A juzgar por la tersa aprobación de la llamada reforma laboral en el Senado, será un mero trámite que en la Cámara de Diputados y luego en las legislaturas estatales aprueben las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Peña Nieto en esta materia. Analizo a continuación tres de los aspectos que me parecen más relevantes de este ajuste normativo que de acuerdo a la propia iniciativa se trata de “la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna desde 1917”.

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Lo bueno

Sin duda alguna, el aspecto más positivo de la inminente reforma es la de, por fin, sustraer la justicia laboral del poder ejecutivo. La sujeción hasta ahora existente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al presidente de la República o a los gobernadores ha sido una de las claves por las cuales su operación ha sido tan deficiente, pues al olvido presupuestal se suma el franco control que los poderes ejecutivos han ejercido tradicionalmente sobre dichos organismos. Al proponer que las Juntas sean sustituidas por tribunales laborales, se da el primer paso para modificar una situación en donde el control (y uso) político de los sindicatos, la protección de ciertas empresas o despachos, y la ausencia de independencia de los juzgadores laborales ha sido la norma. Es un paso necesario e indispensable que debe celebrarse, pero está lejos de ser suficiente para representar una auténtica reforma laboral.

Lo malo

a) La pobre justificación. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial, más que un análisis robusto del problema de la justicia laboral y una justificación de la solución legislativa que se propone, es un catálogo de aspiraciones incongruentes con las soluciones normativas que se ponen sobre la mesa. El dictamen aprobado por el Senado repite las justificaciones presidenciales y añade veintiún problemas específicos elaborados en uno de los Diálogos por la Justicia Cotidiana coordinados por el CIDE, la mayoría de los cuales no pueden ser solventados con la reforma constitucional aprobada. Esto ocurre así porque la reforma está enfocada sobre todo a redistribuir competencias (se transfiere la impartición de justicia laboral del poder ejecutivo al judicial, se impone a una autoridad federal como encargada exclusiva de registrar contratos colectivos y tomas de nota sindicales en todo el país, además de crearse organismos descentralizados de conciliación a nivel federal y estatal), lo que por sí solo no es suficiente para desterrar las malas prácticas de las autoridades y los abusos de litigantes o  de organizaciones sindicales señalados en esos Diálogos.

b) La alteración de los principios del derecho del trabajo. La emancipación del derecho del trabajo respecto del derecho civil tomó décadas, y fue de a poco que el derecho laboral fue forjando instituciones y figuras jurídicas que le son propias debido a su naturaleza social. Ahora, la modificación aprobada por el Senado establece en la fracción XX apartado A del artículo 123 constitucional que las sentencias y resoluciones de los futuros tribunales laborales deberán observar “los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”. Ni la iniciativa presidencial ni el dictamen del Senado explican los alcances de tales principios, por lo que no es claro cómo habrán de reflejarse en la ley. Actualmente, aunque su aplicación dista mucho de ser la ideal, la Ley Federal del Trabajo contiene importantes beneficios procesales para toda aquella persona que intente defender sus derechos laborales; entre los más relevantes podemos citar que la carga probatoria en relación a hechos laborales controvertidos le asiste casi siempre al patrón (artículo 784), que la interpretación de las normas debe hacerse favoreciendo a los trabajadores en caso de duda (artículo 18), que debe designarse perito a favor de cualquier empleado que no cuente con recursos para pagarlo (artículo 824) y que las determinaciones de la Junta no deben privilegiar formalismos sino apreciar los hechos en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada (artículos 687 y 841). Todos estos beneficios procesales fueron creados ante la asimetría existente entre una entidad patronal y sus empleados, pero ahora podrían considerarse contrarios a los principios de legalidad e imparcialidad de rango constitucional. Ante la deficiente justificación de la reforma, no es posible conocer el impacto de estos principios en la ley reglamentaria, pero bien podría ser éste el caballo de Troya que permita acabar con algunas de las características esenciales del derecho laboral.

Lo feo

La conciliación “obligatoria”. La reforma ya avalada por el Senado propone añadir siete párrafos al artículo 123 constitucional (apartado A fracción XX) para crear organismos descentralizados de conciliación. ¿En verdad tiene que elevarse a nuestro más alto rango jurídico y con tanto detalle ese tema? Si ya nuestro texto constitucional es abundante, reformas como la propuesta solo abona a hacerlo más fatigoso. Apunto un par de inconvenientes sobre este aspecto:

• Pensar que por incorporar a la Constitución una posible solución, ésta va a ser efectiva es una falacia ya naturalizada en nuestro país, una suerte de pensamiento mágico. Muchos temas que son más bien propios de las leyes reglamentarias han engrosado nuestra constitución contribuyendo a su incomprensión.

• Hace ya varios años que Juntas de todo el país han hecho énfasis en la conciliación como alternativa al colosal número de conflictos laborales existentes. Por supuesto que es importante y que tendría que serlo más, pero habría que pensar primero por qué el sistema actual no funciona para luego determinar si crear más organismos descentralizados es una auténtica solución (tomemos en cuenta, por ejemplo, las muchas veces fallida repercusión de las comisiones de derechos humanos). Si, por ejemplo, los futuros conciliadores nunca estarán cerca del desahogo del juicio, no van a generar los conocimientos y la experiencia suficiente para saber qué reclamos son abusivos, qué planteamientos carecen de fortaleza, qué defensas carecen de sustento o cuáles son las mañas legales utilizadas por los abogados (es decir, no sabrán qué tuercas apretar para empujar un convenio no solo antes del juicio sino ya dentro de su desahogo), elementos que son fundamentales a la hora de hacer ver a las partes en dónde están paradas para que puedan considerar al arreglo como una mejor opción que un juicio.

A los anteriores aspectos, habría que sumar uno más terrenal. Si las Juntas a lo largo del país han padecido casi siempre de problemas presupuestales y falta de personal suficiente, no es fácil saber cómo esta dificultad dejará de existir en un contexto económico en donde los recortes al gasto gubernamental van a marcar la pauta del 2017. De esta manera, “la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna desde 1917” genera hasta ahora más motivos de incertidumbre y preocupación que unas salidas eficaces a los problemas cotidianos de nuestra justicia laboral.

Erick López Serrano. Dictaminador en una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Morelos. Twitter: @eLoseRR

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