Donald Trump está lejos de cumplir sus primeros 100 días como Presidente de los Estados Unidos y ya enfrenta una creciente opinión pública que exige que sea removido de su cargo. La metralla de sus torpes tuits, junto con sus rabietas en contra de los medios de comunicación y, principalmente, el abanico de órdenes ejecutivas que ha firmado y que no rebasan al más mínimo rasero político, moral y jurídico, configuran el escenario a partir del cual buena parte de la sociedad estadunidense considera que urge iniciar un impeachment (juicio político) en contra del presidente Trump.  Sin embargo, y más allá lo repugnante y peligroso que es este personaje, vale preguntarse qué tan viable es la destitución de Trump. ¿Cuáles son los requisitos legales para concretar el impeachment del Presidente de Estados Unidos? ¿Existen otras vías jurídicas para removerlo de su cargo? ¿Qué tan propicio es el contexto político para echar a andar esta maquinaria legal?

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¿Qué se necesita para un impeachment?

La cuarta sección del artículo 2º de la Constitución estadunidense señala expresamente lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. A la Cámara de Representantes le corresponde, con tan sólo una mayoría, presentar la acusación en contra de alguno de estos funcionarios; mientras que los senadores tienen la responsabilidad de evaluar dicha acusación y, en su caso, mediante una mayoría de dos tercios, determinar si es culpable. La sanción que corresponde es la separación del cargo y, a discreción de los senadores, eventualmente se puede sumar la prohibición de volver a ocupar un cargo público.

Ahora bien: el texto constitucional no dice nada respecto qué tipo de empleados públicos incluye la expresión “funcionarios civiles”. Sin embargo, se ha entendido que se trata de aquellos que tengan una autoridad relevante, es decir, burócratas que sean nombrados por el Presidente y/o que sean titulares de alguna institución como una secretaría de estado, comisionado de alguna agencia reguladora, etcétera. En toda la historia de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha impulsado la destitución de 19 funcionarios: 15 jueces federales, un senador, un miembro del gabinete y dos presidentes. En 16 de estos casos, el Senado ha considerado pertinente abrir el juicio y evaluar la acusación formulada por los representantes. No obstante, sólo 8 de estas acusaciones han resultado en una sentencia condenatoria, siendo todos estos jueces federales.

Ahora bien, un aspecto medular de este procedimiento es el significado de los supuestos por los cuales debe proceder el impeachment: traición, cohecho u otros delitos y faltas graves (treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors). Al respecto, como suele suceder en la academia estadunidense, existe un sinfín de textos que analizan los alcances de estos términos. No obstante, si seguimos la lectura de Cass Sunstein, uno de los mejores constitucionalistas de Estados Unidos, y el estudio elaborado por el propio Congreso apenas en el 2015 sobre este procedimiento de destitución, es posible encontrar ciertos criterios orientativos. Así, la conducta del Presidente que puede ser motivo de impeachment debe exceder o abusar indebidamente de los poderes de la oficina presidencial; traducirse en un comportamiento incompatible con la función y el propósito de la oficina; o implicar un mal uso de la oficina para un propósito impropio o para el beneficio personal.

Vale insistir en que la calificación de si la actuación del presidente Trump se ubica en algunos de estos supuestos corresponde al Congreso. Y, por ello, se trata una ponderación enteramente política que puede estirarse o contraerse conforme los vaivenes de la opinión pública y de las batallas político-electorales. Sin embargo, a partir de los precedentes de impeachment, los debates de la Convención de Filadelfia (en la cual se creó la constitución estadounidense), así como los pronunciamientos de los padres fundadores de Estados Unidos, es posible considerar a los anteriores criterios como la brújula más adecuada para trazar la ruta de una eventual destitución del presidente Trump.

Primera trinchera de ataque: conflicto de intereses

En este sentido, la estrategia que desde hace unas semanas inició un grupo relevante de abogados liberales consiste en generar un elemento objetivo que sirva como cuña para presionar a las fuerzas políticas y así iniciar el proceso de destitución del presidente Trump. Y, para ello, el primer paso fue interponer una demanda en contra de él en una corte federal de Nueva York, con el propósito de atacar uno de sus puntos más frágiles: el conflicto de intereses.

En efecto, el punto neurálgico de esta demanda parte de la sección novena del artículo 1º de la Constitución estadunidense, conocida coloquialmente como la cláusula de emolumentos, y que establece que ningún funcionario público puede aceptar un “[…] regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso”. Como es fácil de imaginar, el propósito de esta disposición consiste en evitar que gobiernos o poderes extranjeros usen dinero, regalos u otro recurso para corromper la lealtad de la oficina presidencial con el pueblo de los Estados Unidos.

Para los demandantes, este escenario justamente se actualizó a partir de que Trump asumió formalmente la presidencia y, si bien decidió abandonar la dirección de su conglomerado empresarial para pasarles la estafeta a sus hijos Donald y Eric, mantuvo su participación en el fideicomiso que guarda sus activos comerciales y financieros mientras él es Presidente. A partir de ese momento, según los demandantes, a través de sus hoteles y otros negocios, el presidente Trump se ha beneficiado económicamente cada vez que un país extranjero apoya alguno de los negocios de su conglomerado. Los ejemplos pueden ir desde el caso de que varios representantes de países extranjeros, invitados a su toma de protesta como Presidente, se hospedaron el hotel Trump de la ciudad de Washington D.C., hasta cuestiones mucho más sofisticadas como el apoyo de gobiernos extranjeros para que concrete cierta inversión en su país, sea otorgándole facilidades impositivas en la compra de terrenos o también dándole acceso a créditos en bancos que son controlados por esos gobiernos extranjeros o, en su defecto, donde éstos tienen participación accionaria.

La administración Trump ha ninguneado públicamente esta demanda; sin embargo, lo cierto es que tendrá que responder y esperar la decisión de los jueces. El propósito de este grupo de abogados liberales es conseguir una victoria judicial y aprovecharla como un trampolín para lanzar una justificación política de que el presidente Trump, al violar la cláusula de emolumentos, ha hecho un mal uso de la oficina presidencial para beneficio personal. Y, de esta manera, allanar el terreno para un eventual impeachment.

Segunda trinchera de ataque: desacato a los tribunales

En la opinión pública se ha manejado una segunda razón que podría servir de base para iniciar un impeachment en contra de Trump: el desacato judicial. El ahora Presidente de los Estados Unidos ha tenido una relación por demás ríspida con los jueces. Durante toda su campaña electoral, así como en sus primeros días de gobierno, Trump ha sido particularmente crítico con la judicatura —especialmente cuando sus fallos no le favorecen—.

En plena campaña electoral, Trump cargó en contra del juez federal Gonzalo Curiel, un ciudadano estadounidense nacido en el estado de Indiana con ascendencia mexicana. De acuerdo con Trump, Curiel —al ser un “juez mexicano”— tenía un “inherente conflicto de interés” y por ende debía de excusarse de seguir conociendo del juicio que diversos estudiantes de la extinta Trump University habían presentado en contra del todavía candidato Trump. El caso finalmente terminó en un acuerdo: Trump accedió pagar 25 millones de dólares a los estudiantes presuntamente defraudados. Pero más allá de que en este caso no fue posible ver la reacción de Trump frente a una resolución potencialmente adversa, lo cierto es que este litigio fue una primera muestra del escaso respeto que Trump tiene por el poder judicial.

