibilidad jurídica al no existir la posibilidad de la adopción secundaria. Aceptar la pretensión del Procurador de prohibir la adopción a parejas homosexuales en razón de su orientación sexual, condena también a esas familias homoparentales ya existentes al rechazo, al estigma y a la discriminación.
  13. Seguir afirmando la verdad de prejuicios y falacias que han sido científica y racionalmente probados como irracionales y falsos, equivale a seguir afirmando que la tierra es plana, que el sol gira alrededor de la tierra, que los indígenas no tienen alma o que las mujeres son seres mentalmente débiles.
  14. La pretensión de la PGR de reservar la adopción únicamente a las parejas y matrimonios heterosexuales, fundada en la supuesta protección del interés superior del niño, no cumple con los criterios de razonabilidad ni de proporcionalidad pues los argumentos presentados en la acción de inconstitucionalidad de la PGR se basan en estereotipos y prejuicios que no pueden ser aceptados por esta Corte de Justicia. Aceptar esos argumentos equivaldría a aceptar que el Estado puede violar derechos de minorías con base en la ignorancia compartida por un grupo de personas.
  15. En consecuencia, la Suprema Corte debe rechazar la pretensión de la PGR por contravenir la Constitución, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligatorio en México por la vía del artículo 133. Una Corte de Justicia verdaderamente garantista debe evitar la incorporación de prejuicios en el sistema jurídico mexicano.
  16. No podemos permitir que los prejuicios se conviertan en un triste obstáculo para el avance de los derechos, esto es, el reconocimiento de la igualdad en la distribución y disfrute de los mismos. Del mismo modo, no pueden ser una barrera para la garantía de la dignidad de nuestros ciudadanos. No es posible permanecer impávidos frente a los intentos por consolidar una red de creencias generalizadas en contra de ciertos sujetos en virtud de sus preferencias sexuales usando al Derecho como medio de legitimación. Debemos tener siempre presente que las ideas discriminatorias, el discurso del rechazo, la exclusión y la estigmatización de ciertos ciudadanos simplemente por sus preferencias u orientaciones sexuales no tiene cabida en el discurso del constitucionalismo democrático.
  17. La Suprema Corte de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, ocupa un lugar estratégico para llevar a cabo la materialización de los ideales del constitucionalismo democrático incorporando a su práctica las técnicas de razonamiento judicial que le son propias. La consecuencia de asumir dichos compromisos conlleva, a nuestro modo de ver, a confirmar la constitucionalidad del matrimonio y la adopción en el DF.
  18. Por las anteriores razones este comité de expertos piensa que debe hacerse un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se protejan los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a tener una familia, a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana, desarrollados en los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal por estar acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

* Este documento es producto de la colaboración entre un equipo multidisciplinario de expertos, así como del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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