En los últimos meses, y tras las elecciones al Parlamento catalán celebradas en septiembre de 2015 que otorgaron una mayoría independentista en su hemiciclo, el reclamo al derecho de autodeterminación de Catalunya ha sido constante. Para poner en contexto esta situación hay que hacer un poco de historia, en especial porque en América Latina, dada la forma en que se conformaron sus Estados, resulta difícil la comprensión de ese anhelo, aunque los que opinen sean intelectuales o defiendan similares reclamos para otros territorios y pueblos.

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Con certeza la educación histórica recibida en México respecto a la antigua metrópoli colonizadora no dista mucho de la que recibimos los que estudiamos en la España bajo el régimen dictatorial de Francisco Franco. El autócrata proclamado todopoderoso tras una guerra civil consecuencia de su alzamiento contra una democracia, la segunda República hispana. En esa historia, falsa en su contenido, se afirmaba que los reyes católicos habían unido un país a través de un matrimonio. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón sí fueron esposos, pero ello no significó una unión territorial, política o económica. De hecho la muerte de Isabel hizo regresar a Fernando a su tierra, y sólo retornó como regente de Castilla por la petición de los nobles castellanos debido a la imposibilidad de su hija, Juana (la loca), de gobernar. Tan es así que el futuro emperador y sus descendientes, Carlos V, firmaban como reyes o príncipes de cada uno de los territorios de su reinado, en ningún caso como una unidad, ni siquiera en la península ibérica. Cualquier estudio histórico serio reafirma lo dicho, así como las muchas revueltas y enfrentamientos entre Catalunya y la corona castellana, donde seguramente la de 1640 representó un hito del que surge el actual himno catalán, els segadors, resultado de las muchas versiones de una canción popular. Violencias que se repitieron en la conocida como guerra de sucesión, a principios del siglo XVIII, cuando la falta de un heredero de la casa de los Austrias, los descendientes del emperador Carlos V, produjo una división de intereses. Los aragoneses apoyaron a un candidato de Austria, que aseguraba seguir teniendo libertades políticas, mientras que Castilla propuso un borbón francés –casa real que tenía como máxima la centralización política y la unificación cultural. Y quien no lo crea que observe la historia francesa y la eliminación sistemática de sus diferencias idiomáticas. El resultado fue una nueva derrota catalana, fecha que da el día de su celebración nacional el 11 de septiembre, cuando cae la capital Barcelona tras meses de acecho y bombardeos a la entonces ciudad amurallada. A partir de ahí las reformas borbónicas acabaron con las instituciones catalanas y ponen en jaque su propio idioma, el catalán.

Este preámbulo es fundamental para entender que los agravios actuales tienen largo aliento histórico, y son más visibles en un Estado que nunca, o con muy breves lapsos de tiempo, ha sido una real democracia asentada en los principios liberales. Reinados absolutistas o dictaduras militares fueron la característica española, hasta que se confió en la llamada transición política tras la muerte del general Franco en 1975. Dicha transición ha sido tomada como un modelo, un ejemplo de lo que una sociedad debe realizar para llegar a una convivencia en la pluralidad de ideas y de expresiones culturales. El famoso “café para todos”, bajo una monarquía parlamentaria como algunas de las sociedades más democráticas de Europa, hizo que incluso se creara un nuevo mapa político-territorial del país, estableciéndose comunidades autónomas en un sistema que, sin ser federal, daba la impresión de satisfacer a todos los ciudadanos del país. Parlamentos, presidentes de comunidades autónomas, estatutos autónomos –especie de constitución regional- y poder sobre ciertos temas, como educación y sanidad, han caracterizado esta forma de estructurar el Estado, además de una “solidaridad” económica para equiparar todos sus territorios.

Sin embargo, los agravios son comparativos y rara vez cesan con tanta facilidad como la deseada. Un hecho fundamental en esta historia, aquí resumida, es la aprobación por referéndum de un nuevo estatuto de Catalunya el 18 de junio de 2006. Texto que también fue aprobado por el Congreso español pero que nunca entró en vigor al ser denunciado por el Partido Popular (PP), hoy en el poder, y que finalmente fue desautorizado por el Tribunal Constitucional. Sus novedades estaban en las bases de financiación económica, además del reconocimiento de Catalunya como nación y de su idioma, el catalán, con las mismas consideraciones que el castellano. Esta circunstancia significó una nítida ruptura del status quo que había predominado en los años anteriores donde buena parte de las fuerzas políticas catalanas fueron responsables de la estabilidad de los gobiernos españoles, tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del PP. Misma circunstancia que ha hecho crecer el deseo de autodeterminación con el aumento de los votos a los partidos que la propugnan e, incluso, ha hecho que alguno que no lo tenía en su programa político hasta entonces lo incorporara, como lo fue la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), hoy Partit Demòcrata Europeu Català (PDCAT).