Durante su gestión como Presidente de los Estados Unidos, Trump ha continuado con su costumbre de criticar ferozmente a los jueces que emiten fallos en su contra. Quizá el mejor ejemplo de lo anterior sea la manera en que reaccionó frente a la resolución mediante la cual James L. Robart, un juez federal en el estado de Washington, ordenó la suspensión temporal del llamado “veto musulmán”, esto es, la orden ejecutiva mediante la cual Trump pretende prohibir la entrada a Estados Unidos a personas nacidas en una lista de países preponderantemente musulmanes. Después de que Robart concedió la suspensión, los tuits de Trump no se hicieron esperar. Entre otras cosas, tuiteó el Presidente lo siguiente: “¡La resolución de este supuesto juez, que esencialmente elimina la capacidad de nuestro país para hacer cumplir la ley, es ridícula y será anulada!”.

Lo más grave del caso es que, como se ha reportado en los medios estadounidenses, durante varios días la administración de Trump se negó a cumplir con la orden de Robart. Y si bien para ello se echó mano de argumentos francamente leguleyos, lo cierto es que esta manera de reaccionar sugiere que Trump y los funcionarios de su administración están dispuestos a retar al sistema judicial y eventualmente generar una crisis constitucional. Esto es particularmente relevante para un posible impeachment: si Trump continúa con su desafío a las órdenes judiciales, eventualmente algún tribunal podría determinar que el Presidente y/o sus subordinados han incurrido en desacato judicial, lo cual —según algunos expertos— podría encuadrar en el supuesto de “delitos y faltas graves”, al que hace referencia la constitución estadounidense como una de las causales para que proceda el impeachment.

¿Una tercera trinchera de ataque?: incapacidad de Trump

Finalmente, también cabe apuntar que en la opinión pública y en la academia se ha barajeado otra vía judicial mediante la cual se podría remover a Trump. El primer párrafo de la sección 4 de la Enmienda XXV de la constitución estadounidense establece literalmente lo siguiente: “Cuando el Vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos […] trasmitieran al Presidente pro tempore del Senado y al Presidente de Debates de la Cámara de Diputados su declaración escrita de que el Presidente está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, el Vicepresidente inmediatamente asumirá los derechos y deberes del cargo como Presidente en funciones”.

Así, en principio, para la remoción de Trump sería suficiente una acción coordinada entre el vicepresidente Mike Pence y una mayoría del gabinete. Sin embargo, esta enmienda constitucional establece un procedimiento —y un juego político— bastante más complicado. Incluso si el vicepresidente y el gabinete logran concertar esta acción, bastaría con que Trump rindiera una comunicación escrita en la que manifieste que no existe imposibilidad o incapacidad alguna. Si esto sucediera, Trump reasumiría sus funciones como Presidente, a menos de que el Vicepresidente y la mayoría del gabinete, de nueva cuenta, se pronunciaran a favor de la incapacidad. En este escenario, la disputa se trasladaría a la arena legislativa, siendo necesario el voto de dos terceras partes de ambas cámaras para proceder a la remoción definitiva de Trump.

Un pequeño (gran) problema: el ajedrez electoral

Estas estrategias constitucionales, más allá de que siempre pueden tener aspectos jurídicos debatibles, en principio funcionan muy bien en el pizarrón. Sin embargo, la suerte de éstas depende enteramente del contexto político. En particular, resulta indispensable la construcción de una mayoría política que esté dispuesta a iniciar el procedimiento de impeachment en contra del presidente Trump, o bien, a removerlo mediante el procedimiento de la Enmienda XXV. Actualmente, y por más que consideremos que la nueva presidencia estadunidense acumula méritos para este objetivo, el escenario pinta muy complicado: si bien Trump es un presidente bastante impopular, sigue mantenimiento el apoyo de un importante segmento de la población y, en particular, de los votantes republicanos. Asimismo, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras y, hasta el momento, sigue en su luna de miel con su desagradable presidente, la cual muy probablemente se prolongue hasta que los desvaríos de Trump comiencen a generar costos significativos en términos electorales.

Ante esto, no pocos hanm dirigido la mira a las elecciones intermedias de 2018: esa es la oportunidad para que el Partido Demócrata capitalice una gestión presidencial que no sólo apunta a hilvanar valores contrarios a la tradición democrática y liberal de Estados Unidos, sino que también acumulará errores propios de su inexperiencia y soberbia. Sin embargo, es necesario dimensionar el reto que tienen los demócratas en estas elecciones legislativas que se avecinan.

