El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Inconstitucionalidad de la Ley de amparo1

A través de la existencia de una contradicción de criterios sobre quién tendría la facultad para ello, se preguntaría la Corte mexicana, ¿cuándo le corresponde conocer y resolver los recursos en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de amparo?

El ponente prometiendo refinar la terminología para evitar desdén de la importancia del estudio en esta dimensión del procedimiento de defensa de derechos humanos de las personas, expondría tres vías. Primera, cuando se trata de un recurso de su competencia originaria o exclusiva. Segunda, cuando haya ejercido la facultad de atracción. Tercera, cuando haya reasumido su competencia originaria. En ese sentido, en los demás casos corresponde decidir a los tribunales colegiados de circuito.2

Servidores públicos. Atención de las necesidades primarias3

Este asunto analizaba si en la legislación actual de responsabilidades de los servidores públicos, la suspensión del cargo a uno de ellos, derivado de la existencia de un procedimiento de responsabilidad, genera necesariamente la orden de retención de los salarios que le deberían de corresponder.

La Corte, en una primera sesión discutiría sobre si la legislación en estudio debía ser declarada inconstitucionalidad por afectar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, después de desechar el primer proyecto, decidiría por medio de una interpretación conforme, que el artículo es constitucional, lo que significa leerlo en términos de estar permitiendo recibir una cantidad en numerario, para atender las necesidades primarias del servidor público investigado.4

Sistema anticorrupción. Legislaciones locales5

El asunto sigue la misma suerte que dos anteriores resueltos en septiembre de 2016,6 donde una entidad federativa realizó una serie de modificaciones al sistema anticorrupción, cuando aún no han sido emitidas las legislaciones generales marco del Congreso de la Unión, las cuales servirían de base el desarrollo de todo este sistema a nivel nacional. En ese sentido se entiende que los Congresos locales, hasta en tanto no exista ese marco general, están imposibilitados a realizar cambios. En consecuencia, la legislación modificada se consideró inconstitucional.7

Reconocimiento de la identidad y gratuidad de las actas de nacimiento8

Se dieron una serie de modificaciones de leyes de ingresos de diversos municipios, donde se establecieron derechos por el registro de nacimiento y expedición de la primera acta de nacimiento. La diversidad de marcos jurídicos en estudio, lógicamente implicaban la diversidad de hipótesis para estos supuestos de servicios prestados por los registros civiles, tales como: horas hábiles, registro y expedición de actas por urgencia, fuera de horario laborable, horarios extraordinarios o solicitud de servicio fuera de las oficinas.

La Corte para definir el asunto atendería al texto del artículo 4º constitucional donde resumiría lo siguiente: todas las personas tienen derecho a la identidad y a ser registradas inmediatamente a su nacimiento; el Estado debe garantizar este derecho; la primera copia certificada del acta de nacimiento debe ser gratuita; las entidades federativas deben atender a esta exigencia constitucional.9

Se podría extraer de la resolución de la Corte que la regla básica es la gratuidad del servicio, de la expedición de la primera acta de nacimiento y el registro inmediato, salvo aquellos casos en donde sea necesaria la existencia de una prestación por la existencia de un servicio adicional –como por ejemplo el servicio fuera de las oficinas en concreto, sin afectar la gratuidad e inmediatez de la inscripción y primera acta de nacimiento- a fin inclusive de tener una compensación por el costo de estos servicios al municipio.10

Otra hipótesis era el establecimiento de un término máximo -180 días- para el registro y expedición de la primera acta de nacimiento, fuera del cual, al considerarse extemporáneo se tendría que hacer un cobro, al igual que generar una multa a los padres por no haber realizado esto dentro del término especificado. Lo anterior no sería aprobado por la Corte, precisamente al afectar la gratuidad señalada.11

Tutela judicial efectiva12

En el amparo, en contra de la resolución de la suspensión provisional procede el recurso de queja. Mientras que al encaminarse contra la decisión sobre la suspensión definitiva procede el recurso de revisión. Pero, ¿cómo debe reaccionar un tribunal si se promueve el primer recurso indicado en contra del dictamen de la suspensión definitiva? ¿Acaso en nombre de la tutela judicial efectiva, en relación al impedimento de su desarrollo por formalismos jurídicos, debe el tribunal colegiado dar entrada a la petición y enderezar el procedimiento, máxime que es competente para resolver ambos recursos?

