Este miércoles la Primera Sala de la SCJN decidió dejar en lista la reasunción de competencia 114/2015. La solicitud se refiera al recurso de revisión interpuesto contra una sentencia de amparo indirecto que niega la protección constitucional a una niña a la que el Ministerio Público del Estado de Hidalgo le negó el acceso a la interrupción del embarazo producto de una violación. Esta es la historia:

Carlota1 vive en Pachuca, Hidalgo; tenía 16 años cuando una tarde, al salir de su casa fue víctima de una violación. Supo de su embarazo semanas después y acudió a denunciar solicitando la interrupción del embarazo.

De acuerdo con el Código Penal de Hidalgo (art. 158) el acceso al aborto por violación está sujeto a cumplir con varios requisitos: a) autorización del Ministerio Público o del Juez, b) presentación de denuncia, c) comprobación del cuerpo del delito, d) la interrupción se debe solicitar, autorizar y practicar dentro de los 90 días a partir de la “concepción” y, e) la denuncia por violación debe presentarse antes de tener conocimiento del embarazo.

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En el caso de Carlota, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación. Las pruebas psicológicas no favorecieron a la menor pero no se le permitió ofrecer pruebas para desvirtuar lo dicho por la perito. En cuanto al dictamen en ginecoobstetricia, la médica, al saber que Cartola quería interrumpir el embarazo, trató de que cambiara de opinión. Además de esta información el Ministerio Público negó la autorización para la interrupción debido a que la denuncia se presentó con posterioridad al conocimiento del embarazo.

Ante esta negativa se presentó nuevamente una solicitud haciendo énfasis en lo desproporcionado de los requisitos del Código Penal para acceder a un aborto por violación. La negativa se reiteró en dos ocasiones más.

Contra estas determinaciones, el 13 de marzo de 2015, Carlota y su mamá con el acompañamiento de GIRE, interpusieron una demanda de amparo2 que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. En ella se sostuvo que estos requisitos desconocen los derechos de las víctimas vulnerando además su derecho a la salud, a la integridad física, a la autonomía reproductiva, el derecho a la no discriminación, así como los derechos de las niñas. Se pidió también una reparación integral del daño ocasionado.

Conociendo el tiempo que puede durar un juicio de este tipo, en la demanda de amparo se solicitó al Juez que otorgara de oficio la suspensión para que Carlota pudiera interrumpir su embarazo para no continuar afectando su integridad física o poniendo en riesgo su salud. Esta solicitud fue negada por considerar que:

… conceder la suspensión de plano en los términos solicitados por la quejosa resultaría totalmente contradictorio, porque se estaría tratando de proteger la seguridad física de la promovente, mediante la eliminación del posible riesgo en el cual se coloque de perder su vida al nacer el producto (individuo) de la violación de la cual aduce fue víctima; asimismo, de conceder la suspensión para el efecto que se solicitó, la consecuencia directa propiamente sería autorizar o permitir la privación de la vida de ese producto (individuo); bien jurídico este último que resulta de mayor peso que aquél.3

Así, desde un inicio se vio la postura del juzgador respecto a la interrupción del embarazo. Mostró su total desconocimiento de la jurisprudencia del sistema interamericano al pasar por alto el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humano en el Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica en donde determinó que, sin desconocer la importancia jurídica de la protección del feto, “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión4.

Dos meses después de presentada la demanda, el Juez negó la protección constitucional por considerar que "la Constitución Federal protege la vida humana y de igual forma protege al producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de la vida humana independientemente del proceso biológico en el cual se encuentre"5. También se sostuvo que:

… la "Convención sobre los Derechos del Niño", incluyendo su preámbulo, señala que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que por su falta de madurez tanto física como mental, necesita protección legal y cuidados especiales tanto antes como después del nacimiento. Así entonces, este Tratado Internacional protege la vida del niño tanto antes como después del nacimiento, por lo que es válido concluir que protege al producto de la concepción y, al tratarse de un instrumento internacional de los que se señalan en el artículo 133 de la Constitución Federal, sus disposiciones son de observancia obligatoria.6

Contra esta decisión se interpuso un recurso de revisión y en agosto de 2015 se solicitó a la Primera Sala de la SCJN que reasumiera su competencia para conocer y resolver dicho recurso (reasunción de competencia 114/2015). El Ministro José Ramón Cossío hizo suya la petición y elaboró el proyecto que este miércoles quedó en lista de espera para ser resuelto.

No es la primera vez que la Primera Sala es llamada a resolver una petición como ésta. En febrero de 2015, el propio Ministro Cossío presentó un proyecto proponiendo la atracción de un caso similar del Estado de Hidalgo (reasunción de competencia 28/2014) en donde se impugnó el mismo artículo del Código Penal y la negativa del Ministerio Público para que una menor de edad interrumpiera su embarazo producto de una violación.

En aquella ocasión, de acuerdo con el proyecto del Ministro Cossío, el asunto era relevante porque

…sería de utilidad para la fijación de criterios jurídicos que solucionen posibles casos futuros, pues la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de una violación sexual es un aspecto regulado en prácticamente la totalidad de legislaciones penales de la república, aunque con modalidades y requisitos diferenciados. Lo que en el caso cobra particularidad, por circunstancias específicas, como el estatus de la quejosa que al momento de emitirse la negativa para la práctica de la interrupción del embarazo era menor de edad; así como de los presupuestos exigidos por el Ministerio Público para la procedencia de la medida.7

Ese proyecto del Ministro Cossío se aprobó por mayoría de 4 votos; desafortunadamente ese litigio no concluyó porque la familia decidió no continuar un juicio que ya le había tomado casi dos años.

En el último año y medio GIRE ha atendido más de 10 asuntos como el de Carlota. En todos ellos se han iniciado juicios de amparo sin ningún resultado. Por ello la reasunción de competencia 114/2015 es tan relevante, representa una oportunidad invaluable para acercar la justicia constitucional a mujeres y niñas que día con día se enfrentan a distintos obstáculos para acceder al aborto por violación.

Hoy más que nunca la Ministra Piña y los Ministros Cossío, Zardivar y Gutiérrez deben refrendar su compromiso con las mujeres.

Alex Méndez. Coordinador  de litigio GIRE.


1 Por cuestiones de resguardo de datos personales se ha cambiado el nombre de la menor.

2 Amparo indirecto 358/2015, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo.

3 Ibid., acuerdo de admisión de la demanda, foja 11.

4 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, Párrafo 223.

5 Amparo indirecto 358/2015, Op. cit., sentencia de fecha 15 de mayo de 2015, foja 34.

6 Ibid., sentencia, foja 35.

7 Reasunción de Competencia 28/2014, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz, engrose, p.25. Disponible en: http://bit.ly/2bEbOHh

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