El Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) es una organización que desde hace 25 años trabaja desde distintos espacios para que las mujeres puedan decidir de manera libre e informada sobre los procesos relacionados con la reproducción. Parte de esta labor es brindar la asesoría jurídica que requieran en casos de violación a sus derechos reproductivos.

Actualmente, GIRE acompaña legalmente a más de treinta mujeres y sus familias. En el camino nos hemos dado cuenta de la falta de criterios judiciales en materia de derechos reproductivos –situación que afecta el acceso a la justicia para las mujeres.

reproductivos

Ante este panorama hemos impulsado que los tribunales se pronuncien sobre estas violaciones. En este marco, en el año 2016, algunos de los casos que acompañamos han tenido la posibilidad de discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí va un balance de estos.

Primer caso. Margarita es una mujer que cursaba un embarazo de alto riesgo. Le negaron el acceso a la interrupción del embarazo por motivos de salud. El Centro Médico Nacional se opuso a prestarle ese servicio médico por considerar que la Ley General de Salud no contemplaba la prestación de este servicio.1

Esta falta de previsión es coherente con la normativa penal federal que no establece como hipótesis de no punibilidad la interrupción del embarazo cuando la mujer sufra afectaciones a su salud.2 De esta manera, una interrupción, aún en estas condiciones, implicaría para el personal médico y para la mujer el riesgo de verse involucrados en la investigación y sanción de un delito.

Bajo estas consideraciones, Margarita acompañada por GIRE interpuso un juicio de amparo denunciando la inconstitucionalidad del código penal federal, que no considera la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando existan afectaciones a su salud.

El asunto llegó a conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte. El proyecto de sentencia que estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar, propuso conceder el amparo a Margarita declarando que su derecho a la salud había sido vulnerado por la institución de salud que le negó el servicio médico.

En una votación de tres a uno el proyecto fue desechado. Dos integrantes de la Sala consideraron que en el caso concreto no se cumplían los requisitos de procedencia exigidos por la ley de amparo. El argumento detrás de esta decisión fue que Margarita no había sido sujeta a una investigación penal por parte de algún ministerio público como consecuencia de la interrupción y, por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la Sala, el código penal federal no le fue aplicado. En estas circunstancias, al no haber acto de aplicación en la manera en que tradicionalmente se ha entendido, no existía una afectación que otorgara a la quejosa el interés para acudir al juicio de amparo a impugnar la legislación penal federal. El otro voto en contra del proyecto se sustentó en un desacuerdo en las consideraciones de la propuesta del ministro Zaldivar. Finalmente el asunto fue turnado a un otro ministro con el objetivo de que presente un nuevo proyecto de sentencia.

La lección aprendida es que aún es necesario visibilizar el impacto diferenciado que las reglas procesales tienen sobre las mujeres y la eficacia de su derecho de acceso a la justicia. Esto sin considerar con que se han cumplido tres años desde que Margarita acudió a la justicia constitucional.

Segundo caso. Otro caso que acompaña GIRE es el de Carlota,3 una niña a quien el ministerio público del estado de Hidalgo le negó la autorización para interrumpir el embarazo producto de una violación. El recurso de revisión derivado de la sentencia de amparo que negó la protección constitucional a la menor fue presentado ante la Primera Sala como un asunto de importancia y trascendencia que ameritaba la reasunción de competencia por parte de la Corte.

La litis constitucional se refiere a la inconstitucionalidad del código penal del estado de Hidalgo en los requisitos desproporcionados que contempla para que una mujer pueda interrumpir un embarazo producto de una violación. El litigio de inició en marzo de 2015, y en agosto de 2015 se solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte que reasumiera su competencia originaria tal como lo había hecho en un caso similar.4

En esta ocasión, contrario a lo decidido por la propia Sala en un precedente, por mayoría de 4 votos se resolvió regresar el caso al Tribunal Colegiado para que depurara ciertos elementos de legalidad. La reasunción de competencia se resolvió el 31 de agosto de 2016, al cierre del año 2016 el engrose no ha sido publicado. Esto significa que la menor sigue en espera de la respuesta de la justicia constitucional, a 21 meses de haber tocado sus puertas.

Tercer caso. Cecilia y Sergio son una pareja que también es acompañada por GIRE,5 son derechohabientes del ISSSTE. Ellos solicitaron el ingreso al Programa de Reproducción, la respuesta fue negativa porque Cecilia superaba los 35 años de edad que establecen como límite los criterios para atención en ese Programa.

En mayo de 2014, se interpuso un juicio de amparo en contra de esta decisión. El juez de distrito determinó sobreseer el juicio por una interpretación indebida del acto de aplicación de los lineamientos de ingreso al Programa. Se interpuso el recurso de revisión y en septiembre de 2015 se solicitó a la Corte la reasunción de competencia tomando en cuenta que no existen precedentes judiciales en México sobre este tema.

El 9 de noviembre del año pasado, la Sala resolvió devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que resolviera algunos temas de legalidad y con posterioridad determinara si el caso volvía al Alto Tribunal.

En estas condiciones, aun con lo que el tiempo significa para los programas de reproducción asistida, la pareja que acudió al juicio ha esperado (y espera) respuesta de la justicia constitucional durante más de dos años.

Cuarto caso. La única buena noticia, entonces, durante el 2016, fue la sentencia emitida por la Segunda Sala en el caso de Antonio y Gabriela6 en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 201 de la Ley del Seguro Social,7 que reservaba el derecho de acceso al seguro de guarderías únicamente para las madres trabajadoras excluyendo a los padres trabajadores que estando afiliados al IMSS no pueden inscribir a sus hijos.8 GIRE acompaño el caso desde su inicio en marzo de 2015.

Este asunto tiene un impacto relevante porque influye en la eliminación de las barreras que tradicionalmente han impedido en la distribución equitativa en las tareas del cuidado de los hijos.

Como conclusión, sabemos que hay cosas que celebrar como el hecho de que todo padre trabajador ahora tiene la posibilidad de inscribir a su hijo en una estancia infantil, aunque para lograrlo deba tramitar un amparo. Sin embargo, el reto mayor para la justicia constitucional es entender que incluso desde dentro del sistema judicial las mujeres han sido excluidas históricamente y que ese prejuicio ha permeado proyectándose en los criterios del Poder Judicial dela Federación. En este sentido, la tarea principal para la Corte y el resto de los órganos judiciales federales es visibilizar y combatir estas barreras que han impedido el acceso efectivo a la justicia para las mujeres. De otra manera, la justicia constitucional sería incompleta y, en consecuencia, no cumpliría su papel como sostén de la democracia.

Alex Alí Méndez. Coordinador de Litigio en GIRE


1 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Niñas y Mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, p. 60. Disponible en http://informe2015.gire.org.mx

2 Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.

3 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 75.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Solicitud de reasunción de competencia 28/2014.

5 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Op. cit., p. 209.

6 Ibíd., p. 247.

7 Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Amparo en Revisión 59/2016, Ponente: Ministra Margarita Luna Ramos. Resuelto en sesión de 29 de junio de 2016 por mayoría de 4 votos.

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