Discutir y analizar sistemas de control de la constitucionalidad a partir del siglo XX, es departir sobre órganos de naturaleza —indefectiblemente— jurídica (tribunales constitucionales, cortes supremas, cortes constitucionales o cualquier otra denominación análoga); sin embargo, poco nos detenemos a reflexionar sobre su homólogo de esencia política. En 1836, en nuestro país, se instauró un poder supremo con esta naturaleza; un reducidísimo puñado de estudiosos nos invita a discurrir este pasaje del constitucionalismo mexicano.

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En diciembre de este año se cumplirán 180 años de la publicación de las Leyes Constitucionales (también conocidas como Siete Leyes). Norma constitucional de corte centralista y primer orden normativo establecido por el ala conservadora en nuestro país.1 Este orden político, jurídico y social ha sido objeto de exhaustivos análisis e investigaciones, sobre todo lo relativo a su Constituyente, dinámica política e inminente declive. No obstante, en este texto nos centraremos en una institución que sin más marcó un hito para nuestro constitucionalismo: el Supremo Poder Conservador, primer2 órgano de naturaleza política que ejercía control de la constitucionalidad. Pero para hablar del Supremo Poder Conservador necesariamente tendríamos que referir a quién —se dice— fue su impulsor: don Manuel Sánchez de Tagle. Según sus historiadores, “uno de los mexicanos más instruidos”;3 conservador, políglota, poeta, estudioso de la filosofía y la jurisprudencia; mal orador,4 basto conocedor (e importador) de las teorías y pensamientos europeos (en especial de E. Joseph Sieyès y Benjamin Constant). Redactor del acta de independencia de 1821, diputado al primer Congreso constituyente, senador, depositario del poder ejecutivo (vicegobernador) del Estado de México y, cómo se podrá inferir, integrante del Supremo Poder Conservador (secretario de 1837-41).

Don Manuel, en su génesis, refería la necesidad de implementar una institución neutral que mantuviera al margen de su competencia a los (tres) poderes pues, a su parecer, los límites en la norma, por sí, eran una “ilusión”.5 En este sentido, el 4 de diciembre de 1835 presentó su proyecto de segunda Ley constitucional, la cual establecía un órgano reactivo —a excitativa— que fungiría como balanza, pues la teórica y simple organización de los órganos de poder era insuficiente para hacer reales los límites fijados en la Constitución. Más tarde, el 15 de diciembre de 1836, en sesión, pronunció un discurso para justificar su proyecto. Invitaba a reconocer que vivían un período de inestabilidad por los latentes brotes de “revolución” o sedición derivado del hartazgo al silencio o statu quo, en su discurso narra grosso modo lo que, considera, es la tensión permanente y cíclica de los escenarios que le suceden al caos revolucionario (imposición de las nuevas directrices); el (re)acomodo institucional, la amarga legalidad subjetiva, la descalificación y la inestabilidad política que, luego, cimentarán otra etapa de silencio a la espera de un nuevo brote de inconformidad.

Sánchez de Tagle reconoce la naturaleza humana, sabe que es inexorable la fricción y confrontación, no sólo entre los poderes de la Unión, sino entre las mismas instituciones gubernamentales del Estado y las masas; entre los regímenes; entre las ideas y las visiones de nación, esto, (y el ejercicio del poder) dividen radicalmente a la sociedad. Aun siendo conservador, detractor del régimen federalista y férreo protector del régimen colonial que privilegiaba y perpetuaba ciertas condiciones (principalmente las eclesiásticas, aristocráticas y militares) pero sobre todo, aún estando en la élite del bando fuerte, sabía que la tensión no se haría esperar entre los hombres; necesitaba encontrar un estabilizador, empero, no cualquiera; proponía uno que atendiera los ahíncos de los menos favorecidos pero también de los bien posicionados; que pudiera dar paso a los cambios y transformaciones sociales pero sin dejar desamparados a los -hasta entonces- beneficiados. Don Manuel temía a las agitaciones pues sabía que quienes las iniciaban, nada tenían que perder y algo que ganar, así, transforma un revulsivo revolucionario en institucional, proyecta el remedio; el balance a las letales dicotomías, un unificador, o, como el mismo Tagle mencionaba un “centro de unión”.

Esta institución vendría a terminar con las insurrecciones pues le daría un nuevo tratamiento a las problemáticas políticas, ya no sería necesario tomar las armas para mantener al gobierno del Estado a raya y al margen de las tan cotidianas extralimitaciones, la deposición y renovación de autoridades –a través de la violencia- quedaría proscrita, asimismo, la tensión (tironeo y resistencia) entre los poderes de la Unión quedaba, no en sus propias manos (pesos y contrapesos), sino bajo el radar de esta nueva institución, que, en palabras de don Manuel: “Ni… da leyes, ni las ejecuta, ni enjuicia, ni sentencia...”.6 Mucho antes de la llegada de la “institucionalización”, a principios del siglo XX, don Manuel ya había espetado un sendero distinto al de los hechos y los sombrerazos, propuso una institución que atendiera la lucha y los actos del poder, que mediara y delimitara —a través de los causes normativos— a aquellas feroces entidades. El trasfondo esencialmente era sujetar a los actores a las reglas de la partida, erradicando el caprichoso “ya no juego” y la inexorable violencia para darle continuidad al proyecto de nación y solidez al orden constitucional.

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Dentro de sus atribuciones determinantes, tuvo la de declarar la nulidad de las normas, los actos del poder ejecutivo y de la Suprema Corte (cuando estos hubiesen sido contrarios a la Constitución), calificar la elección de los senadores y otorgar/negar la sanción a las reformas a la Constitución que el Congreso, en su caso,  determinase; por otro lado, lucieron controversiales las de declarar la incapacidad física o moral (sí, moral) del presidente de la República; suspender, hasta por dos meses, las sesiones del Congreso y; declarar cuál era la voluntad de la nación,7 claro, cada una de éstas, ejercida —siempre— previa excitativa de otro órgano de poder. No obstante, causó estupefacción lo establecido en el artículo 17 de aquella ley: Este Supremo Poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones.”  Y, por supuesto, sus sesiones eran secretas.

¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, tenemos diversos casos cuya intervención fue relevante; en 1838, el Supremo Poder Conservador declaró nulo un decreto del gobierno a través del cual mandataba dar posesión del Juzgado de letras a Barrera y Prieto —según se ilustra—, hijo de algún compadre del presidente Bustamante.8

En 1839, la Suprema Corte controvirtió el contenido de un bando emitido por el ejecutivo que habilitaba catear, arrestar y trasladar —sin haberse declarado culpable— a cualquier persona (esencialmente periodistas, articulistas y diarios críticos del régimen) que abusara de la libertad de imprenta a la Fortaleza de San Juan de Ulúa. El Conservador estimó que éste había excedido sus facultades y que, el contenido de la norma, violentaba los procesos de justicia, entonces declaró nulo dicho bando.

Sin embargo, tenemos otras tantas ambiguas y polémicas, ejemplo de ello fue la declaración del Supremo Poder Conservador —en 1839— de ser voluntad de la Nación proceder con las reformas a la Constitución necesarias (esencialmente en materia administrativa, hacienda y justicia), cuando esto era imposible (inconstitucional) por prescripción de la misma Constitución.9

En 1840, a iniciativa del presidente, se pretendió dar marcha a una ley que habilitaba juzgar a los ladrones bajo el fuero castrense como medio de control social, la Suprema Corte solicitó al Conservador anularla por contravenir disposiciones constitucionales, éste declaró nulos algunos artículos, sin embargo, su secretario, don Manuel (nuestro protagonista), se negó a firmar el acta que contenía el fallo pues estaba de acuerdo con esta ley. Como era de esperarse, el gobierno se negó a obedecer la determinación del Conservador aduciendo que debía estar firmada por todos sus miembros.

El Supremo Poder Conservador fue una institución pionera en cuanto a defensa de la Constitución se refiere, probablemente tuvo la oportunidad (y poco éxito) que —mutatis mutandis- el Jury constitutionnaire o el Collège des conservateur de Sieyès y el Pouvoir neutre de Constant, no pudieron ver. El espectro del Supremo Poder Conservador es el de una institución que gravitó en la esfera política y cuyas determinaciones, en situaciones relevantes, obedecieron poco a la argumentación jurídica y en mayor medida a la oportunidad. Hoy podemos vislumbrar entre tipos de control constitucional, entre otras clasificaciones, por su naturaleza: política o jurídica, y podemos afirmar que el Conservador obedeció a la primera, sin embargo, también podemos poner sobre la mesa algunas de sus actuaciones en donde su razonamiento no pasó desapercibido, sobre todo en materia de protección de derechos, jugando —el Conservador—, como un claro freno y delimitante de competencia sobre los poderes de la Unión.

Por último, curiosamente, don Manuel, al defender su proyecto de las críticas, de las cuáles los calificativos de “institución monstruosa”, “omnipotente” o “cuerpo sin responsabilidad” eran recurrentes, replicaba que al Congreso se le habían dado más atribuciones (en el pasado) sin responsabilidad alguna y no se le había temido. Algunos de estos calificativos subsisten, pero no recaen sobre el Supremo Poder Conservador pues éste ya es sólo un pasaje histórico de nuestro constitucionalismo.

Eduardo G. Barrera Roblero. Egresado de la Facultad de Derecho, UNAM.


1 Mijangos y González, Pablo, El primer constitucionalismo conservador. Las siete leyes de 1836 http://bit.ly/1WQ38wg

2 Noriega Cantú, Alfonso, Sánchez de Tagle y el Supremo Poder Conservador. http://bit.ly/1WQ3cfL

3 Francisco Sosa, Las Estatuas de la Reforma, p. 313-314

4 Pantoja Morán, David, El Supremo Poder Conservador, el diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, p. 523-524.

5 Pantoja Morán, David, El Supremo Poder Conservador, el diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, p. 311-312

6 Noriega Cantú, Alfonso, Sánchez de Tagle y el Supremo…

7 Artículo 12.

8 Antecedente de contraposición a las arbitrariedades del gobierno, quizá precursor institucional contra el clientelismo y nepotismo.

9 La sétima ley constitucional establecía: “VARIACIONES DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES. Art. 1. En seis años, contados desde la publicación de esta Constitución, no se podrá hacer alteración en ninguno de sus artículos.