El sistema jurídico mexicano es fundamentalmente escrito. Si un ciudadano se dirige a los órganos de gobierno debe hacerlo mediante un escrito, según el artículo 8º constitucional. De igual forma, cuando la autoridad se dirige al gobernado su mandamiento deberá contenerse en un escrito, según indica también el texto de la Constitución. En pocas palabras, la interacción entre el particular y la autoridad siempre deberá tener un respaldo documental.

internet

Esto, junto con otras causas, explica por qué los expedientes judiciales son voluminosos y de difícil comprensión, pues una a una se va glosando diversas constancias que reflejan el problema jurídico en cuestión. Todo aspecto de la realidad, desde la descripción de la escena del crimen y las pruebas ahí halladas o las contiendas entre familiares que disputan una herencia, necesariamente deben obrar en escritos.

Naturalmente las partes desean saber qué ocurre en su asunto y requieren fotocopias de su expediente para tener un respaldo. Ahí subyace la dinámica abogadil de solicitar fotocopias, donde hay dos escenarios: existen tribunales donde el manejo de los expedientes es relajado, pues materialmente entregan el expediente a la parte y, reteniéndole su identificación, permiten que el justiciable se encargue de llevar el expediente a la máquina copiadora; pero también hay tribunales menos permisivos, que exigen que haya un acuerdo formal que autorice la expedición de la copia.

Entonces deberá mediar una solicitud por escrito del justiciable, esperar a que se dé contestación al escrito mediante un auto, comparecer a los estrados del juzgado –muchas veces en un horario restringido, que fija discrecional y arbitrariamente el propio tribunal-, ir acompañado de un funcionario a la máquina copiadora, pagar el importe de las fotocopias –que suele ser oneroso, pues hay expedientes que sobrepasan el millar de fojas- y finalmente levantar una constancia donde se dé razón de la entrega-recepción de las fotocopias. Este proceso, dependiendo de la eficacia y rapidez de la emisión del acuerdo por parte del juzgado, mínimo demorará dos días. Además del tiempo invertido por el justiciable, el funcionario judicial también ocupa su tiempo en acordar una petición fútil, que bien pudiese dedicarlo a otras cuestiones más trascendentales y no de mero trámite.

Ante este escenario, entonces, vale plantear la siguiente pregunta: ¿la reproducción de constancias procesales mediante la tradicional fotocopia es la única vía para que el justiciable tenga conocimiento de su expediente? Nos parece que no, pues hoy en día existen otros recursos tecnológicos que darían el mismo resultado pero inclusive con mayor eficiencia, gratuidad e inmediatez. Sin embargo, la judicatura no lo entiende así, porque en la práctica muchos tribunales celosamente prohíben que, por ejemplo, las personas fotografíen o reproduzcan de manera digital el contenido del expediente y exigen que por escrito se solicite y luego se autorice.

Un ejemplo: en el fuero federal se invoca el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: “Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes.”1

Al margen de la deficiente redacción que tiene este artículo desde el punto de vista de los signos de puntuación (observemos que en un precepto de 40 palabras se usaron 6 comas), hay un inconveniente clave en la aplicación que dan los tribunales a este precepto, pues aunque éste se refiere sólo a fotocopias certificadas, es común que los jueces condición inclusive la expedición de copias simples a su autorización. Por el contrario, a nuestro entender, debiese existir decreto judicial únicamente cuando se soliciten fotocopias certificadas pero no cuando se pidan fotocopias simples, pues no hay norma jurídica específica que así lo exija.2 Además de que si revisamos la fecha de expedición de tal norma, evidentemente hace 72 años el legislador ni siquiera imaginaba que en la segunda década del siglo XXI el mundo estaría plagado de aparatos tecnológicos que permitieran, de forma instantánea y cómoda, reproducir íntegramente un expediente judicial en un aparato celular.

¿Por qué no adoptar, entonces, interpretaciones innovadoras que vayan progresando paralelamente a la realidad? Sobra subrayarlo: el ordenamiento jurídico no debe estar alejado de los desarrollos tecnológicos, las prácticas judiciales también debieran actualizarse. Se menciona esto porque justo el día hoy se encuentra en la Suprema Corte la contradicción de tesis 122/2015, bajo la ponencia del ministro Franco.3 La cual se suscitó debido a que un tribunal colegiado del Distrito Federal,4 en 2007 y siendo ponente del asunto el entonces magistrado Pérez Dayán (hoy ministro de la Corte), resolvió que no se le agravia a un justiciable la negativa de autorizarle que utilice medios tecnológicos para reproducir constancias de autos, cuando el propio tribunal le autorizó la expedición de la fotocopia. En contraposición, en 2015, un tribunal colegiado de Jalisco5 resolvió que la negativa de un juez de distrito de permitirle al quejoso que fotografíe constancias de autos sí le genera un agravio, pues el acceso a la justicia expedita implica la remoción de aquellos obstáculos formales que le impidan tener conocimiento inmediato del avance de su asunto.

Con este caso, por tanto, los ministros tienen ante sí la posibilidad de refrescar interpretativamente una práctica en la judicatura que, si bien es de mero trámite, es trascendente para que el justiciable apuntale su estrategia judicial. Y más allá del mero gusto o comodidad que implica tener una fotografía de una actuación judicial, hay elementos trascendentes que la Corte debiese ponderar, porque atendiendo al principio de previsibilidad todo tribunal debe echar un vistazo a los efectos futuros que tendrá su resolución. Veamos.

Desde la inmediatez en el acceso a la justicia, se evitaría la dinámica de promoción-acuerdo-expedición de la copia, pues es crucial evitar días de espera cuando se tiene un término para hacer valer algún otro derecho dentro del proceso. Desde la gratuidad, al justiciable que ya tenga un aparato tecnológico –que son muchísimos-6 se le evitaría erogar un gasto innecesario en pagar la copia documental. Y desde la progresividad, se oxigenaría una práctica judicial a favor de las personas, pues en nada afecta al tribunal ni a los derechos de la contraparte que una parte autorizada reproduzca digitalmente un expediente que ya vio con sus propios ojos.

Sobre todo, esta contradicción de tesis 122/2015 es relevante porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es omiso sobre el uso de medios tecnológicos, siendo un claro ejemplo de cómo la realidad ha desfasado las regulaciones que el legislador pudo imaginar cuando creó la norma. De ahí que la Corte tiene ante sí la opción de regular una práctica en la judicatura, y mediante precedentes jurisprudenciales mejorar el status quo, sin necesidad de esperar pasivamente a que llegue una reforma legal. No hay que olvidar que los tribunales constitucionales, al ser un catalizador de la cultura legal de una nación, permiten afinar el ordenamiento y sus prácticas a través de interpretaciones.

Ojalá la Suprema Corte emita una sentencia innovadora que aleccione a todos los juzgadores mexicanos sobre la pertinencia de ser abiertos –el afamado tema del open government- y dejar dogmatismos leguleyos y cerrados en un tema tan simple como la expedición de una copia.

Jesús Manuel Orozco P. Abogado por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Orozco & Pulido´s Abogados.
Sergio A. Villa Ramos. Pasante en Derecho por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Ochoa Cuétara y Asociados.


1 Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1943.

2 Por vía de ejemplo, el artículo 1067, párrafo segundo, del Código de Comercio, prevé que la sola petición verbal del justiciable es suficiente para expedir una fotocopia simple, pues se engloba en la noción misma de “imponerse de autos”.

3 Contradicción de tesis 122/2015, suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Denunciante: Jesús Manuel Orozco Pulido.

4 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, queja 12/2007, resuelta en sesión de 28 de febrero de 2007.

5 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, queja 29/2015, resuelta en sesión de 26 de marzo de 2015.

6 En México, el 49% de los usuarios de internet acceden a la red mediante aparatos Smartphone, lo que de suyo indica el alto impacto que tienen tales dispositivos en la vida cotidiana; cfr. Asociación Mexicana de Internet, “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014”, consultado aquí.