“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

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Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes