Sr. Salvador Aguirre Anguiano, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En esta ocasión nos permitimos referirnos a sus reflexiones publicadas en el número de diciembre de la revista Nexos, bajo el título “Aborto: Justicia frente a la mujer y al nasciturus”. Esta intervención se hace necesaria debido a que el caso de Margarita, al que alude expresamente en su artículo, ha sido acompañado por GIRE desde sus inicios en noviembre de 2013.

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Además, es importante que los lectores tengan al alcance la otra perspectiva que se hace desde quienes hemos acompañado a mujeres y niñas en la defensa de sus derechos desde hace más de 25 años. Por este motivo a continuación señalamos factores que no fueron tomados en cuenta al momento de exponer sus argumentos en torno al aborto como objeto de estudio de la justicia constitucional:

1. En su texto alude al caso de Margarita como un caso de un embarazo de alto riesgo y sugiere que la solicitud de interrupción se fundamentó en la detección del síndrome de Klinefelter. La realidad es más compleja de lo que usted apreció. Las menciones que hace no abarcan de forma completa el diagnóstico médico, no da cuenta de lo que Margarita vivió durante el embarazo ni tampoco se refiere a todas las complicaciones de salud que enfrentó durante las semanas previas a la solicitud de interrupción del embarazo.

Desde GIRE, y así se encuentra plasmado en la demanda de amparo, no se busca sostener de forma abstracta que toda alteración genética justifica una interrupción del embarazo; por lo tanto, el llamado es a conocer el caso en su integralidad antes de emitir un juicio al respecto.

El proyecto de resolución propuesto por el ministro Arturo Zaldivar da cuenta de todo este contexto, lamentamos que lo haya simplificado al grado de invisibilizar todo lo que Margarita ha tenido que enfrentar, incluyendo la indiferencia de la justicia constitucional.

2. Al inicio de sus reflexiones refiere que “las formalidades procesales no son vanos requisitos descartables, sino por el contrario, pilares de seguridad jurídica”, todo ello para justificar la exigencia del acto de aplicación en el caso concreto. Sin duda la seguridad jurídica exige el respeto al aspecto procesal; sin embargo, como usted mismo lo retoma en líneas posteriores, se trata de que dichos requisitos sean racionales y proporcionales. No se puede sostener que un requisito cumple con esas exigencias por el mero hecho de existir.

Lo que hemos señalado desde GIRE en éste y otros casos es que el derecho no puede ser ciego ante el impacto diferenciado que las exigencias procesales tienen sobre las mujeres; coincidimos en el argumento de la seguridad jurídica pero ésta debe estar sustentada en un análisis constitucional con perspectiva de género.

Seguir el argumento que usted propone significaría exigirles a las mujeres la actualización de supuestos jurídicos en los que su salud ya se encuentre afectada, su vida corra peligro o esté sujeta a un proceso penal. Es por ello que se insiste en la necesidad de evaluar los requisitos procesales a la luz de la perspectiva de género. No entenderlo así, es el motivo por el cuál su análisis jurídico no encuentra conexión alguna entre este caso y el precedente de Australia sobre sodomía.

Tampoco debe olvidarse, señor ministro en retiro, que la Ley de Amparo de 1936, de donde derivan la mayoría de sus interpretaciones sobre el juicio de amparo y su procedencia, surgió en un contexto en el que las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto. En este sentido, negar el sesgo de género de las normas implica una visión parcial del derecho incompatible con el acceso a la justicia.

3. En su texto usted invoca un corpus iuris y expone que “el señalar que el derecho no reconoce al nasciturus, y sólo tiene un valor intrínseco, el cual se aumenta en la medida que incrementa su desarrollo, es una falacia que va en contra de la evidencia científica y el sentido común…”. Esa afirmación no es acorde con la propuesta que el ministro Zaldivar hizo en su proyecto de resolución, pues en el documento se señala claramente que el embrión o feto es un bien constitucionalmente protegido, no indiferente para el derecho.

Además de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica señaló claramente:

222. La expresión “toda persona” es utilizada en numerosos artículos de la Convención Americana y de la Declaración Americana. Al analizar todos estos artículos no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos. Asimismo, teniendo en cuenta lo ya señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer…, se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer…

223. Por tanto, la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.1

Así, la propuesta del ministro Zaldivar sí tomó en cuenta los criterios más recientes en la materia. Desafortunadamente, en el análisis que usted propone no hace mención de estos avances a pesar de que en términos de la contradicción de tesis 293/2011 las decisiones de la Corte Interamericana forman parte el parámetro de control de regularidad constitucional.

Desde esta perspectiva, todo estudio que se pretenda hacer sobre el tema pasa innegablemente por el debate de estos estándares más allá de que se esté o no de acuerdo con ello.

Como dato adicional, señor ministro en retiro, debe recordarse que los argumentos que usted expone en sus reflexiones son los mismos que plasmó al elaborar el proyecto de resolución para la acción de inconstitucionalidad 146/2008 y que, en su momento, fueron desechados por el Pleno de la Suprema Corte.

También debe recordarse que en las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 discutidas cuando usted era aún ministro de la Suprema Corte, siete de los once ministros votaron por considerar que las reformas que protegen el derecho a la vida desde la concepción trasgreden los derechos de las mujeres.

En conclusión, es imprescindible que en toda opinión sobre algún caso se retomen integralmente los antecedentes, ya que de lo contrario los juicios que se emiten resultan imprecisos. Por otro lado, se debe distinguir las posturas personales sobre el tema, que pueden ser a favor o en contra de la interrupción del embarazo; pero un debate jurídico no debe tomar como punto de partida las convicciones morales o religiosas sino los estándares de derechos humanos, sobre todo los que integran el marco constitucional mexicano.

GIRE. Grupo de información en reproducción elegida.


1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica, Sentencia de  28 de noviembre de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 22 y 223.

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