Hace más de un año, la muerte de Antonin Scalia —la voz conservadora más sofisticada y activa de la Corte Suprema de los Estados Unidos— destapó la enorme tensión que ese tribunal supone para su sistema político. Aunque las decisiones constitucionales de la Corte intrínsecamente tienen influencia en la vida política del país, el procedimiento de designación de un nuevo justice ante una vacante era reconocido como un proceso político canalizable de momentos democráticos, es decir, un proceso político incluyente y respetuoso de las formas y reglas del Congreso.

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Sin embargo, Mitch McConnell —líder de la mayoría republicana en el Senado— cuestionó esta visión desde la cual se pensaba que la mejor solución para la vacante en la Corte, era buscar un candidato del consenso para evitar obstáculos del partido opositor. Ante tal cuestionamiento, el GOP —haciendo uso de su mayoría— decidió inventar una regla “no escrita”. Esta regla prescribe que un presidente no puede designar a un nuevo justice de la Corte Suprema en su último año de mandato, como si sus facultades constitucionales disminuyeran de forma paralela a sus últimos días de residencia en la Casa Blanca.

El resto es historia: el pasado 7 de abril, el candidato propuesto por el presidente Trump, Neil Gorsuch, se convirtió finalmente en el noveno justice de la Corte Suprema. En este artículo pretendo esbozar algunas notas sobre el perfil ideológico de Gorsuch como juez, tomando en cuenta la gran influencia que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene en el mundo jurídico occidental.

Por límites de extensión, me refiero a la postura de Gorsuch en la decisión constitucional establecida en un caso estructural del derecho administrativo moderno: Chevron USA v. Natural Resources Defense Council1 de 1984.

La doctrina Chevron —como se le conoce— supone una deferencia interpretativa por parte del juez a la interpretación de agencias administrativas/órganos reguladores que tienen una posición mejorada (expertise) a la del espíritu independiente y aislado del juez respecto a temas de política pública. Esto, inevitablemente implica una tensión entre la idea clásica del juez como último interprete constitucional, reforzada con el pensamiento de Hamilton en El Federalista No. 78  “la interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales”.2

Chevron fue el caso seminal que estableció los estándares del paradigma del Estado regulador. Éste tuvo sus orígenes en el programa económico y político del New Deal, impulsado por Franklin D. Roosevelt en la década de 1930. Esta política intervencionista sólo fue el vehículo para la aplicación de las ideas progresistas americanas, de una generación anterior.3 Así, los pioneros arquitectónicos de este moderno modelo administrativo fueron Woodrow Wilson, vigésimo octavo presidente de Estados Unidos y Frank Goodnow, maestro de derecho administrativo en la Universidad de Columbia a finales del siglo XIX.4

En Chevron, la Agencia de Protección Ambiental (APA) —dirigida por la administración del presidente Reagan— dictó nuevas regulaciones para el Clean Air Act, ley emitida por la administración Carter, que regulaba al sector industrial y sus fuentes de contaminación del aire ambiental. No obstante, a diferencia de la ley de Carter, la de Reagan favorecía al sector industrial.

Los justices se enfrentaron al análisis de la validez del cambio de interpretación realizado por la APA de lo que debía entenderse por “fuente estacionaria” (stationary source) en la ley ambiental. La Corte confirmó el cambio de interpretación y desarrolló un estándar de escrutinio sobre el ejercicio interpretativo de las agencias administrativas, popularmente conocida como los dos pasos Chevron:

a) Determinar si el legislador estableció una solución identificable en la ley. De ser el caso, se impone la solución normativa y no es necesario el segundo paso.

b) De lo contario, es decir si el lenguaje de la ley es ambiguo, los jueces deben dar deferencia a las decisiones interpretativas de las agencias sobre el Congreso, a menos que sea arbitraria, caprichosa o a todas luces contraria al estatuto (márgenes de una política pública razonable).

Esta metodología, como se observa, delega un gran poder de decisión en el departamento judicial: en el primer paso decide si el estatuto es ambiguo y, en el segundo, determina si es o no razonable la interpretación de la agencia. La idea subyacente al principio de deferencia es que ciertas agencias se mueven en un campo caracterizado por ser técnico-complejo que otorga a sus miembros —por su destreza técnica y pericia— una mejor posición que el juez para completar vacíos o ambiguos legislativos.

Desde entonces, la academia del derecho constitucional ha sostenido una discusión intensa sobre una doctrina que ha permanecido más de 30 años y que supone un consenso entre los partidos demócrata y republicano y, en general, por los actores políticos de Estados Unidos.

Así las cosas, la escena política de Estados Unidos eleva un nuevo cuestionamiento a partir de la política migratoria del presidente Trump y el nombramiento de Neil Gorsuch como justice de la Suprema Corte. En un inicio, podría considerarse que su cercanía ideológica con Scalia en el originalismo es bastante acentuada. Se diría, un cambio de hombre por hombre. No obstante, los focos se han encendido en algunos sectores, pues, aparentemente, Gorsuch —a diferencia de Scalia— es un escéptico de la doctrina Chevron.

Este escepticismo se advierte, por ejemplo, en la opinión que escribió en el caso: Gutierrez-Brizuela v. Lynch. Como antecedente, la ley de inmigración contiene una antinomia en dos de sus disposiciones. La primera (8 U.S.C. § 1255) establece que personas que han reingresado de forma ilegal al país pueden obtener una residencia legal en todo momento si es otorgada por el Fiscal General; por otro lado, la segunda disposición (8 U.S.C. § 1282) estipula que no podrá ser otorgada una residencia legal a menos que salgan y esperen 10 años fuera del país.

En el año 2005, Gorsuch y sus colegas del Décimo Circuito se decantaron por la primera disposición, en el caso Padilla-Caldera v. Gonzales, devolviendo el caso al Fiscal General para que tomara la decisión discrecional en beneficio del señor Padilla. Luego, la Board of Immigration Appeal (BIA), en el año 2007, en un caso denominado Briones, interpretó el marco legal de dichas disposiciones y se decantó por la segunda disposición. En el año 2011, el asunto regresó a la Corte de Apelaciones de Gorsuch, quienes bajo la doctrina Chevron reconocieron la ambigüedad de las disposiciones en juego y le dieron prevalencia a la interpretación de la BIA, bajo la doctrina Brand X.5

Un paso antes en el tiempo en 2009, el señor Gutiérrez —confiando en la fuerza del precedente— optó por la opción que le otorgaba la primera disposición. La BIA alegó ante la Corte de Apelaciones que la solicitud de Gutiérrez había sido posterior a la interpretación administrativa del año 2007; sin embargo, el quid del asunto es que la solicitud también era anterior a la confirmación por parte de la Corte de Apelaciones, respecto a la prevalencia de la interpretación no judicial. La pregunta, entonces, a dilucidar era: ¿bajo una presunción prospectiva de la interpretación administrativa, su cumplimiento se condiciona a una aprobación judicial? La respuesta fue positiva, a favor del señor Gutiérrez.

Gorsuch, a través de su opinión, muestra un recelo de la fuerza del precedente frente a la interpretación de agencias federales acerca de lo que la ley es desde una óptica del ámbito temporal; es decir, si la interpretación administrativa reconocida por el poder judicial puede tener efectos extensivos sobre asuntos previos y resueltos por el último.  

Ahora bien, del voto concurrente de Gorsuch, se advierte una afrenta a la doctrina Chevron. A su parecer es una “doctrina judicial que abdica en su deber judicial”. Continúa, “si las ramas políticas están en desacuerdo contra la interpretación judicial, la Constitución otorga el remedio a través de la legislación. El stare decisis es un arma contra la tiranía.”

Me parece más bien que Neil Gorsuch apela a razones orgánicas de la Constitución —tales como la división de poderes y el federalismo— para maquillar una convicción en la defensa de los derechos de los inmigrantes. El nuevo justice de la Corte estadunidense —al menos en su doctrina administrativa— aportará una carga ideológica conservadora, textualista y fiel a lo que él entienda por la intención de los founding fathers, en oposición a la doctrina del Estado regulador sentada en el New Deal.

La pregunta central de Chevron es una que surge en el contexto de toda democracia moderna, como indica Stephen Breyer: ¿cómo se reconcilia el control democrático del gobierno con los tecnicismos naturales de la vida moderna?6 Para Breyer, la respuesta se encuentra en el equilibrio entre la democracia y el poder de las agencias administrativas; lo que supone cuestionar si la ambigüedad se refiere a una cuestión que el Congreso hubiera preferido decidir. De ser el caso la Corte no debe cancelar sus facultades interpretativas y debe clausurar el debate con su decisión. ¿A quién dará deferencia Gorsuch? No lo sabemos.

Una nueva etapa se abre en el derecho constitucional y administrativo de los Estados Unidos. Una etapa rasposa y sin precedentes con un dejo de amargura. No es sólo el inicio de un nuevo proceso turbio de designación,7 sino que es, potencialmente, la inauguración de la nueva etapa del derecho administrativo anglosajón. Una nueva etapa que bien podría ser empujada por el nuevo justice de la Corte Suprema más famosa del mundo. Aunado a la iniciativa de ley presentada por el partido Republicano, Separation of Powers Restoration Act Of 2016, que busca superar la doctrina Chevron y consigo la idea de deferencia a la interpretación de agencias administrativas.

Amadeo Franco Talamantes. Colaborador en la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesista por la Universidad Panamericana. Correo electrónico: amafratal@gmail.com


1 467 U.S. 837 (1984)

2 Hamilton A., Madison, J. y Jay, J., El Federalista, 2ª. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 332.

3 Pestritto, Ronald, The Birth of the Administrative State: Where It Came From and What It Means for Limited Government, The Heritage Foundation, 2007, p. 2. La traducción es mía.

4 La idea de ambos era la separación de la política y la administración. Fundar una rama del gobierno no sobre la voluntad popular sino sobre la experiencia. Frente  a la disminución del temor frente a las facciones, encontraban superada la visión de los padres fundadores sobre el principio de separación de poderes y no delegación como candados frente a la posible tiranía del gobierno. En efecto, Madison en el Federalista No. 47 define a la tiranía como la acumulación de poder en una sola rama, haciendo necesaria la separación de poderes. Para un análisis profundo, véase: “The Study of Administration” (1886) y/o “Politics and Administration” (1900) obras de aquéllos autores, respectivamente.

5 Es un asunto de la Corte Suprema estadunidense del año 2005, que expande los efectos de Chevron e indica que si existe un conflicto interpretativo entre un precedente de una Corte de Apelaciones y una Agencia administrativa, esta última debe prevalecer, con excepción de que la primera haya declarado que no se satisface el primer paso Chevron (la ley no es ambigua).

6 Breyer, Stephen, Active Liberty, New York, Alfred A. Knopf, 2006, p.102. La traducción es mía.

7 Como indica Barack Obama, potencialmente es un precedente riesgoso para la democracia, que haga imposible para un presidente ocupar vacantes si la Casa Blanca y el Senado están controladas por partidos opuestos