Muchos consideramos que el término “progreso” debe sustentarse en la evolución, reconocimiento y eficaz protección de derechos fundamentales dentro de una sociedad.1 En México, sin embargo, la idea de progreso se ha entendido de una forma distinta; se ha medido con otros parámetros. Los indicadores económicos, industriales, de recaudación y reparto del gasto público, de productividad, inversión, consumo, entre muchos otros, han distraído la mirada de aquellos que —inmersos en escenarios de control social— han ejercido el poder público.

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A lo largo del siglo XX, el descuido en la tutela de varios derechos humanos se enlazó con prejuicios morales arrastrados desde el siglo XVI; y se entrelazó con una inoperancia legislativa generalizada en materia de política de drogas. Este híbrido facultó a un sector social que utilizó su posición de poder para mantener durante casi un siglo la errónea estrategia de prohibición/criminalización en materia de sustancias. Esa estrategia se convirtió en una política pública muy difícil de comprender e imposible de justificar. Sin embargo, el pasado 4 de noviembre de 2015, el paradigma prohibicionista recibió un golpe vital y fue fisurado por primera vez.

Es tal la vitalidad de este golpe que no sólo trascenderá como un punto coyuntural en la historia de las drogas en este país, sino que posiblemente figurará en los anales de la historia social, cultural, jurídica y, tal vez inclusive, económica de México. En relación al caso de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable (SMART)2 son varias y de trascendencia escalonada las implicaciones del fallo emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte.3

A partir de esta coyuntura, y en virtud de la sensatez de una eventual reglamentación, la línea tan ambigua que en nuestra sociedad separa lo “normal” de lo “anormal” será reubicada. Es decir, mediante la protección estatal de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de cannabis se situará a este grupo en una posición legítima y de inminente desestigmatización. En este sentido, al permitirles emprender sus propias prácticas de horticultura, se les desvinculará del  contexto criminal; y se les alejará del consumo de una marihuana de dudosa procedencia, que en los cultivos clandestinos se rocía con plaguicidas de la peor calidad, y que en el mercado negro se mezcla con químicos que potencian su psicoactividad, convirtiendo su consumo en un auténtico problema de toxicidad para la salud individual. Sin duda, el contenido de este fallo y su eventual desenlace podrá permear positivamente en el imaginario de varios sectores de nuestra sociedad.

Además, no es cosa menor declarar inconstitucionales ciertos artículos asociados a la prohibición del consumo y que, por ende, delimitaron el territorio donde se gestó el mercado ilegal de drogas. Los artículos de la Ley General de Salud que se han declarado inconstitucionales han estado vigentes por décadas y es imposible negar su relación  con la génesis del narcotráfico y con la catástrofe de seguridad pública que vive nuestro país. Tampoco es asunto menor la posibilidad de eventuales efectos retroactivos para quienes han sido privados de su libertad por “delitos contra la salud” en su modalidad de posesión simple de marihuana. Se trata de decenas de miles de personas encarceladas en prisiones federales4 sin que, como ya estableció la Corte, existiese necesidad y proporcionalidad al sancionarlos penalmente.

Dentro de una democracia con aspiraciones liberales como la nuestra, el caso de SMART ha dado un ejemplo de la capacidad que la sociedad mexicana tiene para organizarse: para desarrollar una estrategia legal compleja, para tocar las puertas del máximo tribunal de justicia de este país y exigir el respeto de las garantías constitucionales que arbitraria y sistemáticamente se han violentado por décadas.

Aunque se trata de una pequeña fisura en un entramado legal blindado con dogmas, los ministros que votaron a favor de esta decisión progresista merecen el reconocimiento de nuestra sociedad; especialmente el ministro Arturo Zaldívar por ese proyecto de ochenta y tantas páginas que trascenderá como una verdadera joya documental dentro de la historia jurídica de México.5 Sin embargo, no hay que perder de vista que corresponde a la sociedad civil penetrar las puertas recién abiertas en el paradigma prohibicionista, para llevar esta causa a sus últimas consecuencias legislativas, logrando una reglamentación eficaz y garantista. De lo contrario el fallo emitido hace unos días quedará estancado en los umbrales de la trascendencia.

Tampoco hay que perder de vista que la marihuana y su consumo es sólo uno de los cientos de temas que deben analizarse con rigor y bajo la lupa del debate público; la planta cannabis y sus consumidores es solamente uno de los centenares de puntos que urge reconstituir dentro del tan vulnerado contrato social que nos une como comunidad política.

Y si a los miembros del poder legislativo no les interesa la defensa de los derechos humanos de un sector importante de la población a la que dicen representar, y si no perciben el simbólico jalón de orejas que la Corte les acaba de dar, entonces, que reglamenten en torno a este tema contemplando posibilidades de desarrollo. Es inconmensurable la riqueza —no sólo económica, sino también cultural— que se podría generar con el impulso y la regulación de los usos lúdicos, médicos e industriales de la marihuana.

José Domingo Schievenini. Licenciado en Derecho. Actualmente realiza el doctorado en historia en la UNAM, donde su línea de investigación se centra en la historia de las drogas en México. Twitter: @DomSvn


1 Esta consideración se basa en lo propuesto por dos historiadores: Le Goff, Jaques, Pensar la Historia. Modernidad, presente, progreso, Paidos, España, 2005; y Ruffie, Jaques, De la biología a la cultura, Muchnik Editores, España, 1982.

2 El sitio web de esta Asociación Civil es: http://www.smartclub.mx

3 Aquí puede encontrarse el comunicado prensa 193/2015, titulado “Prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana es inconstitucional: Primera Sala”: http://bit.ly/1SDsJVk

4 Pérez, Catalina y Karen Silva, El Estado frente al consumo de drogas ilícitas en México, Cuadernos de trabajo del Programa de Política de Drogas, CIDE, México, 2014.

5 Este proyecto puede consultarse íntegramente en la sitio web de SMART: http://bit.ly/20H0Vol

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