En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la compleja labor de resolver las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas a efecto de controvertir la constitucionalidad de la Constitución de la ciudad de México.

constitucion

Una vez publicada la Constitución de la ciudad de México, se tenían 30 días para ejercer los medios de control de constitucionalidad previstos en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. En este caso, los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Senado de la República, promovieron acciones de inconstitucional, el Consejero Jurídico de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la misma ciudad de México, presentaron controversias constitucionales.

Muchas son las interrogantes que surgen en torno al tema, pues todo lo que ha rodeado a la asamblea constituyente de la ciudad de México resulta novedoso y poco explorado desde el ámbito jurídico y político.

En principio, debemos considerar que a diferencia de otras acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que han sido del conocimiento de la Suprema Corte, en este caso, existe un componente político importante, el cual ha atraído los reflectores de los medios de comunicación. Basta con señalar que quienes fueron constituyentes, algunos funcionarios del gobierno de la ciudad de México, así como ciertos representantes de los partidos políticos, han realizado manifestaciones de extrañeza por el hecho de que los sujetos legitimados solicitaran a la Suprema Corte que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva Constitución de la ciudad de México.

Sin abundar en las aristas políticas, creo que no debemos olvidar que el control de constitucionalidad es un elemento esencial en cualquier democracia. Fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la observancia de los principios constitucionales rectores del Estado.

En cuanto a lo jurídico, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones que se derivan de estas impugnaciones en contra de la Constitución de la ciudad de México, y que sin lugar a dudas detonarán un debate más abierto sobre el control de constitucionalidad.

En primer lugar, puede sonar extraño que una nueva Constitución creada por una asamblea constituyente sea sometida a un control de constitucionalidad, pero no podemos perder de vista que vivimos en un Estado constitucional de derecho, en el que todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a lo establecido en la Constitución federal y, en este caso, al tratarse de una Constitución de carácter local la regularidad constitucional debe garantizarse por parte de la Suprema corte —sin importar el origen legislativo que tenga.

En el plano estrictamente procesal, surge una pregunta no menor: ¿quién será el encargado de defender a la Constitución de la ciudad de México? Dado que no existen reglas claras por tratarse de una impugnación poco usual. Es decir, el cuestionar una Constitución recién creada por una asamblea constitucional, es posible pensar en algunas alternativas. Primero, cabe la posibilidad de que se convoque nuevamente a la asamblea constituyente, aunque jurídicamente ya desapareció al aprobar este texto constitucional; también podría considerarse a la asamblea legislativa dado que es el órgano legislativo en funciones de la ciudad de México o; en su caso, ya que el Jefe de Gobierno fue el encargado de publicar la nueva Constitución, éste podría asumir la defensa del texto constitucional —vale mencionar que de cualquier forma deberá comparecer como sujeto responsable.  Cabe señalar que determinar el responsable de defender la Constitución de la ciudad de México, será uno de los primeros aspectos que tendrá que resolver Javier Laynez, en su calidad de ministro ponente de estos asuntos.

En cuanto al fondo de las impugnaciones, es interesante conocer los temas que se plantean, pues si bien son un número importante de conceptos de invalidez que se hacen valer —más de 50—, estos se pueden agrupar en cuatro rubros generales.

1. El Constituyente de la ciudad de México reguló materias que son exclusivas de la federación y, por tanto, existe una posible invasión a la esfera de competencias tanto del ejecutivo como del legislativo federal;

2. Algunas disposiciones contravienen los mecanismos constitucionales y convencionales de derechos humanos, ya sea porque modifican la protección que constitucionalmente se les otorga o porque contemplan derechos que no están expresamente previstos en la Constitución federal;

3. Hay disposiciones que son ambiguas y, por tanto, pueden considerarse contrarias al texto de la carta magna, y

4. Algunos de los temas regulados van más allá de lo dispuesto por el texto constitucional, por lo que la Constitución de la ciudad de México excede lo establecido por la Constitución federal de nuestro país;

Así, en concreto, la Suprema Corte deberá pronunciarse sobre el alcance de gran parte de las disposiciones de la Constitución de la ciudad de México, tales como:

• Que la asamblea de la ciudad de México se integre por la mitad de legisladores electos por el principio mayoría relativa y la otra mitad por el de representación proporcional.

• La validez de la revocación de mandato como mecanismo de rendición de cuentas y una figura de democracia directa.

• La autonomía de las alcaldías para acceder a recursos públicos y determinar la remuneración de sus servidores públicos.

• El uso medicinal de la mariguana y la eutanasia como derechos humanos de los ciudadanos de la ciudad de México.

• Los alcances del control de constitucionalidad que podrá ejercer el Tribunal Superior de Justicia.

• La validez del mecanismo para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local.

• La posible invasión de competencias federales, derivada de la regulación de ciertos aspectos relacionados con la salud, el agua, la educación, política exterior y cuestiones laborales.

• El mecanismo para reformar la Constitución local.

• Los requisitos que se establecen para declarar la nulidad de una elección a nivel local.

Estos son sólo algunos de los temas respecto de los cuales existe controversia. La revisión que lleve a cabo la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad de la Constitución de la ciudad de México servirá para darle mayor legitimidad al propio texto constitucional. Sin que esto implique que los ministros vayan a ser el constituyente último, pues su función únicamente consistirá en determinar la validez o invalidez de las disposiciones constitucionales y, en todo caso, señalar la interpretación que se le debe dar a aquellas disposiciones que considere poco claras. De tal manera que, si se llegaré a declarar la invalidez de algún precepto, será el órgano reformador de la Constitución local quien pueda responder con las modificaciones que considere. Sin duda, pues, habrá que estar pendiente de lo que resuelva el máximo tribunal constitucional de nuestro país.

Arturo Espinosa Silis. Licenciado y maestro en derecho. Twitter: @aesupd