El nombramiento de nuevos integrantes de la Suprema Corte que el presidente y el senado tienen ante sí puede ser objeto de análisis y comentario a muchos niveles. Como cada vez más voces hacen notar, hay motivos para cuestionar, por ejemplo, que el procedimiento constitucionalmente previsto sea adecuado, tanto desde la perspectiva de los requisitos a satisfacer por los candidatos como desde la perspectiva de la identidad de los actores que intervienen en él (o no tienen esa oportunidad) y de la articulación de sus atribuciones respectivas.

corte-mujeres

En esta nota me situaré en otro plano y me concentraré en sugerir algunos puntos que los legitimados para proceder a los nombramientos bajo el sistema tal y como está regulado ahora deberían tener cuidadosamente en cuenta. En breve, a mi juicio el presidente y el senado deben encarar la selección orientados por el ideal de la inobjetabilidad, porque sólo un esfuerzo sincero por lograr nombramientos tendencialmente inobjetables sería mostrar una sensibilidad mínima por la gravedad de la situación social y política en la que estamos inmersos y por la dimensión de los retos que (dentro y fuera de la Corte) esas ministras deberán encarar, con la Constitución en la mano. La idea es entonces sencilla y hasta suena demasiado obvia: ante una coyuntura extraordinaria, se impone un esfuerzo extraordinario por hacer nombramientos impecables, lo cual exige desterrar la actitud con que con frecuencia se han tomado estos procesos en el pasado.

Los políticos que ofician de representantes nuestros —y en particular el ejecutivo— parecen haber desarrollado en estos últimos tiempos una obsesión por negar lo evidente, al costo que sea. La situación del país está marcada, como es sabido, por una cifra de muertos y desaparecidos que hace palidecer lo ocurrido en las dictaduras del cono sur a finales del siglo pasado; por el mantenimiento de niveles de desigualdad enormes y por el aumento reciente de la pobreza extrema; por un deterioro económico indisimulable, y por un aparentemente imparable proceso de deslegitimación del aparato estatal, asociado a niveles inaceptables de corrupción, violencia e impunidad. El gobierno, sin embargo, mantiene una línea de discurso político y económico según el cual las cosas van bien o están dentro de los parámetros ordinarios y el legislativo mantiene una actitud que resulta en todo momento funcional a esta narrativa.

Es hora de dar un giro copernicano y empezar a mostrar una aguda conciencia de la profundidad de los problemas, en lugar de minimizarlos sistemáticamente. En el caso de los nombramientos de la Corte, el presidente y los senadores deben demostrar tener claro que la Corte a la que se integren las personas seleccionadas deberá acompañar o liderar los procesos de gestión política y jurídica de los problemas antes señalados, además de efectuar o —en lo que no puedan hacer directamente— impulsar, cambios interpretativos y regulativos en el poder judicial sin los cuales será igualmente muy difícil estar a la altura de las circunstancias. Se trata de que reconozcan que tanto los ministros como ellos enfrentan un abanico de retos extremadamente desafiante y de que, en congruencia con ello, aspiren esta vez a hacer nombramientos inobjetables.

¿Pero qué es esforzarse por hacer nombramientos tendencialmente inobjetables? A mi juicio, nos acercaremos o alejaremos de la inobjetabilidad según el peso que se conceda a una serie de factores que deben incluir, al menos, los siguientes:

1) Sensibilidad constitucional. Dado que la Corte es una institución llamada a articular el significado de la constitución, entendida como un instrumento que encauza la disputa política y que debe ser siempre distinguible de ella, no hay que nombrar esta vez personas que hayan sido cercanas a los juegos de la política partidista tradicional. Hay que encontrar candidatas que parezcan ofrecer garantías de poder colaborar en la construcción de un marco constitucional plural con la menor influencia posible —consciente o inconsciente— de proyectos políticos en disputa.

2) Equilibrio de género y territorial-cultural. Doy por descontado que, bajo el estándar de lo inobjetable, a la Corte ingresarán dos mujeres. Porque la cuestión no es siquiera asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el llenado de las vacantes, sino asegurar que la composición de la Corte resulta mínimamente congruente con una imagen general del tipo de sociedad que somos o queremos ser —la mitad de la cual está compuesta por mujeres—. El presidente debe, entonces, presentar ternas integradas exclusivamente por mujeres en esta ocasión. Al final del proceso, tendremos todavía a una Corte con solo 3 ministras de 11, lo cual exigirá contemplar los nombramientos futuros bajo la misma clave. Pero al menos los nombramientos serán inobjetables desde esta dimensión, en el sentido que habrán impedido que la situación sea todavía más vergonzosa. A ello debe añadirse la atención a otros factores que son siempre relevantes en la integración de una institución que a veces opera como árbitro en conflictos entre poderes públicos y otras —como he mencionado— hace valer compromisos normativos que aspiran a ser reconocidos como valiosos por toda la comunidad política, como son los vínculos territoriales y culturales de las candidatas.

3) Entendimiento ciudadano del derecho. El poder judicial mexicano está permeado, como sabemos, por dinámicas y modos de pensar y hacer perfectamente identificables, en muchas ocasiones no ajenas a la percepción ciudadana de que la justicia es inaccesible e inentendible. Por supuesto, una trayectoria profesional en el poder judicial garantiza familiaridad con un cierto conocimiento que en la Suprema Corte puede ser útil. Pero dado que en la Corte actual ya hay suficientes ministros de carrera judicial, considero que toca nombrar a personas de otra extracción profesional.

4) Sensibilidad socioeconómica. El trasfondo de las candidatas debe asegurar que tendrá la empatía y el conocimiento empírico necesario para entender las exigencias de proteger derechos y hacer justicia a las personas desaventajadas, en los términos dispuestos en la constitución y los tratados. Ciertamente, que una persona sea rica y lleve el tipo de vida que lleva la clase media-alta en México no la descalifica automáticamente para ser buena juez constitucional, y en circunstancias ordinarias esta dimensión no debería recibir demasiada atención. Pero las circunstancias actuales no son normales. Dado que la Corte deberá impulsar un complejísimo proyecto colectivo de desarticulación de ventajas y jerarquías estructurales casi castistas, además de dar —esperemos— un giro “republicano” a la institución, las nuevas ministras deben saber a cuánto están el jitomate y el huevo, deben haber usado el transporte público y no deben ser ajenas a lo que ocurre en hospitales y escuelas públicas, especialmente fuera del DF. Las potenciales ministras deben ser muy conscientes de que lo que unos pagan por un café en Starbucks supera lo que ganan al día millones de mexicanos y ofrecer base para pensar que cuando se instalen en Pino Suárez nº 2 y ganen lo que ganarán, no lo olvidarán del todo.

5) Honestidad y sustancia profesional. El historial profesional de la candidata debe dar garantías de honestidad profesional y debe reflejar una trayectoria marcada por el trabajo sustantivo. Por ello no me parece conveniente en esta ocasión nombrar a una persona con una trayectoria excesivamente corta que no permita evaluar el tipo de vínculos profesionales que ha ido estableciendo. Hay que priorizar aquellas personas que tengan pocas deudas con el tipo de intereses sociales, económicos y políticos que no siempre quedarán contentos con su futura actuación en la Corte.

Para mí, estos cinco factores son más importantes en esta ocasión que la opinión de las candidatas sobre el bloque de la constitucionalidad, el aborto o la posición de las leyes generales. No es que estos asuntos me sean indiferentes, claro, pero creo que las discusiones sobre temas constitucionales sustantivos no harán la contribución esperada a nuestra vida colectiva si no se dan en el seno de un Corte percibida como legítima por los ciudadanos. Y en la coyuntura actual, creo que la Corte sólo conseguirá no perder la frágil legitimidad que ha ido construyendo en estos años si el presidente y los senadores nombran a personas sencillas, con un estilo de vida no plutocrático, y con una trayectoria profesional que evidencie que no quedan deslumbradas por el poder, ni condicionadas por su amistad con el establishment, y que han sido capaces de subordinar el ingreso y la notoriedad a otros objetivos en la elección de los proyectos profesionales en que se han involucrado.

La inobjetabilidad es, por supuesto, un ideal regulatorio. No significa que los nombramientos no vayan a ser objetados –siempre habrá alguien descontento. Acercarse lo más posible a ella significa reducir lo más posible el número de argumentos que una ciudadanía crecientemente indignada podría elevar ante la selección de las personas que integrarán una institución tan importante para todos. El presidente y el senado deben entender que los ciudadanos sabremos distinguir entre un buen esfuerzo y un teatro vergonzoso, entre un nombramiento aceptable, o incluso bueno, o hasta cercano a lo inobjetable, y uno impresentable, obsceno e irresponsable.

El presidente y el senado deben entender también que, a estas alturas, aspirar a hacer nombramientos inobjetables en la Corte es la única actitud racional para ellos. Hacer nombramientos que aumenten la legitimidad de la Corte es el único modo de empezar un camino que, con el tiempo, frene su propia pérdida de legitimidad. Finalmente, una Corte legítima puede ocuparse de resolver problemas y aliviar así algo de la presión que de otro modo recaerá sobre ellos. Un año después de Ayotzinapa, si los políticos nos dieran la sorpresa de tomárselo en serio, de intentar hacerlo bien, podríamos decir quizá que ya hemos tocado fondo, y que estamos en el kilómetro cero del duro camino que habrá que recorrer para reconstruir las bases de nuestra dignidad y bienestar colectivos.

Francisca Pou Giménez. Profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

Te recomendamos: