Hay distintas razones por las que resulta criticable la sentencia reciente del Juez de Distrito Anuar González. Como se sabe, en dicha sentencia se concedió el amparo a Diego Cruz para efectos de dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de pederastia, previsto y sancionado en el artículo 182, segundo párrafo, en relación con el artículo 183, fracción I del Código Penal para el estado de Veracruz. En distintos espacios incluyendo este blog se han publicado análisis, comentarios y críticas del fallo del Juez de Distrito. Al igual que la propia sentencia, todos estos trabajos deben ser analizados, discutidos y, en su caso, criticados. Es a través de las razones y de los argumentos como se asegura una verdadera discusión racional.

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Precisamente, por ello, es cuestionable la reciente decisión del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación en la que, sin motivación alguna, suspendió al juez González en el ejercicio de sus funciones, pasando por alto que su decisión podía ser impugnada mediante un recurso de revisión. Decisiones como ésta, afectan la independencia judicial y la impartición de justicia para Daphne.

Hablemos por tanto de las razones y de los argumentos sostenidos por el Juez de Distrito. En este trabajo voy a examinar un aspecto de su sentencia que resulta especialmente problemático y que hasta el momento no se le ha prestado suficiente atención: la manera en que se lleva a cabo el análisis y la valoración de las pruebas.

El análisis y la valoración de las pruebas resulta fundamental tanto para examinar la causa penal contra Diego Cruz, como el caso Porkys en su conjunto. En esta nota me limitaré a destacar los problemas argumentativos y probatorios que presenta la sentencia del Juez de Distrito.

En primer lugar, llama la atención que el Juez de Distrito no haya tenido en cuenta material probatorio básico como la declaración ministerial del inculpado, la declaración de las demás personas señaladas como responsables, ni otras pruebas que han sido referidas en algunas notas de prensa. Por otra parte, el propio Juez de Distrito señala que hubo omisiones probatorias por parte del órgano encargado de la investigación, señalando, por ejemplo, que no se tomó declaración a “por lo menos tres personas” que tuvieron participación o conocimiento de los hechos.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la decisión de considerar ciertos hechos como probados es relativa al material probatorio empleado, de tal manera que “si varía el conjunto de elementos de juicio puede variar perfectamente el resultado probatorio, de modo que aquello que no está probado pase a estarlo o a la inversa”.1 De este modo, la decisión de considerar un hecho como probado tiene que producirse tras haber analizado, contrastado y adminiculado la totalidad del material probatorio.

Teniendo en cuenta esta consideración, a continuación examinaré la sentencia a partir de las pruebas a las que alude y utiliza el propio Juez de Distrito. En contra de lo que resolvió el Juez de Distrito, sostendré que a partir de las pruebas que él toma en cuenta en su sentencia y a las que él mismo concede valor probatorio, había elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado y, con ello, justificar la constitucionalidad del auto de formal prisión.

Para sustentar lo anterior es importante precisar cuál es la norma aplicable al caso. El artículo 182 del Código Penal para el estado de Veracruz contiene dos párrafos que respectivamente contemplan dos tipos penales distintos englobados dentro de la figura de pederastia.

El primero tipo penal sanciona a quien, con consentimiento o sin él, introduzca por vía vaginal, anal u oral el órgano sexual o cualquier otra parte del cuerpo distinta al pene o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de dieciocho años.

El segundo tipo penal regula el supuesto en el que sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, se abuse sexualmente de una persona menor de edad, agraviando su integridad física o moral, en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión, o extrema necesidad económica o alimentaria, o de su estatus de autoridad.

De los dos tipos penales anteriormente descritos, el Juez de Distrito tenía que determinar si el auto de formal prisión estaba sustentado en una debida comprobación de los elementos previstos en el segundo párrafo del artículo 182 (abuso sexual, agravio de la integridad física o moral, realizada en actos privados, aprovechándose de la indefensión de la víctima) así como la probable responsabilidad del acusado.

No se trataba de determinar si se actualizaba el delito establecido en el primer párrafo del artículo 182 porque, como veremos a continuación, la conducta que se le atribuye a Diego Cruz consistió en que éste llevó a cabo tocamientos de naturaleza sexual en agravio de la menor ofendida. Como se desprende de la declaración de la menor ofendida que aparece en la sentencia, a Diego Cruz no se le acusa de haber introducido el órgano sexual, ni ninguna parte del cuerpo o cualquier otro objeto. No es verdad que a Diego Cruz se le acuse de haber introducido los dedos en la vagina de la menor ofendida.

Habiendo precisado que la norma aplicable es la prevista en el segundo párrafo del artículo 182, el Juez de Distrito determinó que no estaban probados los elementos relativos al abuso sexual, ni el elemento de indefensión. Esta determinación es incorrecta por las siguientes razones.

1) El Juez de Distrito lleva a cabo una incorrecta operación de integración de la norma penal aplicable al caso, trasgrediendo con ello el principio de exacta aplicación de la ley penal. Al examinar el elemento consistente en el abuso sexual, el Juez de Distrito determinó que además de que se tenía que probar el elemento externo y objetivo consistente en un tocamiento, se requería que se probaran dos elementos subjetivos: primero, que el tocamiento se produjo con intención lasciva y, segundo, que el abuso sexual se realizó sin el propósito de ejercer la cópula contra la menor.

Para sustentar este punto, el Juez de Distrito se apoyó en el criterio jurisprudencial derivado de la Contradicción de Tesis 154/2004 de la Primera Sala. En dicha contradicción de tesis, la Primera Sala determinó que tratándose del delito de abuso sexual se requiere comprobar la acción dolosa con sentido lascivo, a fin de distinguirlo de un roce o frotamiento incidental.

El criterio sostenido por la Primera Sala resulta problemático, pero no voy a abordarlo aquí. Simplemente diré que al condicionar el abuso sexual a la comprobación de una intención lasciva o a la necesidad de satisfacer un deseo sexual se hace depender el delito de la significación que tiene para el sujeto agresor, más que de la significación objetiva de la conducta. En contra de lo que sostuvo la Primera Sala, bastaría con establecer que el tocamiento se produjo de manera dolosa y que éste tiene una connotación sexual para que se actualice el delito, con independencia de la motivación o pulsión del autor.2

En cambio, sí es necesario abundar en el error en el que incurre el Juez de Distrito al acudir al criterio de la Primera Sala. En la sentencia de la Primera Sala se examinaron los artículos 176 del Código Penal para el Distrito Federal y el 180 del Código Penal para el estado de Baja California, los cuales regulan el delito de abuso sexual. Estos artículos expresamente prevén como uno de los elementos del tipo penal que el sujeto activo no tenga el propósito de llegar a la cópula (“sin el propósito de llegar a la cópula”).3 De este modo, cuando la Primera Sala hizo referencia a este elemento tuvo en cuenta la manera en que se regula el delito de abuso sexual en los códigos de estos estados.

A diferencia de estos artículos, el artículo 182 del Código Penal para el estado de Veracruz no establece como uno de los elementos del delito de abuso sexual que el sujeto activo no haya tenido el propósito de llegar a la cópula, como erróneamente concluye el Juez de Distrito. Es incorrecto por tanto que el Juez de Distrito haya trasladado un elemento subjetivo previsto en una norma distinta al tipo penal aplicable establecido en el artículo 182, segundo párrafo del Código Penal para el estado de Veracruz. Al proceder de esta manera el Juez de Distrito transgrede el principio de legalidad en materia penal, integrando indebidamente la norma con elementos ajenos a ese ordenamiento jurídico.

2) En segundo lugar, el Juez de Distrito utiliza un estándar de prueba incorrecto al examinar la constitucionalidad del auto de formal prisión.

La Primera Sala de la Suprema Corte ha planteado este punto al examinar las diferencias entre acreditar el cuerpo del delito y acreditar el delito de cara al dictado de la sentencia definitiva. En este sentido, la Primera Sala sostuvo que el estándar de prueba es distinto en cada caso. Si bien es cierto que en el proceso penal tradicional el estándar de prueba requerido para el dictado del auto de formal prisión es alto, éste no es igual de exigente que el que se requiere para el dictado de la sentencia. Como sostuvo la Primera Sala en dicho criterio “el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito”.

La distinción entre uno y otro momento tiene consecuencias prácticas relevantes en este caso. Para determinar la constitucionalidad del cuerpo del delito de abuso sexual tienen que estar probados los elementos objetivos del delito, así como la probable responsabilidad del inculpado, sin que se requiera en sentido estricto la acreditación de elementos subjetivos.

El estándar de prueba es más exigente para el dictado de la sentencia definitiva. Como sostiene la Primera Sala en el criterio anteriormente referido, la acreditación del delito de cara a la sentencia definitiva “comprende un estándar probatorio mucho más estricto” en el que tienen que estar acreditados todos los elementos del delito en el estándar de prueba requerido para el dictado de una sentencia condenatoria.

Con todo, incluso si se argumentara que para comprobar el cuerpo del delito de abuso sexual se requiere acreditar no sólo un elemento objetivo, como sería el tocamiento, sino también un elemento subjetivo, se puede sostener que estos dos elementos se encuentran acreditados con las pruebas que tuvo en cuenta el Juez de Distrito, tal y como como se argumenta en el siguiente punto.

3) El Juez de Distrito lleva a cabo una incorrecta valoración de pruebas al examinar el elemento consistente en el abuso sexual. En contra de lo sostenido por el Juez de Distrito, y haciendo hincapié en que aquí se toman en cuenta únicamente las pruebas mencionadas en la sentencia, sí puede considerarse probado este elemento.

Al examinar la declaración de la víctima, el Juez de Distrito señala acertadamente que la autoridad responsable le otorgó un valor preponderante, destacando que tiene especial relevancia probatoria toda vez que los delitos de índole sexual frecuentemente ocurren en ausencia de testigos. De este modo, teniendo en cuenta la declaración de la víctima, así como el peritaje oficial que le realizaron, el Juez de Distrito considera probado que “el sujeto activo realizó un tocamiento a la menor agraviada, y que a la vez no tenía la intención de llegar a la cópula vaginal”. Habiendo descartado que se requiriera acreditar este último elemento (la intención de llegar a la cópula) por ser un elemento normativo ajeno al tipo penal examinado, lo relevante es que el juez considera probado que se produjo el tocamiento en los términos descritos por Daphne en su declaración.

Ahora bien, el que dicho tocamiento se haya producido como consecuencia de una acción dolosa que tiene una clara connotación sexual y con intención lasciva se desprende de la propia declaración de la víctima a la que el Juez de Distrito concedió valor probatorio. Tomando en cuenta esta declaración se desprende i) que Diego Cruz viajaba a bordo del vehículo en el que Daphne fue subida por la fuerza; ii) que Daphne estaba sentada en la parte trasera del vehículo, en el asiento de en medio, encontrándose Diego Cruz de su lado izquierdo y Jorge de su lado derecho; iii) que Jorge la despojó de su teléfono y que se negó a devolvérselo; iv) que estando sentada en el asiento trasero, Diego y Jorge comenzaron a jalonearle la blusa; v) que estas dos personas le bajaron el brasier, a lo que ella les decía que la dejaran y que no le hicieran daño; vi) que Diego y Jorge le tocaban los senos sin detenerse, causándole miedo y llanto, mientras que las dos personas que viajaban en la parte delantera del vehículo en los asientos del piloto (Enrique) y del copiloto (Gerardo) no hacían nada al respecto más que burlarse.

De este modo, contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, por el contexto en el que Daphne declara que ocurrieron los hechos, sí se puede considerar probado que el tocamiento tuvo una connotación sexual de carácter lascivo. El tocamiento que le produjo Diego a Daphne, mismo que el Juez de Distrito considera probado, se produjo en un contexto en el que estaba siendo agredida y violentada sexualmente, lo que permitiría considerar como probado el elemento consistente en el abuso sexual. La Primera Sala se pronuncia en un sentido análogo en la contradicción de tesis 154/2004 cuando sostiene que para determinar el abuso sexual se requiere “una valoración integral de la conducta y apreciar su significado subjetivo”.

4) El Juez de Distrito lleva a cabo una incorrecta valoración de las pruebas al considerar que no estaba probado que Daphne se encontrara en estado de indefensión. Las razones del Juez de Distrito para sustentar este punto han sido discutidas y criticadas ampliamente. Es injustificado el argumento del Juez en el sentido que Daphne no se encontraba en estado de indefensión porque pudo trasladarse y de hecho se trasladó al asiento de enfrente. Un argumento de este tipo evidencia que el Juez de Distrito no examinó los hechos en el contexto que ocurrieron.

