libertad

Los efectos de la privatización de las prisiones federales, mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios (CPS), no sólo se han resentido en los derechos de las personas presas sino en los recortes presupuestales en salud y otras tareas primordiales.

La Suprema Corte puede impedir o ayudar a consumar un atraco similar, cuando sus ministros discutan en los siguientes días la acción de inconstitucionalidad 61/2016. La cual aborda el peliagudo tema de la libertad condicionada y la privatización de la supervisión de las personas liberadas, que se encuentra establecido en  el último párrafo del artículo 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP):

La autoridad para la supervisión de la libertad podrá celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y certificadas. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo Federal y de las entidade federativas, en el ámbito de sus respectivas competnecias establecerán el proceso de certificación para que una organización de la sociedad civil pueda coadyuvar en la supervisión de la libertad.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso la demanda de acción de inconstitucionalidad 61/2016 que, entre otros aspectos, impugna una disposición aparentemente inocua de la misma LNEP (artículo 141, fracción VII) y que establece una distinción entre los delitos dolosos (aquellos con intención de cometerlos y, por ello, implican penas más severas) y los culposos (aquellos que se cometen por negligencia o falta de cuidado, de ahí que reciban penas menos severas) durante el cumplimiento de una pena.

Dicha distinción es la que permite sujetar a las personas que son liberadas tras cumplir una delito doloso a un régimen de libertad condicionada (supervisada), a diferencia de aquéllas que son liberadas tras cumplir la pena por un delito culposo, que obtienen su libertad plena.

La impugnación de la CNDH, hay que reconocerlo, fue audaz: si “se cae” dicha distinción absurda, puesto que la misma ya se hizo en el juicio, también se viene abajo la libertad condicionada. Con una dosis mínima de malicia, se comprende que ello acabaría con el nicho para las organizaciones que se prestan para supervisar a miles de egresados de las prisiones y con cientos de plazas locales y federales para supervisar a los supervisores.

La diferencia entre la prisión y la libertad condicionada es la misma que separa, por un lado, al ius puniendi, que es necesario e inevitable para combatir la impunidad en las sociedades democráticas y, por el otro, al “ius jodiendi”, propio de las sociedades burocráticas, que no sirve a la sociedad, ni a la víctima ni a nadie, excepto a quienes vivan a costa de no dejar a otros hacer su vida en paz.

Así, nuestra Suprema Corte ciertamente no puede sustentar su decisión en los anteriores razonamientos, pero lo que sí se le puede exigir es que al resolver este caso haga una lectura de la Constitución por principios, como corresponde a los tribunales constitucionales, y no la tome como un catálogo de reglas o excusas.  La Corte no puede esconderse detrás de las formas:

1) Cuando se trata de establecer sanciones, cada autoridad asume y agota su ámbito de competencia, de manera que ni el juzgador ni el ejecutor pueden reconsiderar lo legislado (prohibición de la doble valoración de los elementos de determinación de la penalidad), como el ejecutor tampoco puede revalorar lo juzgado (prohibición de la doble valoración de los elementos de determinación de las penas impuestas).

2) Las prohibiciones constitucionales señaladas alcanzan al legislador y, si él las autoriza, incurre en actos ultra vires (fuera de cauceque deben invalidarse por violentar la división de poderes y el ejercicio de las funciones del sistema de justicia penal en forma acorde con el derecho humano que prohíbe juzgar o considerar dos veces por lo mismo: non bis in idem (como principio).

3) Lo anterior es aplicable a la libertad anticipada prevista en la LNEP, que reconsiderala distinción entre delitos dolosos y culposos más allá de la sentencia, incurriendo una chocante discriminación violatoria de dicho principio.

4) El sistema de justicia penal se asemeja a un sistema de esclusas en que es colocado un barco para cruzar un canal interoceánico, donde la Constitución regulase el ingreso a cada una de ellas. En la primera esclusa, se permite al legislador ordinario nivelar el agua de acuerdo a criterios propios del derecho penal sustantivo (testde proporcionalidad legislativo); la segunda esclusa, la opera el juzgador de procesos penales de acuerdo con principios y normas procesales (testde proporcionalidad judicial); la tercera esclusa, bajo la responsabilidad de autoridades judiciales especializadas en cuestiones de ejecución penal parte del monto de la pena individualizada, sin tomar nuevamente cuenta las razones que tuvo el juzgador para establecer el rango de penalidad (dolo, culpa, bien jurídico tutelado, modalidades de ejecución y otras), ni considerar otra vez los argumentos del juzgador (culpabilidad, grado de participación, medios comisivos, entre otras), sino que únicamente atiende a la conducta en reclusión (test de proporcionalidad judicial entre los beneficios constitucionales y dicha conducta).

5) Si cada esclusa solo debe atender a las condiciones que exige el barco en su tramo; no antes, no después, cada autoridad (legislativa o judicial) asume y agota(en su tramo) su ámbito de competencia.

La Suprema Corte, en este contexto, puede actuar como una garantía de garantías y poner una muestra de cultura de derechos permitiendo que las personas sentenciadas por delitos dolosos, al igual que quienes sean condenadas por delitos culposos, estén en posibilidad de acceder a la libertad anticipada con el cincuenta por ciento de la pena, sin que nadie tenga que pasar por el purgatorio de la libertad condicionada.

Miguel Sarre. Profesor numerario del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @miguelsarre


Véanse:

Demanda de acción de inconstitucionalidad 61/2016 presentada por la CNDH.

Amicus curiae presentados por alumnos de la representación de derecho del ITAM.

Amicus curiae presentado por alumas de derecho del ITAM.

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