La semana pasada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional con nueve votos a favor, el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche, la cual prohíbe la adopción de menores de edad a personas que optan por dicha unión civil.

obstaculo

El fallo de la Corte sin duda fue positivo, ya que a pesar de argumentos conservadores y de escaso contenido jurídico por parte del ministro Medina Mora, el Tribunal mantuvo de forma congruente la línea jurisprudencial sobre la orientación sexual de las personas como categoría protegida por el principio de igualdad y no discriminación y el concepto amplio de familia, que ha venido construyendo desde el año 2010 y que  ha permitido reivindicar de forma paulatina los derechos de la comunidad LGBTI a lo largo del territorio nacional. No obstante, cómo señala un texto publicado en este mismo blog, ¿es realmente una batalla ganada?

Si bien las emblemáticas  sentencias de la Corte son de celebrarse, vale la pena tomar el caso de la reforma por parte del congreso de Campeche, para reflexionar acerca de las consecuencias de este tipo de modificaciones por parte del legislador local para los movimientos sociales de grupos en situación de vulnerabilidad como la comunidad LGBTI. Quienes a pesar de construir estrategias sólidas de litigio ante el Poder Judicial para el reconocimiento de sus derechos, se ven enfrentados, bajo el argumento del Estado federal, a obstáculos y trabas que conllevan a un círculo vicioso sin fin de acciones y recursos legales.

En ese sentido, es importante señalar que la competencia que reviste el legislador local para regular ciertas materias, no le exime de cumplir con el contenido del principio de igualdad y no discriminación que emana del artículo primero constitucional y de los tratados internacionales que hace parte el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, vale la pena resaltar el artículo 28 de dicha Convención el cual en su inciso 2) establece que: “con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.” Es decir, el tratado interamericano considera que la forma de gobierno de un Estado no puede ser justificación para que éste deje de cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna.

En el caso de las actuaciones de los congresos locales de los estados de la federación en México, esta cláusula es sumamente importante, ya que independientemente de la forma de gobierno, el artículo 2 de la Convención Americana establece dos obligaciones en materia legislativa a los Estado parte: por un lado, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.1

Como ha señalado Ariel Dulitzky, “el hecho de que los Estados puedan fijar las condiciones del ejercicio de un derecho determinado, no impide su exigibilidad conforme al derecho internacional […] Los artículos 1 y 2 de la Convención no distinguen entre personas sujetas a la jurisdicción de Estados federales y personas sujetas a la jurisdicción de Estados unitarios.”2 Por tanto, el reconocimiento de los derechos de las personas, no puede ni debe depender de la entidad federativa en la que se encuentre, ni estar sujeta, en el caso de la comunidad LGBTI a movimientos conservadores y religiosos dentro del Poder Legislativo. Tampoco se puede exigir a las personas acudir al Poder Judicial, con todo lo que ello implica, cada vez que un congreso local emita una normativa discriminatoria.

Ante estas prácticas legislativas, resulta necesario que tal y cómo se han hecho esfuerzos de capacitación y sensibilización respecto al control de convencionalidad de los órganos jurisdiccionales, se comience a trabajar dentro de los congresos locales sobre la responsabilidad que éstos tienen como parte del Estado mexicano, de dar cumplimiento a los principios y obligaciones que derivan no solo de la Constitución mexicana, sino de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Maestría en Derechos Humanos y Democratización. Socia de ELEMENTA, Consultoría en Derechos.


1 Véase: Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220.

2 Véase: Ariel E. DULITZKY. FEDERALISMO Y DERECHOS HUMANOS. EL CASO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA. Disponible aquí.

Te recomendamos: