En los siguientes días el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado de la República dos ternas de candidatos para sustituir a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Es probable que, debido a un acuerdo entre el PRI y el PAN, el presidente proponga candidatos que tienen vínculos directos con estos partidos políticos y relaciones de lealtad con quienes los nominen y voten.* Nuestro argumento es que la inclusión en las ternas de candidatos con militancia partidista explícita bajo la lógica de la lealtad sería un movimiento miope que dañaría, eventualmente, al actual presidente, su partido, y a los legisladores y partidos que en su caso aprueben nombramientos de este tipo.

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La partidización de instituciones que, como la Suprema Corte, florecen en la medida que gozan de independencia y neutralidad puede parecer a primera vista un movimiento políticamente inteligente y audaz, pero lo es sólo desde una perspectiva estrecha y de corto plazo. En democracias donde la competencia política produce un grado suficiente de incertidumbre electoral, como la que existe en el México contemporáneo y que difícilmente cambiará en los próximos años, una institución independiente, legítima y neutral le trae réditos y beneficios directos a los políticos de todos los colores.

La ciencia política ha discutido algunos ejemplos de estos beneficios. Primero, frente a la probable alternancia, una corte legítima y fuerte constituye un constreñimiento eficaz a los abusos del presidente, mientras que una corte partidizada y deslegitimada es un blanco fácil para quien obtenga la mayoría de los votos (e.j. Ramseyer, 1994). En segundo lugar, y suponemos que relevante para el presidente Peña Nieto, las expectativas legales y políticas creadas por las recientes reformas constitucionales y legales estarían mejor protegidas ante cambios político-electorales por una corte neutral y legítima (Landes & Posner, 1975). En tercer lugar, una corte a donde los litigantes llevan sus casos porque no conocen de antemano el resultado es una fuente de información valiosa y detallada sobre los efectos reales de las leyes y las políticas públicas (Rogers, 2001). Más aún, una corte sólida y con apoyo social ayuda a que los políticos en el ejecutivo y legislativo repartan el costo de revertir políticas populares cuyas consecuencias no previstas las han vuelto inviables (e.j. Gilligan & Krehbiel, 1990). Como se muestra en las democracias consolidadas, una corte con legitimidad puede pagar altos costos que de otro modo pasan a los representantes. En síntesis, partidizar burdamente la Suprema Corte es perder lo importante por ganar lo inmediato.

En un sistema de nombramiento de ministros como el que tenemos en México es legítimo que el titular del ejecutivo incluya en las ternas personas cercanas a su ideología política, más aún cuando los individuos tienen una reconocida trayectoria profesional y estatura intelectual. Pero cercanía ideológica es una cosa, compartir militancia política y vínculos partidistas y personales de lealtad es otra. Todos los ministros, magistrados y jueces tienen una cierta ideología política, más o menos definida. De hecho, en casos concretos, las decisiones de los jueces son “una función de lo que prefieren hacer, atemperado por lo que creen que es su deber hacer, y constreñidos por lo que es factible hacer” (Gibson, 2008, 122). En otras palabras, en un juez, cuando decide casos, se combinan su ideología, su concepción del rol que debe cumplir, su interpretación de la ley en cuestión, y su percepción de las condiciones de factibilidad de las alternativas. La militancia partidista y la lealtad que une a los miembros de un grupo político va en contra de la naturaleza del juez pues tiene una lógica completamente distinta. El militante de un partido, el compañero digno de confianza, cuando llega a un puesto relevante decide con base en lealtades con el grupo al que pertenece. La lealtad política en una corte se convierte en un sesgo sistemático al tomar decisiones en casos concretos. Ningún juez digno de llamarse así puede tener estos sesgos. No hay diseño institucional que inocule ese espíritu de grupo en un individuo y no hay legitimidad jurídica que lo resista.

Al partidizar a la Suprema Corte, al elegir a individuos con base en su lealtad, el presidente y los legisladores la debilitarían aún más, y al debilitarla darían muestra de una seria miopía política. Ojalá el presidente y los senadores nos sorprendan y seleccionen a personas que fortalezcan la percepción social de neutralidad, profesionalismo y autonomía de nuestro máximo tribunal. Si no es por respeto al constitucionalismo y a la protección de los derechos humanos, al menos que sea por estrategia política y visión de mediano y largo plazo.

Andrea Pozas Loyo. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Julio Ríos Figueroa. Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.


Referencias
Gibson, J. L. (2008). Judicial Institutions. In S. A. Binder, R. A. W. Rhodes, & B. A. Rockman (Eds.), Oxford Handbook of Political Institutions. New York, NY: Oxford University Press.
Gilligan, M., & Krehbiel, K. (1990). Organization of Informative Committees by a Rational Legislature. American Journal of Political Science, 5(1), 531–564.
Landes, W. M., & Posner, R. A. (1975). The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective. Journal of Law and Economics, 18(3), 875–901.
Ramseyer, J. M. (1994). The Puzzling (In) Dependence of Courts: A Comparative Approach. The Journal of Legal Studies, 23(2), 721–747.
Rogers, J. R. (2001). Information and Judicial Review: A Signaling Game of Legislative-Judicial Interaction. American Journal of Political Science, 45(1), 84–99.


* Ver, por ejemplo, Ricardo Raphael, “Militantes del PRI y PAN a la SCJN” del día 24 de septiembre en El Universal

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