Hoy en día un caudal de noticias, relacionadas con el conflicto político, circula en los medios de comunicación y reflejan los disímiles posicionamientos de actores involucrados, y todo ello con un claro trasfondo que es el desencuentro entre el gobierno español y el catalán. Desde Catalunya se propone la realización de un referéndum que defina el deseo de los catalanes de seguir en el marco del Estado hispano u optar por una República independiente. Mientras que desde los poderes de Madrid se amparan en la Constitución para negar el derecho a la consulta popular, hecho que ha llevado a muchos políticos catalanes frente a los tribunales y a las leyes y medidas emitidas desde el gobierno autónoma a ser derogadas por el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que la independencia judicial española también está siendo cuestionada por organismos internacionales –algo lógico si se piensa que buena parte de los jueces son nombrados desde los gobiernos en turno. Ejemplo de ello es el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ligado al Consejo de Europa, y donde con dureza critican la falta de independencia judicial en España.1

Un claro impasse político rodeado de escándalos como la llamada “Operación Cataluña” y que recientemente ha vuelto a destapar el periódico en línea Público, donde a través de grabaciones se observa cómo desde el Ministerio del Interior español, y con ayuda de funcionarios policiales y judiciales, se montó una trama para perseguir o crear falsas acusaciones a políticos independentista catalanes, situación que apenas va a ser investigada en el Congreso español al ser aprobada una comisión para ello en febrero de 2017. A ello hay que añadir que el actual gobierno del PP tiene de su lado a prácticamente todos los medios de comunicación audiovisuales y escritos, algo visible en la composición nada plural de sus tertulianos y creadores de opinión. Cuestión ratificada por estudios internacionales que muestran el intervencionismo de las administraciones públicas, tras seis años de seguimiento (2005-2011), y que se puede leer en el informe “Mapping Digital Media” construido por la organización Open Society Foundations.2

La batalla por la difusión de la situación catalana también se ha llevado a Europa, donde el gobierno catalán ha defendido de distinta forma su mensaje a favor de la celebración de un referéndum, al estilo del que celebró Escocia con los mismos motivos hace poco tiempo. Labor de divulgación que ha sido contrarrestada constantemente por el gobierno del PP y sus colaboradores actuales del PSOE con la finalidad de impedir cualquier demostración catalana fuera del marco de la Constitución, convertida en ley inamovible.

La batalla política también se ha extendido a través de intelectuales como Arturo Pérez-Reverte o Mario Vargas Llosa, quienes siguiendo la senda de Francisco de Quevedo se han convertido en máximos exponentes del anticatalanismo; posición bastante conocida para la construcción del discurso nacional español y que incluso tiene situaciones tan surrealistas como el texto del vicesecretario de coordinación política del PP en Andalucía, Toni Martín Iglesias, cuyo nombre se volvió viral en las redes sociales tras realizar una visita a Catalunya y comentó lo siguiente:

Me voy de Cataluña sin haberlo conseguido, lo confieso. Por más que lo he buscado no he tenido suerte […]. Venía yo buscando a ese (todos tenemos un amigo que le ha pasado) que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices <<perdón, es que no le entiendo>> y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado […]. Buscaba también al que no te mira o lo hace con cara de asco (todos tenemos algún amigo que le ha pasado) cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro […]. Dejo con mi familia Girona después de seis días sin haber encontrado más que gente amable (muy amable), y simpática (muy simpática) […] hemos recibido más sonrisas y educación que en mucho tiempo.

Hecho que coincide con un admirador de Catalunya, como lo fue Azorín, quien en el diario El Progreso, en 1898, escribía:

Cada vez admiro más a Cataluña. No se mide la estatura de un pueblo, de una época, por sus hombres eminentes, por el número de sus genios en las ciencias, en las artes, en las letras; se mide por la masa, por el pueblo, por la clase que trabaja y produce. La tierra catalana es admirable por eso […]. Cataluña, cierto, es un pueblo aparte; nada tiene en común con las demás regiones españolas, ni historia, ni lengua, ni literatura, ni costumbres. Es una nación independiente, moralmente independiente.3

Como catalán no deja de preocuparme la situación que vive mi tierra de nacimiento, y a pesar de que no han existido brotes de violencia, que muchos desearían para poder intervenir más allá de los ataques dialécticos, es lógico pensar que si se culmina la aspiración de independencia no será sin conflictos dados los desencuentros existentes, aunque lo preferible sería que los enfrentamientos solo se dieran en el ámbito político. Esto último mostraría el civismo de este proceso público que, sin tener certezas todavía, si se ha exhibido a través de un comportamiento ejemplar en las masivas manifestaciones del 11 de septiembre de los últimos años.

Lo que ocurra en Catalunya también será, sin la menor duda, un nuevo indicio de cómo la vieja Europa se reconstruye constantemente a través de la unificación o fragmentación de sus territorios. Una historia repetida durante siglos y, por ello, no tendría que asustar a los creyentes en la unificación de territorios como única solución para la sobrevivencia de los Estados modernos. De hecho, las últimas décadas así lo han demostrado en dicho continente.

Miguel Lisbona Guillén. Investigador Titular “C” del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


1El Consejo de Europa lamenta que España no fortalezca la independencia del CGPJ”, Expansión, consultado el 16 de febrero de 2017.

2Un estudio internacional sobre medios concluye que en España existe más intervencionismo y menos pluralidad”, 233 grados, consultado el 18 de febrero de 2017.

3Azorín, admirador de Cataluña”, Informacion.es, consultado el 9 de marzo de 2017.

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