En virtud de la  promulgación de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, expedida el pasado 16 de julio del año 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 72, fracción II inciso a); 119, fracción XI; y 122 de tal ley arguyendo que eran contrarios al ordenamiento constitucional y violatorios de derechos fundamentales tales como la libertad personal, libertad de tránsito, presunción de inocencia y sistema de justicia penal para adolescentes en general.

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La controversia planteada radica en que tales artículos contemplan la prisión preventiva para adolescentes equiparándola con la figura de internamiento preventivo (que se  deberá utilizar como sinónimo de acuerdo al objetivo de la ley), los cuales de acuerdo al planteamiento de la CNDH  viola derechos de adolescentes sujetos a un proceso penal consagrados principalmente en el artículo 18 constitucional.

Ante el razonamiento de la CNDH, la Suprema Corte resolvió, en primer lugar, en el entendido de que el artículo 18 constitucional impuso al Estado mexicano la obligación de establecer un sistema de justicia penal para adolescentes “aplicable a quien se le atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 y 18 años de edad al momento de haberlo cometido”, que aunque la redacción reconoce la posibilidad de establecer medidas proporcionales de acuerdo al caso concreto, no menciona medidas precautorias específicas ni prohíbe la prisión preventiva para adolescentes.

De ahí que la mayoría de los ministros de la Corte consideró que el internamiento preventivo para adolescentes es constitucional, puesto que no se puede interpretar el mencionado artículo 18 de manera aislada de los demás artículos que establecen las bases del sistema penal mexicano. De tal manera que si tal disposición constitucional no establece ninguna restricción para aplicar la prisión preventiva en la justicia penal para adolescentes, por lo tanto, deberá seguirse lo indicado por los artículos 19 y 20 de la Constitución. Los cuales mencionan la prisión preventiva, pero no restringen a los menores de edad, de ahí que es válido que se pueda utilizar esta medida para un adolescente que se hayan visto involucrado en la comisión de un delito. No obstante, la Corte establece ciertos matices para que pueda tener lugar esta medida otorgándole un carácter excepcional y sólo en el supuesto de que no exista una medida menos restrictiva de derechos.

La lógica de esta resolución consiste, entonces, que el modelo de justicia adolescente no se limita a los preceptos contemplados en el artículo 18 constitucional. Pues, en ese caso, por ejemplo, no se podría detener a un adolescente al cometer un delito en flagrancia, al ser éste un supuesto establecido en el artículo 16 constitucional o, asimismo, a un adolescente detenido por un delito no le aplicarían los plazos de las detenciones judiciales establecidas en el artículo 19 también de la norma suprema.

Podemos contemplar que de algún modo, la Corte trató de conseguir un balance entre los derechos e intereses de la víctima de un delito y los del imputado –cuando éste se trata de un menor de edad-. Por una lado, al permitir el internamiento preventivo, se resguarda la seguridad de la víctima u ofendido entendiéndose que puede ser una medida óptima para que pueda tener un apropiado acceso a la justicia sin que su esfera jurídica corra riesgo durante el proceso. Más si se considera que el propio artículo 20 constitucional establece la facultad de solicitar las medidas y providencias que se estimen necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

En tanto que para el adolescente infractor, la propia ley contiene una restricción que eleva el estándar para que se aplique el internamiento preventivo, al indicar que no se puede aplicar a un menor de 14 años, que se deberá implementar sólo como recurso excepcional y, en su caso, por delitos que merezcan una pena privativa de la libertad, además de que el juez deberá justificar que no hay una medida menos lesiva de derechos de acuerdo al caso concreto.

La lógica argumentativa de la Corte es que el mencionado artículo 18 de la Constitución establece las bases del sistema penitenciario en el país y legitima la medida de prisión preventiva, por lo que aunque dicho artículo contenga un apartado especial que hace énfasis al sistema de justicia para adolescentes, esto no exime a los adolescentes de que se les apliquen las demás medidas y supuestos contemplados en tal disposición constitucional. Esto se debe a que se trata de reglas que se deberán aplicar a cualquier individuo sujeto a un proceso penal independientemente de su condición, salvo que tengan alguna discapacidad  mental y queden eximidos de que se les impute responsabilidad penal.

En caso de que la Constitución hubiese destinado un artículo que abordara exclusivamente la justicia para adolescentes, entonces, la discusión sería distinta. Pues ahí habría que analizar si en efecto las medidas contempladas por los artículos 16, 18, 19 y 20 constitucionales tendrían  inferencia alguna en acciones delictivas llevadas a cabo por adolescentes.

El espíritu de la redacción constitucional (más específicamente en su artículo 20) refleja una intención de conseguir un equilibrio procesal entre las partes, ya sea que se trate de la víctima o del imputado, se protejan sustancialmente sus derechos fundamentales, además de los que les corresponden por estar sujetos a un proceso penal.

En ese sentido, se podría presentar un contexto en que para conseguir tal objetivo, sea necesario ordenar la prisión preventiva de un adolescente con el fin de resguardar la integridad de la víctima o, si lo vemos desde la otra cara de la moneda, no procederá la privación provisional de la libertad  del adolescente acusado en caso de que no exista ninguna medida menos restrictiva de derechos o no se trate de un delito grave.

Vale destacar que si bien la Corte en un primer momento no se inclinó a favor  del interés superior del menor, en el entendido de que la pérdida de su libertad podría ser perjudicial para su óptimo desarrollo y bienestar psicológico, sobre todo si tomamos en cuenta que la edad es una categoría sospechosa de acuerdo al artículo 1º constitucional y, por ende, los juzgadores están obligados a hacer un ejercicio de interpretación que ofrezca una protección más amplia al sujeto en cuestión. Sin embargo, visto desde otro ángulo, se podría decir que se respetó el criterio anteriormente apuntado, si traemos a colación el elevado estándar que se requiere para que se autorice revocar provisionalmente la libertad de un menor de edad, al justificarse sólo en caso de que la esfera jurídica de la víctima se vea amenazada o para la propia protección del menor en casos de crimen organizado.

Así, la Corte, en vez de considerar que el sistema de justicia adolescente era autónomo del resto del sistema de justicia penal, apostó por un equilibrio entre las partes de modo que no se deje en total indefensión a la víctima y asegurar que ésta participe de manera activa dentro del proceso y, al mismo tiempo, que el acusado pueda tener una sólida oportunidad de réplica, por lo que de acuerdo al razonamiento planteado, el internamiento preventivo de un adolescente puede ser necesario para conseguir ese balance en los casos más graves.

La discusión sigue sobre la mesa y las implicaciones de esta decisión permearán de manera significativa en el actual sistema penal acusatorio, valdrá la pena analizar si la Corte actúo contrario a los derechos fundamentales de los adolescentes o si, por el contrario, procuró proteger en la mayor medida posible el interés superior del menor, pero sin descuidar los intereses y necesidades de una víctima que tiene una parte importante en este sistema penal acusatorio.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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