agosto 30, 2010

Un balance del caso matrimonio-adopción gay

La Suprema Corte de Justica, como se sabe, hace algunos días, después de varias sesiones de discusión, ratificó con una aplastante mayoría (nueve ministros contra dos) la constitucionalidad de las reformas a la legislación civil del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, la Corte determinó que este matrimonio es válido en cualquier otra entidad federativa y que puede participar, en las mismas condiciones que un matrimonio heterosexual, en el proceso legal correspondiente para adoptar niños.

La decisión propició que la opinión pública nacional voltease con especial atención a escudriñar la actuación de los ministros de la Corte, pero también aguijoneo el interés de la prensa internacional, al grado de que periódicos como The New York Times y El país registrasen puntualmente esta resolución y varios de los aspectos que giraron en torno a ésta. Esta enorme curiosidad no debe sorprendernos: el matrimonio gay es la última batalla de un largo conflicto entre conservadores y liberales, donde a lo largo de varias décadas se han enfrentando dos visiones del mundo diametralmente opuestas respecto nociones como libertad sexual, familia, interés superior del niño, entre otros. De ahí que en estos momentos en diversos países, sea en la arena legislativa, judicial o académica, se debata la posibilidad de permitir el matrimonio entre homosexuales: unos tratan de superar el último obstáculo hacia una plena igualdad, mientras que otros defienden la última barrera que detiene el ocaso de la sociedad.

Esto significa, entonces, que con esta decisión nuestra Suprema Corte se coloca en el bando progresista del debate y da un paso mayúsculo para abatir la discriminación que sufre la comunidad homosexual. Además de enviarle al país un mensaje por demás saludable y pedagógico: la sociedad mexicana no es uniforme; por el contrario, se define a partir de una diversidad de concepciones del mundo, preferencias religiosas, inclinaciones sexuales, modelos de familia… Y en tales términos está protegida por la Constitución.

Ahora bien, más allá de celebrar esta resolución por estos y otros motivos, también es necesario analizar otros aspectos que giraron alrededor de esta discusión, en aras de elaborar un balance mucho más completo de esta relevante decisión. Aquí, entonces, algunos apuntes.

-      Razones y argumentos. La opinión pública, por el momento, se ha limitado a registrar la decisión de este caso: es constitucional las reformas legales del Distrito Federal que permiten el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo. Falta, sin embargo, un elemento medular: las razones y argumentos definitivos que apuntalarán esta decisión. Si seguimos el procedimiento de decisión de la Suprema Corte, lo primero que tenemos es la discusión de los ministros que parte de un proyecto de resolución presentado por alguno de éstos (en este caso se trató del ministro Sergio Valls), luego viene la votación que define el sentido de la decisión del asunto en cuestión y, finalmente, corresponde la confección de lo que en la jerga jurisdiccional se conoce como engrose. Es decir, el texto definitivo de la sentencia donde la decisión se acompaña con sus correspondientes argumentos. En este caso en concreto, conocer estos razonamientos finales tiene enorme relevancia, toda vez que al resolverse con el apoyo de una mayoría de nueve votos, tanto la decisión adoptada como los argumentos se vuelven obligatorios para el resto de los órganos jurisdiccionales del país. Lo cual se volverá clave ante el escenario que se vislumbra: un abultado número de litigios derivados de los posibles conflictos que se susciten por las disímiles o contrarias definiciones de matrimonio en el resto de las entidades federativas, así como por temas de seguridad social. Por ello, el verdadero impacto (y relevancia) de esta decisión sólo podrá evaluarse una vez que conozcamos el dichoso engrose. Y bien haría la opinión pública de no olvidarse de este aspecto.

-      Derecho comparado. Uno de los primeros puntos que decidió la mayoría de los ministros, a partir del proyecto presentando por el ministro Sergio Valls, consistió en definir qué hacer con el estudio que éste presentó sobre legislaciones y sentencias de otros países que abordan el tema del matrimonio gay. La mayoría consideró que no era obligatorio ni útil para la Corte mexicana considerar soluciones jurídicas de otras latitudes y, por ello, determinó que este estudio no debía formar parte del documento final de la resolución. No es la primera vez que nuestra Corte ningunea las aportaciones argumentativas, persuasivas o de legitimidad que puede aportar el derecho comparado. Al contrario, se trata de un provincianismo judicial que arrastra desde hace lustros. Así, mientras otros tribunales del mundo han aprendido a aprovechar esta herramienta, nuestra Suprema Corte, como lo demuestra una vez más con este caso, sigue sin resolver una pregunta no menor: ¿Qué hacer con el derecho comparado?

