Una vez concluido el proceso de designación de los magistrados que integrarán a partir del 4 de noviembre próximo el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a unos días de que concluya la integración que ocupó tal cargo durante la última década (2006-2016), es necesario ver hacia el frente, analizar los retos que tendrán los siete magistrados designados por el Senado de la República.

La integración que llegará a la Sala Superior del TEPJF luce balanceada, pues cuenta con una amplia experiencia tanto en lo jurisdiccional como en la materia electoral. De los siete designados, seis de ellos han sido juzgadores, tanto en las Salas Regionales del propio TEPJF o en Tribunales Colegiados de Circuito o Juzgados de Distrito, del mismo modo cinco cuentan con experiencia en órganos electorales, cuatro en las Salas Regionales y uno como fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

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Esto implica que al menos en cuanto a conocimiento y experiencia tienen los elementos suficientes para concluir con la resolución de impugnaciones relacionadas con los procesos electorales llevado a cabo este año y enfrentar los cuatro procesos electorales de 2017 y los 32 de 2018 (29 locales y los tres federales)

A pesar de ello no podemos perder de vista que la parte final de la designación se caracterizó por los señalamientos de analistas y académicos sobre la distribución de las magistraturas bajo la lógica de cuotas y cuates, a lo cual ha se ha sumado el escándalo mediático sobre la manipulación legal que ha realizado el Congreso respecto de los plazos de los cargos, modificando los de tres y seis años por siete y ocho, lo cual genera que la integración entrante ya cuenta con un déficit de legitimidad.

Los nuevos magistrados desde el primer momento deberán demostrar que si bien llegaron al cargo gracias al respaldo que les brindaron los partidos políticos, el cual es esencial para ocupar la magistratura, su actuación no obedece bajo ninguna lógica a los intereses de las fuerzas políticas. Por lo que será a través de su trabajo en lo jurisdiccional y administrativo que demuestren su independencia e imparcialidad al juzgar o, en su caso, como han señalado varios medios de comunicación, el cargo se lo deben a las afinidades partidistas. Para ello consideró que tienen varios temas de los cuales ocuparse.

1. Los magistrados deberán demostrar qué tanto buscarán distanciarse de sus antecesores, quienes en los 10 años que ocuparon el cargo tuvieron un desempeño polémico en los jurisdiccional y administrativo, ocasionando distintos escándalos mediáticos y fuertes críticas por académicos y analistas especialistas en temas electorales en cuanto a los criterios adoptados en las sentencias. Por lo que una de sus primeras reflexiones deberá ser entorno a si continuarán tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo con el actuar que siguieron los salientes magistrados o si por el contrario buscarán a través de su desempeño desmarcarse de ellos.

2. La nueva integración deberá definir quien va a presidir el TEPJF durante los siguientes cuatro años, además de designar a quien ocupe la titularidad de la Secretaría General de Acuerdos. Dos posiciones fundamentales para buscar recobrar la legitimidad que tanto le hace falta a esta institución y para poder desempeñar la función que mediante mandato constitucional les fue conferida. Para ello, desde el principio los siete integrantes deberán demostrar unidad como órgano colegiado, ello no implica aprobar todas sus determinaciones por unanimidad, el disenso es necesario, pero sí conlleva que todos pongan por encima de los intereses personales los institucionales. Algo que tampoco es muy común en la mayoría de los órganos colegiados de las instituciones de este país. Un aspecto fundamental en este sentido será establecer las directrices que seguirán para el gobierno de la institución.

3. Evaluarlas continuidad o no de las líneas jurisprudenciales seguidas hasta ahora por el TEPJF, pues muchos de los criterios emitidos son contrarios a lo resuelto por la SCJN, otros tanto han sido producto de un activismo judicial que muchas veces se ha considerado innecesario, especialmente en temas como la procedencia del recurso de reconsideración, fiscalización, libertad de expresión y la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores, por señalar algunos, además también deberá revisar aquellos casos en las sentencias emitidas han sido de imposible ejecución como ocurre en Chenalhó, Chiapas.

4. La relación institucional con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debería ser una de las prioridades, pues durante los últimos años la Sala Superior se enfrentó a través de múltiples sentencias a la autoridad administrativa electoral, en muchas ocasiones de manera injustificada, ello ya que se asumió como superior jerárquico del INE, olvidándose de su calidad de órgano constitucional autónomo y máxima autoridad administrativa en materia electoral.

5. Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas serán uno de los principales retos que tendrán los magistrados designados, adoptar medidas que de manera auténtica propicien que la ciudadanía se interese y acerque a la justicia electoral, que se generen espacios verdaderos para el análisis y crítica de los criterios que emitan, permitiendo con ello un escrutinio real de su función que lleve a evaluar su desempeño en el cargo, y con ello puedan construir un tribunal abierto que se ajuste a la realidad de nuestro país. En ese aspecto, también será importante las medidas que desde el principio adopten en el plano administrativo, pues no se puede olvidar que tendrán bajo su responsabilidad el manejo de un millonario presupuesto. Este será un tema fundamental a partir del cual podrán marcar una diferencia sustancial respecto de sus antecesores, cuya actuación se distinguió más por la opacidad que por la transparencia, así como por dilapidar dinero público bajo una lógica patrimonialista.

Será con trabajo y decisiones que demuestren la solvencia intelectual y ética de cada magistrado, así como su imparcialidad e independencia respecto de intereses partidistas y económicos, de manera que poco a poco reestablezcan la legitimidad institucional perdida y la certeza que requiere la justicia electoral para enfrentar los procesos electorales inmediatos de 2017 y 2018.

Arturo Espinosa S. Abogado especializado en material constitucional y electoral. Twitter: @aesupd

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