Respecto la Cámara de Representantes, el partido demócrata necesita arrebatarles a los republicanos 24 escaños. Se trata de una meta titánica, sobre todo si ponemos el dato en perspectiva histórica: en las elecciones intermedias de 2006 —durante el segundo periodo del presidente Bush hijo y cuando ya era evidente el fracaso de la guerra de Irak y brotaban las consecuencias de la negligencia de la administración federal en la catástrofe del huracán Katrina— los demócratas lograron quitarles 31 escaños a los republicanos.

El panorama es igualmente complicado si volteamos al Senado. Ciertamente, en 2018 se renovarán 33 escaños, lo cual abre la posibilidad a que los demócratas retomen el control de esta cámara. No obstante, 25 de esos 33 escaños son posiciones que actualmente ya ocupan los senadores del Partido Demócrata, y otros 2 corresponden a senadores independientes que suelen votar con los demócratas. Esto significa que, para romper la mayoría republicana que actualmente impera en el Senado, estos 27 legisladores deberán conservar sus escaños y, además, los demócratas tendrán el reto de ganar al menos tres escaños que actualmente estén en manos de los republicanos. Dicho de otro modo: se necesita una auténtica catástrofe en el campo republicano —esto es, perder 30 de las 33 elecciones de 2018— para que los demócratas puedan controlar el Senado.

Pero incluso si en 2018 los demócratas logran esta hazaña en ambas cámaras, lo cierto es que los legisladores demócratas se encontrarían aún muy lejos de las mayorías calificadas que se exigen para poner en marcha el impeachment, o bien, el procedimiento de incapacidad contemplado en el Enmienda XXV. El panorama, para decirlo pronto, es poco alentador.

A manera de conclusión

Es cierto que vivimos tiempos impredecibles y muchos procesos políticos en Estados Unidos están siendo inéditos. Parecería, por tanto, que casi cualquier cosa puede suceder en los siguientes meses y años. Desde esta perspectiva, no es descabellado pensar que, si el estridente presidente de los Estados Unidos comete una serie de errores de proporciones mayúsculas, un número suficiente de republicanos podría eventualmente sumarse a los demócratas a fin de remover a Trump vía impeachment o vía incapacidad.

No obstante, este escenario se antoja complicado. Como referíamos anteriormente, la luna de miel entre el Presidente y los legisladores de su partido continúa, y la probabilidad de que se presente una rebelión interna en las filas republicanas se reducirá conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2018. En razón de lo anterior, parece que la vía más efectiva para acotar a Trump será, paradójicamente, la electoral. Cierto: ganar el control de ambas cámaras de 2018 representa un reto titánico. Pero incluso esto parece más factible que apostar por una fractura mayúscula en las filas republicanas en un contexto político dominado por el partidismo y la polarización.

Peor aún: para una eventual derrota electoral de Trump es indispensable un Partido Demócrata con liderazgos capaces de reorganizar, reinventar su narrativa y encontrar el ángulo adecuado para atacar de manera provechosa a Trump y los republicanos. Se necesita, pues, una oposición capaz de emocionar y ganar el corazón y las mentes de un electorado cada vez más complejo. Y, al menos por el momento, parece que esto no está sucediendo: el Partido Demócrata sigue recuperándose el enorme descalabro electoral que implicó la presidencia de Obama, cuya cereza en el pastel fue el triunfo de Trump. Incluso es justo decir que las mayores victorias en contra de Trump han ocurrido en la arena judicial, en casos impulsados desde la sociedad civil. Parece, por desgracia, que tendremos Trump para rato, y que para deshacerse de él no quedará sino apostar por los mecanismos electorales en 2018 y, sobre todo, en 2020.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM, politólogo por el CIDE y maestro por la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes