Este parece ser un año complicado para el mundo y para quienes creemos —ingenuamente, tal vez— en la democracia y la libertad. Los movimientos nacionalistas blancos parecen fortalecerse en toda Europa, la Unión Europea se desintegra y Trump tiene posibilidades —aunque sean remotas— de ganar las elecciones próximas. Además, ayer fue un día triste para muchas familias de migrantes indocumentados en Estados Unidos, quienes habían depositado su confianza en el presidente Obama y la Corte Suprema para mantener a sus familias juntas.

deportados

En United States v. Texas, una coalición de 26 estados, liderada por Texas, impugnó una acción ejecutiva del presidente Obama que permitía a alrededor de 4.3 millones de migrantes indocumentados aplicar a un programa que les salvaría de ser deportados y obtener un permiso de trabajo, sin concederles un estatus migratorio regular.

Tras el éxito del programa Dreamers —o Deferred Action for Childhood Arrivals, “DACA”—, que benefició a por lo menos 1.2 millones de jóvenes, y ante la negativa reiterada de la mayoría republicana en el Congreso para discutir una reforma migratoria, Obama evaluó sus opciones jurídicas1 e implementó un nuevo programa, dirigido a los padres y madres de ciudadanos legales o residentes permanentes: Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA).

Texas y los demás estados demandantes impugnaron DAPA afirmando que el presidente Obama: (i) ignoró los procedimientos establecidos en la ley para la creación de normas administrativas; y (ii)se excedió en sus facultades constitucionales de ejecución de leyes. Además, argumentaron que, aun cuando la acción ejecutiva de Obama pudiera resultar constitucional y legal, el Departamento de Seguridad Nacional no tenía facultades para implementarla.

Sin embargo, a fin de dar procedencia a su acción, los estados demandantes tenían que demostrar cuál era el daño que les causaba el programa impugnado. Texas, en particular, argumentó que DAPA le perjudicaba porque: (i) era facultad de la Unión legislar en materia migratoria y ésta no había emprendido ninguna acción tendiente a ello; (ii)representaba a sus ciudadanos, quienes sufrirían consecuencias económicas perjudiciales ante la incorporación de los migrantes al mercado laboral legal; y (iii) tendría que expedir un número indeterminado de licencias de manejo, las cuales Texas cobra a un precio inferior a su costo real de emisión.

Por razones que aún no alcanzo a entender, el costo de expedir licencias de manejo fue el argumento que posibilitó a Texas impugnar DAPA y que llevó a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con residencia en Nueva Orleans, a congelar indefinidamente la acción ejecutiva de Obama.

Al someter el asunto a revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el gobierno de Obama cuestionó la decisión de la Corte de Apelaciones respecto al daño económico de Texas y la procedencia de la acción intentada. La legalidad —y constitucionalidad— de DAPA sería materia de una resolución de fondo. La Casa Blanca afirmaba que el mismo tipo de acciones ejecutivas han sido utilizadas por presidentes demócratas y republicanos para ejecutar las leyes migratorias y que las facultades constitucionales del presidente le permitían tomar decisiones migratorias de forma casuística, como pretendía hacerlo el programa.

Ayer, 23 de junio de 2016, la Corte Suprema anunció su decisión en United States v. Texas o, mejor dicho, su imposibilidad para tomarla. Los jueces de la Corte empataron 4 a 4 y, así, confirmaron la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de congelar DAPA. El presidente Obama, por la tarde, dio una conferencia de prensa y dijo que el deadlock le rompía el corazón.

La derrota de DAPA es un golpe duro a Obama y al legado que buscó construir durante su presidencia. Una vez más, los republicanos, mediante su inacción, lograron frustrar los planes del demócrata. Primero, evitando a toda costa la discusión de una reforma migratoria; después, bloqueando la designación del juez Merrick Garland para ocupar la vacante en la Corte Suprema y, de esta manera, haciendo posible el empate 4-4.

El obstruccionismo de los republicanos es incomprensible. Garland es un candidato moderado, respetado y un firme creyente de que los jueces interpretan el derecho y no lo hacen2 —ideología que, creo, coincide con la del presidente Obama—. Quizás, después de todo, los republicanos merecen la crisis en que está metido su partido y son responsables del ascenso de Trump.3

Una  buena noticia —si es que hay alguna— es que la decisión de la Corte puede tener efectos positivos para los demócratas en esta contienda electoral. La derrota de Obama puede motivar a muchos hispanos a salir a votar en las elecciones noviembre próximo y darle la victoria a Hillary Clinton, quien ha prometido medidas migratorias ambiciosas.

Por otra parte, este no es el peor escenario. Muy probablemente, el juez Scalia hubiera votado en contra de la acción ejecutiva y eso hubiera generado un precedente complicado para el siguiente presidente y el futuro de los migrantes. Los empates de la Suprema Corte no crean un precedente firme y dejan abierta la posibilidad de que, en el futuro, la Corte analice casos similares.4

Julio M. Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1


1 Shear, Michael. “For Obama, Supreme Court Defeat Upends a Legacy on Immigration”, The New York Times, June 23, 2016.

2 Lithwick, Dahlia. “The GOP’s Treatment of Merrick Garland is Disgraceful”. Slate, March 17, 2016.

3 Rattner, Steven. “By Opposing Obama, The Republicans Created Trump”. The New York Times, April 13, 2016.

4 Feldman, Noah. “Three Lessons From Obama’s Immigration Defeat”. Bloomberg View, June 23, 2016.

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