En el simbolismo institucional de nuestro país del siglo XX, existe un momento fundacional de la justicia constitucional: el año de 1995. Fecha en la que entró en vigor una ambiciosa reforma constitucional que reestructuró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en general, al Poder Judicial de la Federación. Fue justo a partir de ahí, según este imaginario, que México por fin tuvo un árbitro constitucional.

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Lo cierto, sin embargo, es que la tarea de erigir a la Suprema Corte como un tribunal constitucional fue más bien un proceso, en ocasiones silencioso e imperceptible, que implicó varias reformas —y que inclusive para algunos se trata de un trabajo aún con asignaturas pendientes (Cossío y Fix-Zamudio, 1996; Fix-Fierro, 2002; Caballero et. al., 2008). Asimismo, sobra mencionar que antes de esta reforma, la Corte contaba con al menos una herramienta propia de un tribunal constitucional. El juicio de amparo, sin duda, era un instrumento jurídico que permitía, con todas sus limitantes y excentricidades, hacer efectivas diversas disposiciones del texto constitucional.

La relevancia, entonces, de la reforma de 1995, más allá de sus méritos estrictamente normativos, reside en el contexto del país en el que se impulsó y entró en vigor. A diferencia de otras reformas, ninguna saltó a la vida institucional del país en los albores de la etapa clave de su transición democrática que exigió décadas y un sinfín de ajustes institucionales sobre todo relacionados con el andamiaje electoral. De hecho buena parte de la literatura académica ha reflexionado respecto los incentivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impulsar una reforma de este calibre (Magaloni B. 2003; Finkel, 2008; Inclán, 2009), encaminada a consolidar la justicia constitucional, cuando borboteaba ya un pluralismo político que cuajaría pocos años después en un régimen presidencial bajo una dinámica de gobierno dividido y, por supuesto, con la alternancia en la presidencia de la República. Este inédito escenario político, junto con la nueva batería de herramientas constitucionales que otorgó a la Suprema Corte la reforma de 1995, fue el caldo de cultivo que terminó por cocinar una justicia constitucional mucho más sólida que antaño. Insisto: no sólo por el nuevo arsenal de medios de control constitucional que ganó la Suprema Corte, sino también porque las características de la nueva arena política hicieron que pronto la Corte se ubicara en el centro de no pocas de las exigencias institucionales del país.

Pero, ¿qué ha pasado desde entonces con la justicia constitucional del país? ¿Cuáles eran las metas que debía cumplir la Suprema Corte en pleno proceso de consolidación democrática? ¿Cómo las ha sorteado? ¿Se ha erigido en un árbitro efectivo de los principales conflictos del país? ¿Son necesarios todavía algunos ajustes para consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional? El objetivo de este texto es justamente tratar de contestar éstas y otras interrogantes encaminadas a hacer un balance de la Corte como tribunal constitucional a más de 20 años de la mencionada reforma de 1995 y, sobre todo, pensar en los retos que le esperan a ésta en el siglo XXI. Si bien resulta sugestivo realizar una lectura histórica del papel de la Corte en la vida de nuestro país, más cuando celebramos los primeros 100 años de la Constitución de 1917, lo cierto es que la justicia constitucional —como ya se mencionó— nunca había sido tan relevante para el país sino hasta en el último par de décadas. Así, sin duda, los avances conseguidos en este arco de tiempo, así como los desafíos aún pendientes, definirán la suerte de uno de los grandes retos de nuestra democracia: hacer de la Constitución una norma jurídica efectiva que coadyuve a darle estabilidad y cauce al país.

Este texto, en este sentido, se divide de la siguiente manera. En primer lugar, se trazan los principales retos que enfrentó la Corte al inaugurarse la vida democrática. Después, se explican algunos de los cambios más significativos que ha sufrido la conversación constitucional en estos años, en rubros como la complejidad de los casos y preguntas que se les plantean a los ministros, así como en los cambios en el sustrato de la justicia constitucional. Por último, se esbozan algunas de las metas que debe alcanzar la Suprema Corte no para erigirse como tribunal constitucional, sino para fortalecerse como tal y exprimir su potencial en el arduo trabajo que implica consolidar una democracia.

II. El árbitro constitucional y sus desafíos    

¿Qué esperar de una corte constitucional en una transición democrática como la mexicana? Vale apuntar de inicio que todo fenómeno de transición significa, en términos generales, el abandono de ciertas reglas clave de un régimen autoritario o   dictatorial para adoptar pautas básicas de uno democrático. Un punto relevante, no obstante, reside en cómo se da este salto entre un grupo de reglas y otro. En principio, existen dos escenarios posibles. O estamos ante un punto de quiebre que permite ubicar con claridad un antes y después institucional, a través de un proceso constituyente que establece una nueva Constitución con las reglas de convivencia propias de un sistema democrático. O, en su caso, se trata de un proceso gradual, que puede extenderse inclusive por décadas, y que a lo largo de este lapso de tiempo se va ajustando de manera paulatina la maquinaria autoritaria para establecer condiciones democráticas en el acceso y ejercicio del poder (Elster y Slagstad, 1988). De tal manera que, a pesar de que haya sufrido un número significativo de reformas para alcanzar este propósito, el mismo texto constitucional que cobijó al régimen autoritario es ahora el sustrato institucional del edificio democrático. Esta diferencia en los procesos de transición democrática, a pesar de presentarse aquí de manera un tanto esquemática, no es menor al momento de definir el tipo de tareas que deberá enfrentar una corte constitucional al estrenarse en una dinámica democrática.

Es cierto: en términos generales, algunos han considerado que la función principal de este tipo de instituciones en un proceso de transición democrática es garantizar la estabilidad del nuevo sistema político, mediante una patente adherencia —sea por convicción o responsabilidad— a las reglas democráticas y una manifiesta imparcialidad frente a los conflictos que tiene que resolver (Garzón, 2003). Otros, por su parte, han señalado que, más bien, su tarea medular consiste en escudriñar el ejercicio del poder del resto de la estructura estatal, tarea cuyo éxito está atado a la suerte de varios factores que varían en cada sociedad, tales como la cultura de legalidad, los alcances de los medios de control constitucional, la independencia de los jueces de acuerdo a su entorno institucional y político, así como el bono de legitimidad con que cuente el tribunal constitucional en cuestión (Gargarella et. al., 2004). No obstante, y aunque esta discusión es por demás fecunda y relevante, me interesa enfocarme en los retos de una corte constitucional de acuerdo a las particularidades de su transición democrática y la manera de entender su texto constitucional. Perspectiva donde la ausencia de una nueva Constitución plantea ciertamente dificultades adicionales o, en su caso, éstas se presentan con mayor intensidad que en una transición democrática que diferencia con nitidez entre el pasado y futuro institucional de una sociedad.

Un primer reto, en este sentido, de la Suprema Corte, en su renovado papel de corte constitucional a partir de 1995, derivó del hecho de que ante una transición democrática como la mexicana —gradual, que no resultó en un nuevo texto constitucional— era probable que se presentara de manera acentuada una contradicción entre instituciones del régimen anterior frente aquellas reglas democráticas que se habían incorporado. Es decir, ante la falta de un trazo claro entre el universo de instituciones de raíz autoritaria frente aquellas de diseño democrático, una corte constitucional inevitablemente tiene que enfrentarse a un mosaico de reglas que arrastran una tradición y funcionamiento autoritario y, no menos grave, que en no pocas ocasiones son apoyadas por grupos sociales cuyo propósito es mantener estos arreglos institucionales —sea por los beneficios que les arrojan o porque genuinamente consideran que éstos son adecuados.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega.

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