Las comparaciones no son siempre justas o precisas, pero en la historia judicial norteamericana hay un episodio de hace 28 años que representa un buen ejemplo de cómo deberían desarrollarse, una vez que el presidente Peña Nieto presente la correspondientes ternas de candidatos, las comparecencias en el Senado mexicano para la designación de los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia.

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En 1987, quedó libre una vacante en la Corte de los EEUU. Ronald Reagan, en su carácter de presidente de ese país, propuso a Robert Bork, juez y catedrático de Yale de cierta reputación en el ámbito constitucional norteamericano. Era claro para muchos que la nominación poseía un carácter eminentemente ideológico. Reagan, de hecho, llegó a señalar que Bork compartía su punto de vista sobre el papel de la Constitución en una democracia y lo nominó precisamente por estar colocado en el lado conservador del espectro interpretativo: el originalismo.

Lo interesante de este episodio fue que las audiencias ante la comisión de asuntos judiciales del Senado de este país –que tienen por objeto examinar la idoneidad de los nominados para ejercer el cargo–, se vieron precedidas por intensas campañas a favor y en contra de Bork: desde encuestas callejeras hasta programas de radio y televisión. Podría decirse que pocos procedimientos de ese tipo se habían realizado con tanta expectativa; casi como sucede al día de hoy en el caso de México. Lo más destacable del acontecimiento es que los estadounidenses siguieron por televisión los intensos cuestionamientos de los senadores quienes analizaron casi cada milímetro del pensamiento constitucional del candidato.

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Al final, Bork no pasó la prueba. Su nominación fue rechazada por el Senado estadunidense el 23 de octubre de 1987. Incluso le fue tan mal que miembros del partido conservador votaron en su contra.

Este episodio evidencia la necesidad y relevancia de un análisis minucioso del pensamiento constitucional de quienes integren las ternas de candidatos para ministros de la Suprema Corte. Labor de escrutinio que correspondiente a nuestros senadores.

En el caso de los relevos de los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero debe exigirse a los senadores unas comparecencias lo suficientemente inquisitivas como para disipar toda sospecha sobre la legitimidad de las propuestas presidenciales. Es ahí donde las dudas derivadas de una posible militancia partidista explícita o del compadrazgo pueden ponerse a prueba.

Con ello, no me refiero únicamente –y como ha sucedido en otras audiencias– a que se siga una dinámica en la que los aspirantes nos hablen vagamente de su compromiso con los derechos humanos, la paridad de género, el principio pro persona… y que nos repitan una centena de veces la palabra “ponderación”, seguida de preguntas “respetuosas” planteadas por los senadores.

Eso no debe suceder cuando tenemos enfrente a juristas de peso que se sitúan en una fase de su desarrollo intelectual tal, que en principio les permite tener construida una doctrina constitucional con cierto grado de articulación. Sería sumamente enriquecedor observar discusiones entre perfiles con experiencia, pero también con la capacidad para saber unir en un todo coherente las distintas piezas que componen una democracia constitucional.

Espero que las comparecencias lleguen a convertirse en auténticos seminarios constitucionales donde los ponentes muestren su pensamiento judicial y los senadores lo cuestionen abiertamente. Esa lógica, además de permitir mostrarnos a todos los mexicanos las virtudes intelectuales que requiere un ministro, puede evidenciar también las virtudes morales que le son exigibles. En un país como el nuestro donde no todo lo que brilla en el mundo jurídico es oro, debe profundizarse en el pensamiento y obra de los candidatos. Es el mejor remedio para desenmascarar a los meros simuladores pues no hay que olvidar que los hay de todos los perfiles y sin importar su género.

Leopoldo Gama. Secretario de Estudio y Cuenta (TEPJF). Twitter @pologama