En junio del año 2013, se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y, entre otros temas importantes, se incluyó lo que ahora conocemos como los derechos de las audiencias. El reconocimiento de los derechos de los televidentes y radioescuchas se incorporó en el artículo sexto de la Constitución, como una vertiente del derecho a la información y a la libertad de expresión.

telecomunicaciones

Un año después, en 2014, se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones, que al igual que la Constitución, precisa que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y, por ello, el IFETEL debe vigilar y sancionar los incumplimientos a la ley de la materia.

Para realizar esa labor de orden e interés público, esta ley facultó al Instituto Federal de Telecomunicación (IFETEL) para expedir disposiciones administrativas de carácter general con la finalidad de regular los derechos de las audiencias, así como para asegurar el cumplimiento a los derechos de información, expresión y recepción de contenidos.

Como parte de ese proceso, en julio de 2015, el IFETEL sometió a consulta pública el “Proyecto de Lineamientos Generales sobe los Derechos de las Audiencias”. Recibió las observaciones correspondientes de diversas organizaciones vinculadas con los medios de comunicación y, a finales del año pasado, publicó la versión final de los lineamientos que entrarían en vigor en el mes de febrero de 2017.

¿Por qué regular la radio y la televisión?

En este sentido, vale recordar que la lógica detrás de la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones es la de “democratizar” el acceso a los medios, evitar la manipulación de las audiencias, así como garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Actualmente existen legislaciones similares en Reino Unido, España, Australia y Colombia por mencionar algunos ejemplos. Se trata de legislaciones nacionales que consideran como una función primordial del Estado, el proteger y clarificar los derechos de las audiencias respecto de los contenidos que se difunden en radio y televisión.

El caso mexicano sigue esta senda internacional e incluye conceptos tales como “alfabetización mediática”, entendida como las acciones que tienen como finalidad promover la capacidad de análisis, comprensión y evaluación que permitan a las audiencias ejercer derechos inherentes a la eficiente utilización de contenidos audiovisuales.

Como parte del catálogo de derechos de las audiencias se incluyen la obligación de los medios de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, y la prohibición de transmitir propaganda o publicidad como si fuera información periodística o noticiosa. También se incluyen disposiciones especiales para las audiencias infantiles y con discapacidad, guías electrónicas de programación, además de la figura de la defensoría de audiencia.

En suma, los Lineamientos Generales sobre la defensa de las Audiencias buscan poner cierto orden a los contenidos que se difunden en la radio y televisión, y mejorar la calidad de la información que reciben las audiencias.

Las impugnaciones a los lineamientos sobre defensa de las audiencias

La protección de las audiencias no es un tema novedoso en nuestro país, desde el 2013 se incluyó expresamente en la Constitución, después en la Ley Federal de Telecomunicaciones y, en 2015, como ya se mencionó, se abrió una consulta pública a nivel nacional para recibir observaciones sobre el entonces proyecto de lineamiento sobre los derechos de las audiencias.

Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que tanto la Presidencia como el Senado de la República presentaron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuestionan la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y el contenido de los Lineamientos sobre la defensa de las Audiencias.

El argumento central de las controversias se basa en que el IFETEL, al emitir los lineamientos sobre defensa de las audiencias, estaría invadiendo una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, ya que estaría regulando directamente una disposición constitucional.

Adicionalmente a ello, en las controversias se solicita que la Corte analice si los lineamientos vulneran la libertad de expresión y si invaden la competencia electoral –al no distinguir entre publicidad comercial de la de partidos y autoridades electorales.

Las dificultades que enfrenta la regulación

Independientemente de las buenas intenciones y beneficios que pueda aportar la regulación sobre la defensa de las audiencias, resulta evidente que ésta implica diversas cargas importantes para la industria de la radio y la televisión.

Para empezar, el nombramiento de un “Defensor” que deberá ser inscrito ante el IFETEL antes del inicio de sus funciones y que operaría de manera independiente al concesionario de radio o televisión, aun cuando éste deba cubrir los honorarios correspondientes.

En caso de que los departamentos o áreas internas del concesionario de radio o televisión no atiendan los requerimientos del defensor, el IFETEL podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de tales empresas.

La distinción de la publicidad en los contenidos de la programación puede representar un reto importante porque el formato de diversos programas en radio y televisión está diseñado para transmitir “cápsulas de publicidad” entremezcladas con segmentos de entretenimiento. Más aun, existen programas de “televenta” dedicados exclusivamente a la promoción de diversos servicios y productos que tienen una demanda importante en algunos sectores de la población.

Por otra parte, la precisión entre la opinión y la información puede tener también sus repercusiones en el formato de algunos programas noticiosos o de debate, ya que a partir de alguna noticia o información se suele debatir y comentar con cierta libertad, sin especificar en cada comentario si se trata de una opinión o de una información noticiosa.

En el caso de las audiencias infantiles resulta casi imposible cumplir con algunos de los cometidos de los lineamientos, como es el caso de las prohibiciones para la publicidad infantil, ya que no se está modificando el sistema de comunicación político-electoral. De forma tal que durante los horarios de programación infantil, se seguirán transmitiendo los spots de los candidatos y partidos políticos en alguna entidad que tenga un proceso electoral y las audiencias infantiles seguirían expuestas a ellos.

Cabe recordar que la Suprema Corte ya ha conocido de otras controversias en las que se ha cuestionado la constitucionalidad1 de las facultades del IFETEL para emitir disposiciones administrativas de carácter general. En esos casos, la Corte ha precisado que el IFETEL sí puede emitir normas generales en el ámbito de sus competencias bajo ciertos límites de contenido y jerarquía. Por lo que próximamente, los ministros de la Suprema Corte tendrán que analizar si los lineamientos expedidos por el IFETEL excedieron sus competencias o si bien se ajustan al marco constitucional y legal aplicable a la materia.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Controversia Constitucional 117/2014.

Te recomendamos: