Ante el inminente nombramiento de dos nuevas ministras (y desde ahora me manifiesto porque sean mujeres) de la Suprema Corte de Justicia es igualmente importante discutir lo que se quiere y lo que no se quiere de la Corte, a partir de lo que demanda el diseño constitucional mexicano y, de manera muy relevante, del contexto socio-económico actual. Las atribuciones de la Corte la delinean como un tribunal que capaz de asegurar la realización de los objetivos constitucionales, y no solo un órgano de legalidad. Esto significa que se trata del último garante de la eficacia de las normas constitucionales. En otras palabras, a la Corte le corresponde asegurar que todas las autoridades hagan su trabajo para hacer realidad las promesas constitucionales.

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Mirado desde ahí hay tres ejes que en los últimos años han moldeado a nuestro pacto constitucional: derechos humanos, reformas energética y de telecomunicaciones, y democracia. Sin embargo, no todas las promesas contenidas en esos ejes son coherentes o consistentes entre sí, ni son igualmente eficaces en la realidad. Mientras los derechos humanos establecen un marco para la inclusión de los sectores de la población sin poder (que en el caso de nuestro país son las mayorías y no las minorías) y para asegurar una vida digna, de frente se encuentran con las reformas en materia energética y de telecomunicaciones que traen aparejado el riesgo de permitir una mayor concentración de recursos en una élite política y económica. Además, los últimos años han demostrado que la mera democracia electoral no mejora el goce y ejercicio de derechos, por el contrario, actualmente nos encontramos frente a un contexto de violaciones graves y extensas a los derechos humanos.

En el centro de este aglomerado de ejes constitucionales se encuentran las decisiones políticas fundamentales que establecen la idea de Estado que tendremos para los próximos años. Los ministros de la Corte tienen el potencial de pronunciarse sobre esas decisiones políticas fundamentales, por ejemplo, decidir sobre la redistribución económica, que cruza al derecho a la igualdad y los derechos sociales, pero también la forma en que finalmente se lleven a cabo y se resuelvan los problemas de las llamadas reformas “estructurales”. Los casos no están aislados, no hay casos de derechos y casos económicos, todos los asuntos inciden en los derechos y definen los rumbos políticos y económicos del país (se asuma así o no).

Porque la Corte importa, importa quiénes son los ministros de la Corte. Por ello, partamos de un rotundo no a la partidización de la Corte. Los ministros deciden sobre aspectos políticos pero ello no significa que deban ser designados para representar intereses partidistas determinados. Es más, el que los políticos cuenten con ministras y ministros apartidistas les asegura la posibilidad misma del juego democrático y de los intereses que representan.

Porque la Corte importa, importa que su integración sea diversa. De entrada, las candidatas deben ser y parecer independientes, imparciales y ser autoridad en alguno o algunos de los ejes constitucionales. Sobre esa base y ante el contexto planteado líneas arriba, conviene pensar en una Corte que privilegie el diálogo hacia el interior del tribunal, con el propio poder judicial, con los otros poderes y con la sociedad. En consecuencia, requerimos candidatas que le den diversidad a la Corte actual. Que provengan del ámbito del litigio, la academia o las organizaciones sociales, para abrir la discusión de los temas constitucionales fundamentales más allá del propio poder judicial. En el contexto actual, importa también que en la Corte participen quienes impulsan la protección de los derechos (de origen nacional e internacional) y que logren poner a esos derechos en el centro de las discusiones sociales, económicas y políticas por venir.

Finalmente, importa que todas las candidatas y las futuras ministras, sean mujeres. No solo por la Corte, sino para avanzar hacia una democracia sustantiva que dé un paso más hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Son las ausencias en la Corte actual y el contexto político, social y económico del país, lo que nos da las claves para identificar el perfil de las próximas ministras.

Sandra Serrano. Profesora – Investigadora. Flacso México

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