-      Nivel de discusión. Algo que fue muy llamativo de este asunto fue que, contrario a lo que sucede en la mayoría de los casos que resuelve la Corte mexicana, el nivel de discusión fue bastante bueno. Es cierto: hubo diferentes posturas, lecturas y propuestas para entender y resolver el asunto. Sin embargo, la mayoría de los ministros ofrecieron posiciones sólidas, propias de un juez constitucional.  Es alentador que en esta ocasión gracias a Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Fernando Franco y Arturo Zaldívar se haya dado un muy buen peloteo de argumentos. Sin olvidar, claro está, a Sergio Valls quien, a pesar de no destacarse a lo largo de su carrera por ser un ministro muy agudo, presentó un buen proyecto de resolución. Esperemos que este nivel de debate no haya sido excepcional –fruto del azar o del enorme interés que despertó en la opinión pública este asunto-, y se convierta más bien en la dinámica característica de nuestro tribunal constitucional. Sólo alguien con una visión aldeana de las instituciones colegiadas puede desear que meramente un ministro destaque en las discusiones y que éste sea siempre el mismo.

-      Jueces mediáticos. Un comportamiento que empieza presentarse cada vez con más frecuencia entre algunos ministros, al momento de discutir asuntos de enorme atractivo para la opinión pública, consiste en lanzar sus participaciones durante los debates pensando en que tan atractivos serán para los medios de comunicación. No hay que olvidar que, contrario a lo que sucede en el resto de los tribunales constitucionales del mundo, en nuestra Suprema Corte las discusiones entre los ministros no sólo son públicas sino también mediáticas. Este diseño arroja una serie de beneficios en cuanto a transparencia, legitimidad y cultura judicial; pero también implica el riesgo de que los ministros cedan ante los coquetos de la lógica mediática. Aclaro: mi preocupación no reside en que los ministros utilicen un lenguaje mucho menos abigarrado y barroco, para apostar por uno mucho más accesible. Cualquier avance en este sentido debe aplaudirse. Me parece, sin embargo, que lo que estamos presenciando es algo diferente: se trata de ese pernicioso germen inherente a la dinámica contemporánea entre gobernantes y medios: la tentación de agradar a la audiencia, sea atrapando el titular del día siguiente o lanzando la frase idónea para twitter. La Corte es una arena privilegiada donde se deben debatir, a través de argumentos jurídicos expresados de manera sencilla y accesible, los valores de nuestra democracia. Pero no mediante frasecillas cursis y melosas.

-      ¿Pluralidad de opiniones? Entre los dos ministros que se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo, y demás temas que la Corte resolvió en este asunto, destacó la actuación del ministro Sergio Aguirre Anguiano. A lo largo de cada una de las sesiones hizo su mayor esfuerzo por convencer al resto de sus compañeros de que las reformas legislativas del Distrito Federal eran inconstitucionales. Su férrea oposición lo llevo a intentar varios recursos argumentativos y a ofrecer participaciones excesivamente largas. Ante esto, en redes sociales como twitter, por ejemplo, se mencionó que aunque no se estuviese de acuerdo con la posición de Anguiano, era positivo que hubiera pluralidad de opiniones al interior de la Suprema Corte y que los ministros fuesen congruentes. En esto último no es difícil estar de acuerdo: uno espera que en un tribunal constitucional haya diversidad ideológica y que los jueces se aten a sus votaciones y argumentaciones previas. La pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿Hay realmente argumentos jurídicos en las participaciones de Anguiano o, más bien, estamos frente una batería de prejuicios revestidos de latinajos? ¿Su actuación está marcada por la congruencia o por una antidemocrática terquedad que de antemano descarta las opiniones de sus colegas? Mi crítica no se dirige a descalificar a los jueces conservadores, pero si pensamos en la inteligencia y sagacidad del justice de la Corte Suprema estadounidense John Roberts, uno de los más conservadores en su historia, lo que tenemos aquí más bien es que el notario que un día despertó siendo juez constitucional se ha convertido en la caricatura de una caricatura. Y esa no es la pluralidad ni congruencia que debemos esperar en nuestra Suprema Corte.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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