La Corte resolvería que los supuestos de procedencia de ambos recursos, ha quedado claro desde la existencia de la anterior Ley de amparo, hecho que retoma en el mismo sentido la ley actual. De igual manera, en un caso como el que presenta las interrogantes, se cae en la interposición de un recurso improcedente, lo que lleva a que dicha interposición se califique de inadmisible, no pudiendo, en este sentido, ser encausada por el tribunal colegiado respectivo.13

Autonomía municipal. Ingresos14

Se analizaron dos temas sobre la ley estatal de aguas. Primero, indicaba que las escuelas y hospitales públicos no serían cobrados por los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que se consideraban bienes de dominio público. Esta determinación fue considerada inconstitucional, ya que afectaba el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales , el cual se encuentra establecido para atender sus necesidades y responsabilidades públicas .

El segundo tema giraba en torno a la imposibilidad del municipio, de cobrar el servicio de agua potable, cuando se diera una reducción del suministro a 200 litros por motivo de no haber pagado por el mismo en tres meses consecutivos. Esta hipótesis se daba al servicio doméstico. En ese sentido, contemplaba la norma que mientras el usuario no decidiera regularizarse, el municipio no tendría posibilidad de recuperación por el servicio. La Corte decidiría que esta medida es inconstitucional, ya que limita al municipio en sus ingresos, afectando el principio de reserva de fuentes de los mismos.17

Acceso a la información pública. Información reservada18

Se hizo una solicitud mediante el sistema respectivo, para que entre otras interrogantes, se respondiera por parte del CISEN lo siguiente: “¿Cuántas personas o dispositivos fueron intervenidos en sus comunicaciones privadas por parte de esta dependencia en el año 2014?”.

Como efecto de la negativa a responder por parte del CISEN, el INAI resolvió que debía localizarse la información estadística que diera contestación a lo solicitado. Esta decisión fue recurrida por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal ante la Corte, motivo del asunto ahora en estudio.

El punto importante parte del hecho de que la ley respectiva, indica que es información reservada toda la relacionada con materiales, procesos, métodos o tecnologías utilizadas por el CISEN, o el producto o material de ejecución de una intervención.

No es el caso presente, afirmaría la Corte, ya que se trata de información estadística y en consecuencia, debía otorgarse por parte del CISEN, sin embargo enfatizó el máximo tribunal de México, la decisión no podía considerarse en generalidad, sino debía para asuntos futuros, observarse caso a caso, y ponderando el problema de concatenación de información, que al inicio aislada pero posteriormente unida a otro tipo de información, pudiera afectar la seguridad nacional.19

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del cuerpo académico: derechos humanos y problemas constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate y Sheira Barahona Aké, ambos alumnos de la licenciatura en derecho de la UAC. www.victorcolliek.com


1 Contradicción de Tesis 361/2015 Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 3 de noviembre de 2016.

2 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada, p. 41.

3 Contradicción de Tesis 311/2015. Ponentes: del primer proyecto Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y, del segundo proyecto Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días: 16 de junio de 2016 y 14 de noviembre de 2017.

4 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Sesión del 14 de noviembre de 2016, p. 13.

5 Acción de Inconstitucionalidad 30/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 17 de noviembre de 2016.

6 Se puede observar el sentido de estos dos asuntos en el informe preparado por esta columna en septiembre de 2016, consultable en: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6203

7 Unanimidad de votos en sentido de la propuesta del proyecto, p. 30.

8 Diversos asuntos. Primero. Acción de Inconstitucionalidad 3/2016. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada los días 17 y 22 de noviembre de 2016.

9 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada, sesión del 22 de noviembre de 2016, p. 8.

10 Esto fue en la Acción de Inconstitucionalidad 36/2016. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el 22 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos a favor del proyecto, p. 36.

11 Unanimidad de votos en el sentido del proyecto, a excepción del artículo 23 de la ley en estudio, donde hubo mayoría de nueve votos, p. 23. En este caso se trató de la Acción de Inconstitucionalidad 7/2016. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 22 de noviembre de 2016.

12 Contradicción de Tesis 256/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el jueves 1 de diciembre de 2016.

13 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 21.

14 Controversia Constitucional 48/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el jueves 1 de diciembre de 2016.

15 La Constitución mexicana en su artículo 115, párrafo segundo indica: “Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.

16 Votación favorable, p. 26.

17 Mayoría de cinco votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 57. En las discusiones se da una dinámica reflexiva sobre el impacto que tiene la disposición del agua potable, referida a los 200 litros, sobre el derecho al agua reconocido constitucionalmente.

18 Recurso de Revisión en materia de seguridad nacional 1/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionado el día 5 de diciembre de 2016.

19 Mayoría de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 37.

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