Si se atiende a la declaración de Daphne en el sentido de que fue metida en contra de su voluntad en el vehículo, que en el vehículo viajaban cuatro jóvenes varones que la superaban en número y fuerza, que el vehículo se encontraba en movimiento y que no podía descender de él ni saber exactamente a dónde la llevarían, que le quitaron su teléfono celular y que en ese contexto se produjeron los abusos y agresiones sexuales por ella referidos, es suficiente para considerar como probado que la menor se encontraba en un estado de vulnerabilidad y de indefensión. Ciertamente, la declaración de Daphne podría haberse contrastado con otros elementos de convicción para precisar todos sus alcances y de cara a una motivación de los hechos exhaustiva así tendría que haberse realizado.

5) En quinto lugar, el Juez de Distrito lleva a cabo una indebida valoración de pruebas al contrastar las declaraciones de los testigos de cargo con la declaración de la menor ofendida. En este sentido, el Juez de Distrito le atribuye a Daphne que cuando contó a dos de sus amigas que la persona que conducía el vehículo había abusado sexualmente de ella en el domicilio al que la trasladaron (concretamente, en uno de los baños contiguos a una habitación), no les refirió los tocamientos de índole sexual que sufrió en el interior del vehículo ni las personas que lo cometieron. Para el Juez de Distrito, el hecho de que Daphne no haya tenido la previsión de señalar a sus dos amigas lo ocurrido en el interior del vehículo supone una contradicción que le restaría credibilidad a su dicho. Sin embargo, no se produce tal contradicción toda vez que las amigas no presenciaron los hechos, ni afirman haber presenciado un hecho distinto a lo que refiere la víctima. Se trata de dos personas que declaran lo que la propia víctima les refirió, sin que pueda desprenderse de ello alguna consecuencia que le reste credibilidad al dicho de la víctima.

6) Finalmente, hay otro punto que es importante destacar. Si se considera acreditado que Daphne fue violada en el interior del domicilio por la persona que conducía el vehículo, habría que examinar cuál fue la conducta de Diego Cruz y del resto de los inculpados mientras ocurría este hecho para determinar si tuvieron algún tipo de responsabilidad. De considerarse probado que hubo una violación en los términos señalados por Daphne, ¿qué conductas específicas realizó cada uno de estos individuos cuando ocurría la violación? Para examinar este último punto tendría que examinarse previamente la responsabilidad de la persona acusada de haber violado a la víctima y precisar cuáles fueron las conductas del resto de las personas que se encontraban en ese momento en el domicilio.

Para terminar esta nota quiero destacar una vez más la importancia que tendrá el análisis y la valoración de las pruebas en la causa penal contra Diego Cruz y en el caso de los Porkys en su conjunto. Las respectivas decisiones que se tomen en este caso tienen que pasar por el análisis de la totalidad de las pruebas relevantes, admitidas y desahogadas en el expediente. No puede considerarse como apegada a derecho una resolución que sólo contemple una parte del acervo probatorio o en la que se tome en cuenta tal o cual conjunto de pruebas. Todo el material probatorio ha de ser examinado individualmente, contrastado con las demás pruebas y con las distintas hipótesis a las que se refieren. Las personas que hacen perspectiva de género tienen razón cuando señalan que los órganos jurisdiccionales tienen que desechar estereotipos y prejuicios de género al examinar los hechos y valorar las pruebas. Esta exigencia no deriva de adoptar una perspectiva de género. La valoración racional de la prueba conlleva excluir todo tipo de estereotipos y prejuicios infundados de género y de cualquier otro tipo, así como todas aquellas pruebas que no resistan el control racional.

Raymundo Gama Leyva. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @raymundogama


1 Jordi Ferrer, La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 40.

2 En este sentido, vid. María Cecilia Ramírez, “Delitos de abuso sexual: actos de significación sexual y de relevancia”, Política Criminal, no. 3, 2007, p. 8, así como las referencias allí citadas (disponible en la siguiente dirección: http://bit.ly/2nPXb7O. Vid. además Rodríguez Collao, Delitos sexuales, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 198 y ss.

3 El artículo 176 del Código Penal para el Distrito Federal establece lo siguiente: “Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia”. Por su parte, el artículo 180 el Código Penal para el Estado de Baja California establece lo siguiente: “Al que sin consentimiento de una persona o con consentimiento de un o una menor de catorce años o que no tenga capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar actos eróticos sexuales, sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y hasta doscientos días multa. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena se aumentará de uno a tres años. Cuando se realice la conducta a que se refiere este precepto de manera reiterada, siendo la víctima menor de catorce años, la pena será de seis a diez años de prisión y hasta quinientos días multa”.

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