El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará discutiendo la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 promovidas respectivamente por los partidos políticos MORENA y PRD en contra del decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1 de julio de 2008.

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Señalábamos previamente que, en virtud de dichas modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión, cuatro de los siete miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vieron prolongado el plazo de su cargo como magistrados electorales para el que habían sido elegidos.

A los juzgadores José Luis Vargas e Indalfer Infante González, quienes deberían dejar el cargo en 2019, se les amplió el plazo de 3 a 7 años, es decir, hasta el 2023; mientras que los otros dos, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, elegidos hasta el 2022, recibieron un aumento de 6 a 8 años, esto es, hasta el 2024.

Lo anterior, aun cuando ya habían sido elegidos por el Senado de la República y la Constitución determina explícitamente que el cargo de magistrado electoral es de carácter improrrogable. Como era de esperarse, ello suscitó críticas provenientes desde la oposición política, la academia y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron la falta de independencia del máximo tribunal electoral. En respuesta diversos partidos políticos presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ampliación de estos cargos ante la Suprema Corte.

El ministro Alfredo Gutiérrez, ministro ponente, elaboró el proyecto de resolución que propone declarar inconstitucionales las modificaciones que prolongaron injustificadamente el tiempo de duración de los magistrados electorales. Hasta ahora, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Morena y Javier Laynez Potisek ya se han manifestado en contra del mismo.1

A continuación, se presenta un resumen de los puntos principales de dicho proyecto, el cual estimamos que, de convertirse en sentencia, daría un revés a uno de los ejemplos más nítidos de vulneración a los principios de división de poderes, independencia judicial y supremacía constitucional de los últimos tiempos:

a) Violación al artículo 99 de la Constitución e invasión de competencias constitucionales

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz estima que el Congreso de la Unión trasgredió el procedimiento establecido en el artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución, consistente en que el Senado realice el nombramiento escalonado de los magistrados una vez conformadas las ternas por la SCJN. Esto debido a que en el decreto impugnado el Congreso se tomó la licencia para revocar y sustituir una decisión ya tomada por el órgano representativo correspondiente; lo que implica, a todas luces, una suplantación de competencias constitucionales.

b) Violación al carácter contra-mayoritario del Tribunal Electoral

Por otra parte, el proyecto señala que, a diferencia del procedimiento constitucional agravado donde se prevé que sea una mayoría calificada del Senado la que elija a cada uno de los magistrados electorales, la norma impugnada dio lugar a que los cuatro juzgadores electorales fueran elegidos en su periodo extendido por una mayoría relativa del Congreso –una prueba más de que el Senado fue excluido en la nueva asignación.

Si bien el proyecto considera que el Congreso sí tenía facultades para emitir la ley donde se estableciera el escalonamiento, dicho procedimiento ya había sido fijado y agotado anteriormente por la Corte y la Cámara de Senadores. En consecuencia, la participación unilateral del Congreso merma el blindaje que la propia Constitución había previsto para el máximo tribunal electoral.

c) Transgresión a los principios de división de poderes y justicia imparcial en su vertiente de independencia judicial, entre otros.

Tras un amplio estudio del parámetro constitucional (conformado principalmente por criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales) el proyecto estima que debe declararse inconstitucional el cambio normativo toda vez que “se introdujo justo el tipo de inestabilidad en las condiciones de los nombramientos, inamovilidad y estabilidad de los titulares de la función jurisdiccional que genera una vulneración a los principios de acceso a la justicia y división de poderes, en su vertiente de independencia judicial”.

d) Vulneración a las garantías mínimas de los juzgadores electorales

El ministro ponente también alerta del peligro que implicaría para las garantías mínimas de los juzgadores electorales inherentes al cargo, tales como la remuneración, la estabilidad en el cargo y certidumbre sobre la temporalidad de sus funciones. Si bien es verdad que en esta ocasión se trató de una prolongación de la duración en el cargo, no es menos cierto que esa prolongación no se sujetó al procedimiento constitucional previsto para los nombramientos de magistrados electorales y que, de quedarse como está, abriría la puerta a futuros cambios que afectarían la estabilidad e inamovilidad de los magistrados, dotando al legislador ordinario de un poder ilimitado.

e) Violación de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad

Uno de los aspectos más interesantes del análisis realizado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz es el relativo a los conceptos de violación denunciados por los partidos MORENA y PRD contra los artículos 14 y 16 de la Constitución, que a su vez son el fundamento de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.

De acuerdo con la teoría de los componentes sostenida por la SCJN en anteriores ocasiones —y citada en el proyecto que nos ocupa— al realizarse el nombramiento de los magistrados electorales, el decreto original seguía teniendo consecuencias sucesivas consistentes en que esos mandatos finalizarán en fechas diferenciadas: “dos, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; dos más, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós y, tres más, el treinta y uno de octubre dedos mil veinticinco”.

Lo anterior implica que, al momento de aplicarse retroactivamente la norma impugnada a los nombramientos de los magistrados, ésta incidió en situaciones jurídicas surgidas bajo la vigencia del decreto original lo que es, evidentemente, inconstitucional.2

f) Transgresión al escalonamiento en la designación de magistrados electorales.

Por último, el proyecto también sostiene —al igual que los partidos políticos promoventes— la inconstitucionalidad del escalonamiento establecido por la norma impugnada. El ministro ponente argumenta que, “si bien el Congreso contaba con las facultades para reglamentar el régimen transitorio de escalonamiento de la Sala Superior del TEPJF, éste contradice frontalmente la arquitectura pretendida por el Poder Constituyente para la integración de uno de sus órganos especializados de naturaleza jurisdiccional”.

El ministro ponente afirma que la modificación en la duración de los cuatros magistrados electorales afectados por la reforma a la LOPFJ trastoca la idea de conseguir experiencia y periodicidad en la Sala Superior, así como la armonización del escalonamiento con los procesos electorales federales y la renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); elementos que el poder revisor de la Constitución quería garantizar al modificar el artículo 99 de la misma.

Conclusiones

Como lo menciona el ministro Gutiérrez Ortiz Mena —al inicio del estudio de fondo—, este asunto es de la mayor trascendencia constitucional, pues se decide el futuro del órgano jurisdiccional más importante del sistema electoral mexicano. Las próximas elecciones presidenciales serán validadas por esta institución y en el ideario colectivo sus anteriores decisiones han presentado problemas de legitimidad y constitucionalidad.

No deja ser interesante que las acciones de inconstitucionalidad contra la norma impugnada hayan sido promovidas por la oposición política. Se presenta ante nosotros la oportunidad de presenciar la eficacia de las herramientas jurídicas que el sistema otorga a las minorías parlamentarias para cuestionar la constitucionalidad de las leyes emitidas por las mayorías. Nada podría ser mejor que enviar el mensaje a la oposición de que la justicia constitucional es independiente y, por lo tanto, imparcial.

Tampoco podemos obviar que la Suprema Corte tiene la posibilidad de reivindicar un procedimiento constitucional para elegir a los juzgadores electorales del cual formó parte y que otro poder (el Legislativo) se encargó de suplantar. ¿Qué decidirá el máximo tribunal de nuestro país? Ya lo veremos el día de hoy.

Iván Jair Estrada Acero. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez


1 Véase aquí “Ampliación del mandato en el TEPJF divide a Corte”.

2 Para para más información sobre la teoría de los componentes, véase “Retroactividad de las leyes. su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”.