Ayer, miércoles 2 de diciembre, continuaron, en la Comisión de Justicia del Senado de la República, las comparecencias de quienes han sido propuestos por el presidente Peña Nieto para ocupar las dos vacantes que los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, recién dejaron tras veintiún años de servicio en la Suprema Corte. El día de ayer se presentaron dos de los candidatos que conforman la terna para sustituir al ministro Silva Meza; en esta crónica me ocupo del segundo de los comparecientes: Álvaro Castro Estrada. Exmagistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, funcionario público en diversas secretarías de Estado durante los últimos tres sexenios y actual magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

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En su exposición inicial, el magistrado Castro Estrada se abocó al análisis de algunas de las discusiones constitucionales que suenan en nuestro país como producto de decisiones recientes de la Corte. Tocó el lugar común del nuevo paradigma de derechos humanos y la influencia de las convenciones internacionales en el derecho interno. Finalmente, enumeró ocho temas que desde su perspectiva son apremiantes en temas de justicia para México: 1) el incumplimiento generalizado de las normas jurídicas en el país por parte de autoridades y ciudadanos; 2) en su opinión, la jurisdicción constitucional de la Suprema Corte debería pasar a un tribunal constitucional y crear un tribunal de casación para así reducir las cargas de trabajo; 3) la reforma al juicio de amparo 2011 no fue suficiente y debe venir una nueva reforma para que el amparo sea más ágil y más cercano a los ciudadanos; 4) el juicio de amparo debe ser más eficiente utilizando los medios tecnológicos actuales; 5) la reparación del daño a las víctimas del delito debe regularse de forma que ésta se haga efectiva en todos sus aristas posibles; 6) las sentencias constitucionales deben ser vanguardistas y no formalistas; 7) el juicio de ponderación de principios es la nueva y la mejor herramienta que tienen los juzgadores constitucionales para garantizar los derechos de las personas y obtener certeza jurídica y; 8) la Corte debe ocuparse de la nueva distribución de competencias que involucra la incorporación de los organismos constitucionales autónomos. Añadió también que es preferible que la Constitución mexicana sea una de principios o minimalista y no detallista o reglamentaria. Hasta aquí es posible decir que su diagnóstico, sobre los problemas que aquejan a la justicia mexicana, es en buena medida atinado.

No obstante, las preguntas de los Senadores ignoraron casi en su totalidad la exposición del magistrado Castro. En un primer término, se le cuestionó a Castro Estrada sobre temas de derechos (matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de parejas homoparentales, reasignación sexual, gestación subrogada, divorcio sin causales, eutanasia, aborto, etcétera). Estas preguntas fueron planteadas ya que la Senadora Angélica de la Peña (PRD) apuntó que le preocupa que un ministro liberal –como Silva Meza- sea sustituido por uno conservador. El magistrado Castro evadió todas las preguntas ya que en su perspectiva no podía responder sin conocer los méritos del caso, pues ello implicaría prejuzgar sobre un asunto que en un futuro podría llegar a ser de su conocimiento. Castro Estrada no salió bien librado de estos cuestionamientos, pues a lo largo de la comparecencia varios de los Senadores justo lo acusaron de evadir las preguntas o, bien, de contestarlas con meras generalidades. Al punto que desde la perspectiva de algunos legisladores el magistrado Castro prefería no comprometerse con ciertas respuestas que pudieran causar polémica con ciertos partidos políticos. Aunque, por otra parte, hay que señalar que las preguntas fueron planteadas en forma de casos concretos que ha resuelto la Corte y, por ello, al evadir las respuestas, el compareciente dejó un resquicio para pensar que quizás no conocía algunos de estos asuntos que han sido notablemente relevantes en la actividad jurisdiccional del país.

El magistrado fue también cuestionado por dos escándalos políticos en su carrera profesional: el primero tiene que ver con el hecho de que recibió en 2007 la Condecoración del Orden Ecuestre de San Gregorio Magno otorgado por el Vaticano, razón por la cual podría tener cercanía con grupos religiosos y conservadores, relación que negó y justificó ya que se desempeñó como Director General de Asociaciones Religiosas en la Secretaría de Gobernación. El segundo escándalo fue el de un altercado con el exsenador Ricardo García Cervantes, a raíz del caso conocido como Pasta de Conchos, cuando se desempeñó como Subsecretario del Trabajo. Tal altercado con el entonces Senador le costó el cargo por haberlo increpado por escrito. Ante tal episodio, algunos Senadores lo tildaron de intolerante. No obstante, el Senador Javier Lozano (quien fuese su superior jerárquico del magistrado Castro en la Secretaría del Trabajo) salió en su defensa, situación que causó cierta preocupación por algunos Senadores respecto la independencia partidista del compareciente.

En lo que respecta a temas de derecho procesal constitucional, se le pidió su opinión respecto de un par de medios de control constitucional que están en el abanico de facultades de la Corte. Castro expuso que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un medio extremo que la Corte debe cuidar ya que es un triunfo de la sociedad para que los criterios de amparo tengan efectos erga omnes y, de esta manera, de alguna forma acercar la justicia a las personas. El segundo de estos medios se trata de la calificación de constitucionalidad de la consulta popular, cuyo enredoso diseño fue cuestionado por los Senadores Manuel Bartlett y Javier Lozano, al ser una figura que se desnaturalizó en su función de devolver las decisiones públicas a los ciudadanos de forma directa. Una vez más, las preguntas de los Senadores parecían dirigirse más a causar revuelo desde una lógica partidista, en vez de tratar de conocer la postura de Castro Estrada.

Ya por último, el senador Ríos Piter insistió en preguntar si el magistrado conocía casos de corrupción al interior del poder judicial, respuesta que fue rebuscada, vacía y que tardó casi media hora en redondear.

Una vez más, pudimos observar una comparecencia con preguntas llenas de lugares comunes y respuestas evasivas y predecibles. Por una parte, parece ser que los Senadores tienen una visión muy limitada de lo que la Corte hace y debería hacer. La mayoría de las preguntas se limitan a asuntos coyunturales o que encierran polémicas partidistas y dan poco margen para que el candidato exponga su pensamiento sobre lo que debería ser la justicia constitucional. Aunque, por otra parte, particularmente en esta comparecencia, el candidato Castro Estrada fue evasivo en temas de fondo en los cuales podría haber dejado evidencia de su capacidad argumentativa. En fin, el magistrado tuvo una comparecencia modesta. Tras cuatro horas y media de preguntas no brilló, pero también sorteó el escrutinio sin mucho daño.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Asistente de investigación en el ITAM. Twitter: @JuLuisHM