Seguramente usted, estimado lector, tiene muy presente lo que recién aconteció con el llamado caso “porkys”. En breve, lo que sucedió fue que el juez tercero de distrito en materia penal en el estado de Veracruz emitió una resolución en el juicio de amparo 159/2017 interpuesto por Diego Cruz, conminando al juez tercero de primera instancia de Veracruz a emitiese de nueva cuenta la resolución controvertida en dicho amparo y, en este sentido, dictase auto de libertad a favor del quejoso (Diego Cruz), en la causa penal 83/2016. Con el argumento de que no encontrarse acreditados todos los elementos del delito de pederastia, ni la probable responsabilidad del quejoso.

jueces

La resolución ha generado enorme polémica, pero en este texto queremos enfocarnos en otro de los temas que giran en torno a tal decisión judicial. Una vez que este juez emitió la sentencia en cuestión fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de iniciar una investigación sobre su desempeño y, por otro lado, los diputados federales de Movimiento Ciudadano presentaron en el Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra de este juez suspendido.1

Así, lo que nos interesa, en concreto, es esta solicitud de juicio político planteada por los legisladores de Movimiento Ciudadano. Veamos. Uno de los principales aspectos que saltan a la luz es que se plantea como causa generadora de la denuncia, que el juez comete “graves violaciones a derechos humanos” con motivo de la resolución que emitió, señalando precisamente estos diputados que la instrumentación del juicio político prevé tales violaciones como causa para iniciar un proceso de responsabilidad política.

En primer lugar, vale recordar que la jurisprudencia de la Suprema Corte señala que los jueces de distrito, al juzgar amparos, no cometen violaciones a derechos humanos o a sus garantías,2 por lo que resulta desacertado por parte de estos diputados el argumento de que esta sentencia de este juez de distrito ocasiona una grave violación a derechos humanos –sobre todo si se considera que es posible atacar en otra instancia esta decisión jurisdiccional.

Un segundo aspecto tiene que ver con el frívolo uso del concepto de “violaciones graves a los derechos humanos”, porque aunque para nuestros ojos cualquier violación es lastimosa para el gobernado afectado (y para la sociedad, en general), lo cierto es que existen –por decirlo de alguna manera- distintos calibres de intensidad de violaciones a derechos humanos. Y, en este sentido, la Constitución establece que solo aquellas que sean graves podrán desatar el procedimiento de responsabilidad política. Siguiendo a Federico Andreu-Guzmán:

…uno de los elementos que caracteriza como “grave” una violación es el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la vulneración de normas imperativas del derecho internacional (jus cogens). Cabe señalar que entre las normas de jus cogens figuran las prohibiciones relativas a la tortura, las privaciones arbitrarias de la vida, la desaparición forzada, la toma de rehenes y los castigos colectivos.3

Sin embargo, la resolución, por la que pretenden someter al procedimiento de responsabilidad política a este juez de distrito, no encuadra dentro de la categoría de graves violaciones a derechos humanos. Pues se trata de una sentencia donde un juzgador valoró elementos probatorios en contra de una persona y determinó que no existe un delito que sancionar en la conducta del procesado. Aunado a esto, nuevamente la Suprema Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, determinando que

…las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial, al no respetarse los principios de autonomía de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden (es decir, el Congreso de la Unión).4

Además, como mencionamos líneas arriba, cabe recordar que la resolución adoptada por este juez de distrito puede ser controvertida, puesto que existe un recurso que puede confirmar dicha determinación o modificarla. Recurso que justo ya ha sido planteado y que se encuentra pendiente de resolverse y por lo que dicha resolución aún no es definitiva.

La sentencia es debatible en sus argumentos y yace en la lógica natural de la apreciación judicial de las pruebas, lo cual dista mucho de ser una violación grave a los derechos fundamentales de las personas. Porque si adoptamos una perspectiva simplista de los derechos humanos, igualmente sería válido afirmar que los derechos humanos fueron garantizados mediante esta sentencia, pues al procesado se le respetaron los parámetros constitucionales para estar sujeto a un proceso penal del cual no tenía necesidad jurídica de soportar.

En suma, el planteamiento de juicio político propuesto por los diputados de Movimiento Ciudadano en contra de este juez de distrito resulta ser claramente improcedente. Motivado meramente por el furor que despertó el tema, pero jurídicamente desacertado. Los únicos entes habilitados para resolver las cuestiones jurídicas son los jueces y habría que esperar primeramente a que esa resolución quede firme para comenzar a desgranar las responsabilidades.

La falta de claridad respecto a la procedencia del juicio político mengua la independencia judicial, pues un juez temeroso de ser sujeto a una destitución no resolverá con responsabilidad. Y precisamente esa es la función del juez, decidir prudentemente cuál es el derecho que le corresponde a cada parte y si bien puede haber desaciertos en su actuar para ello existe la doble instancia en los asuntos o, en su caso, los controles internos de la propia judicatura –mismos que, por supuesto, debe ser objeto de crítica y revisión si no están funcionando de manera adecuada.

Jesús Manuel Orozco P. es abogado por la Universidad de Guadalajara, miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y postulante en la firma Orozco  & Pulido´s abogados. Correo electrónico: orozco.jesusmanuel@gmail.com

Sergio A. Villa es pasante en derecho por la Universidad de Guadalajara, miembro del colectivo Movimiento Académico por el Derecho Internacional y postulante en la firma Illanes, Soto y Cisneros, adscrito al área de defensa constitucional. Correo electrónico: tsergiovilla@gmail.com


1 El comunicado de dicha solicitud puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/2pNkYV2.

2 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.- Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, enero de 1997, tesis: P./J. 2/97, página: 5.

3 Andreu-Gúzman, Federico, Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Ginebra, Comisión Internacional de Juristas, 2008, pág. 20.

4 “JUICIO POLÍTICO. NO PUEDEN CONSTITUIR MATERIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES ESTATALES.- El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales Estatales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, agosto de 2004, tesis: P./J. 55/2004, página: 1155.