De un tiempo para acá, se suele vislumbrar que la abogacía se encuentra en una posición predilecta para favorecer intereses privados, mucho antes que las cuestiones públicas.

Al ser considerada históricamente como la profesión liberal por excelencia, y a propósito de los cambios que en épocas recientes ha sufrido la idea tradicional de Estado-nación, el ejercicio de la abogacía ha tendido a disminuir su carácter social. Y es que los abogados se distinguen por ser parte de un sistema jurídico, cuya organización y funcionamiento está reservado a la voluntad de un gran ente público, que es el Estado. En ese sentido, cuando los propios profesionistas del derecho atentan, ya sea por acción o por omisión, contra la entidad que les permite su participación y dejan de velar por la salud institucional del sistema en aras de lo individual, el ejercicio de la abogacía colisiona con los principios que sustentan a las estructuras político-sociales de una comunidad.

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Si la labor de los abogados se enfoca si, y solo si, en la defensa de los intereses privados, para por esa vía alcanzar el desarrollo profesional y mantener la endeble articulación de un sistema público, entonces, se diluye la noción cardinal de que la abogacía es una actividad estrechamente vinculada a la comunidad en la que se desenvuelve. La cual, de forma irremediable, se ve afectada por los sucesos que, a su vez, influyen en ésta.

Sin embargo, en días pasado, a propósito de las medidas adoptadas por el presidente norteamericano para frenar la entrada de refugiados y ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana a Estados Unidos, es posible distinguir no solo una manera de ejercer socialmente la abogacía sino, y sobre todo, concebir un perfil de operador jurídico que tiene el interés y la responsabilidad por proteger los derechos garantizados en la constitución y resguardar el estado de derecho.

Desde fiscales que ejercieron sus facultades como parte del sistema para fungir como oposición a las políticas públicas de Trump, pasando por representantes jurídicos de organizaciones civiles quienes interpusieron recursos de habeas corpus alegando la inconstitucionalidad de la detención de personas que tenían todos sus papeles en regla, hasta abogados de grandes firmas y despachos que asistieron voluntariamente a los aeropuertos para asistir a los viajeros que quedaron varados por la prohibición.

Este modelo de abogado que contrasta con el modelo liberal predominante y que, si bien no es socio-culturalmente considerado como paradigmático, descubre tanto las distintas facetas que se pueden ejercer en dicha profesión como también sus importantes potencialidades en sociedad.

Este tipo de profesionista, al que se le puede denominar abogado “activista o promotor”, suele implicarse en causas sociales con el objetivo de develar estructuras desde las que sistemáticamente se vulneran derechos, o bien intenta contravenir determinadas políticas públicas por medio de sus acciones.

Los abogados activistas contemplan sus litigios como “una actividad valorativa y creadora por el hecho de orientar —agitar— en uno u otro sentido el poder coercitivo del derecho; al punto que el abogado puede convertirse en un verdadero “agitador” político que lleva a cabo una guerrilla privada con las armas del derecho.”1 Así, sus acciones vienen a representar un contrapeso a los poderes dominantes en el entorno, a la vez que una manera de activismo social que, al explorar y trabajar alternativas jurídicas, propulsa el sistema en beneficio de personas o grupos que han sufrido injusticias.

Como afirma Charles Epp, en su conocido libro La revolución de los derechos, la paulatina democratización del acceso a la justicia no surgió “desde arriba” sino “desde abajo”, no fue el activismo judicial el principal motor del cambio, sino distintos fenómenos que manifiestan la existencia de actores y colectivos que han apoyado diversas causas de índole social y así ofrecen una posibilidad para aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para sostener una demanda.2 Bajo dicha lógica, son precisamente este tipo de abogados quienes ejecutan un rol crucial en sociedad, pues, entre otras muchas funciones, se encargan de defender los derechos de los demandantes en los juzgados, planean la estrategia jurídica a seguir y proporcionan gran parte de la información a sus representados.3

Visto así, las decisiones de los abogados resultan tan significativas como las de los jueces, ya que, en gran medida, de ellos dependerá el traslado de intereses privados hacia el terreno de lo público, pues buenas demandas generan buenas sentencias. Peticiones relevantes provocan fallos relevantes.

Así, antes que enaltecer unidimensionalmente de forma obnubilada a valerosos jueces independientes que garantizan los derechos de cualquier persona, no hay que olvidar que detrás de estos operadores se encuentra un gran número de abogados que trasladan pretensiones sociales al terreno jurisdiccional, para posibilitar la funcionabilidad del sistema y, después, revertir condiciones adversas.

Los abogados comprometidos con una forma distinta de pensar y ejercer la profesión, nunca despliegan sus actividades descontextualizadas del sistema político, ni tampoco anteponen intereses privados a cuestiones públicas.

Algo que Trump debería tener más en cuenta es que en un Estado contemporáneo, configurado a través de un modelo de democracia constitucional, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la ley… Y en caso de que el mandatario lo ignore, siempre habrá abogados dispuestos a recordárselo.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre


1 Trazegnies, G., Fernando de, “El rol político del abogado litigante”, en Revista Derecho PUCP, Pontificia Universidad Católica de Perú – Facultad de Derecho, No. 32, 1974, p. 273.

2 Vid. EPP, Charles, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, University of Chicago Press, Chicago, 1998.

3 Ibíd., pp. 5 y 20.