En el caso de los últimos comicios desarrollados en el estado de Colima para elegir gobernador, las impugnaciones presentadas por uno de los candidatos y su partido político, en una primera etapa procesal, en opinión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano encargado de conocer del asunto, no fueron lo suficientemente sólidas para anular la elección y así quedó asentado en un primer proyecto de sentencia.1 Sin embargo, la presentación, en último momento, de una prueba de las llamadas supervenientes, apenas confirmada su autenticidad, unas horas antes por un funcionario público del entonces gobierno del estado implicado en el caso, actualizó uno de los supuestos previstos por la Constitución local para anular la elección.

elecciones

Las nuevas pruebas aportadas, obligaron a revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Colima, en la cual se declaraba la validez de la elección al cargo de gobernador de esta entidad federativa, a favor del candidato postulado por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México.2

Estas pruebas, clave para finalmente anular la elección en cuestión, consistieron en una grabación de audio y video de la comparecencia del secretario de Desarrollo Social del estado de Colima ante el congreso local, con motivo de la glosa del informe dado por el gobernador de dicha entidad. Durante la comparecencia oficial del 20 de octubre de 2015, este secretario, bajo protesta de decir verdad, se le pidió responder a las interpelaciones de los legisladores, ante quienes aceptó y confesó que, la voz que aparecía en la grabación referida era suya, definiendo su proceder como un derecho político del ciudadano.3 Derivado de la admisión de los hechos perpetrados por parte del referido secretario en su comparecencia ante el congreso, se evidenció la intervención estatal inducida por el entonces gobernador del estado.

Es importante citar, en este contexto, el artículo 59, fracción v, de la Constitución de Colima,4 en la cual de manera clara desde el año 1917,5 se prohíbe al gobernador o a sus autoridades o agentes intervenir en las elecciones. Del citado artículo se infiere, el reconocimiento del principio de neutralidad, aun cuando no exista una denominación expresa como tal.

Se puede decir que la elección fue anulada, en razón de la transgresión al principio de neutralidad, cuya salvaguarda y vigencia está a cargo del juez constitucional. Si bien es un principio constitucional innominado en nuestro marco constitucional, su existencia es universal y puede inferirse a través de la razón jurídica.6

Si bien, como se advirtió, el principio de neutralidad no se encuentra expresamente regulado a nivel constitucional, su existencia no se limita a que esté previsto en algún dispositivo normativo, de ahí que sea necesario hacer una búsqueda en el bloque convencional o, en su defecto, generar un dialogo comparado con aquellos órganos jurisdiccionales que lo hayan reconocido por vía interpretativa.

Fue así que, a través de un dialogo jurisdiccional y comparativo, la Sala Superior en el caso en cuestión, hizo referencia a la sentencia dictada por la Corte Constitucional Alemana, en el caso identificado como 2BvE 1/76.7 En la cual, sostuvo que la norma fundamental de ese país no permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales.

Las consideraciones expuestas en la sentencia concluyen que cuando un alto funcionario, mediante conducta negligente, decide incidir en la elección, pese a la existencia de dispositivo constitucional que prohíba tal conducta, éste deberá asumir su responsabilidad. Lo anterior es de suma importancia, ya que mediante su sentencia la Sala Superior del TEPJF resguardó el orden constitucional local, cuyo contenido expresamente prohíbe la realización de actos por parte de autoridades, que tiendan a crear estado de inequidad en la contienda. De esta forma protegió, a su vez, el orden constitucional federal, pues doto de vigencia y validez al principio innominado de neutralidad, cuya tutela es determinante para el desarrollo equitativo del proceso electoral, así como del resultado electoral.

Actualmente están en marcha 14 procesos electorales en diferentes estados, en dónde habrán de elegirse gobernadores, diputados locales, regidores y, en el caso de la Ciudad de México, en un proceso histórico, a los constituyentes que tendrán la tarea de crear la Constitución para esta entidad federativa. Como se advierte, el escenario político electoral será muy complejo, pues hoy más que nunca, la neutralidad en las actuaciones de las autoridades, particularmente de los gobernadores, será determinante para garantizar la equidad de la contienda, así como la vigencia del voto público. De lo contrario, al vulnerarse los derechos políticos de los ciudadanos, se merma el orden constitucional y esto puede arrojar como consecuencias la invalidez y anulación de la elección.

Manuel González Oropeza. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 En el anteproyecto circulado por la Sala Superior el 13 de octubre, acompañado más tarde (el día 20) por un documento de trabajo que resumía y controvertía, de manera puntual, cada uno de los agravios planteados por la parte actora, se determinó que no existían elementos que comprobaran de manera contundente la probable responsabilidad del Gobierno del Estado, de la parcialidad de la autoridad electoral y de la violación de los principios constitucionales en la elección para Gobernador de la entidad, entre otros elementos, de ahí que se confirmara la decisión del Tribunal Electoral de la referida entidad. Hasta ese momento, y es muy importante precisarlo, se perfilaba la aprobación de este anteproyecto.

2 Debe quedar muy claro que no se trata de un cambio de criterio de un proyecto a otro sobre las pruebas valoradas en su oportunidad, sino que el perfeccionamiento de una prueba permitió acreditar plenamente algunas imputaciones de la parte actora, alegadas en la demanda pero que no se sostenían con el material probatorio ofrecido en un principio, y que por ello se arribó a la convicción de que la elección de Gobernador de dicha entidad se debería de anular.

3 Si bien es cierto que la Sala Superior del TEPJF ha determinado en tesis y jurisprudencias que no está prohibido el que un funcionario público participe fuera de los días y horas laborables en actos de campaña de su partido político, lo cual pretendía alegar el Secretario de Desarrollo Social en su defensa, la realidad es que esta llamada la hizo en un día y horario laborable, justo cuando ya había iniciado el periodo electoral en la entidad, como se desprende se la información proporcionada por la misma denunciante. Esta llamada fue realizada el día lunes 23 de marzo, día laborable.

4 Artículo 59.- El Gobernador no puede: (…) V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LVIII Legislatura. H. Congreso del Estado de Colima. Disponible aquí.

5 Enrique A. Salazar Abaroa, Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. Las Constituciones de Colima, México, Ed. H. Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios Parlamentarios y Técnicas Legislativas, 2000, pp. 23- 35

6 Ignacio Martínez, Francisco Zúñiga Urbina, “El principio de razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Español”, Chile, Revista Estudios constitucionales vol.9, No. 1, 2011, Disponible aquí.

7 Sentencia 2BvE 1/76. Corte Constitucional Alemana. Disponible aquí.

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